La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Ofelia Ortiz Gil, señalada de captar a cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, con una falsa oferta de empleo como meseras y someterlas a explotación sexual en un establecimiento comercial de Villavicencio, Meta.
La investigación señala que las víctimas viajaron desde el departamento de Antioquia hacia la capital de Meta bajo la promesa de un trabajo en atención de mesas para un establecimiento comercial. Al llegar a Villavicencio, la mujer investigada presuntamente las recibió y les comunicó que debían prestar servicios sexuales en el local.
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Los hechos habrían ocurrido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024. Durante ese periodo, las cuatro mujeres habrían permanecido encerradas en el lugar y bajo control de Ortiz Gil, que les habría suministrado hospedaje.
De acuerdo con los elementos recaudados por la Fiscalía General de la Nación, la procesada fijaba los precios que las víctimas debían cobrar por bebidas alcohólicas y por los actos sexuales. Además, al parecer, definía sus horarios y restringía su posibilidad de salir del establecimiento.
La hipótesis de las autoridades indica que las mujeres fueron atraídas con información falsa sobre las condiciones de trabajo. La oferta inicial consistía en labores como meseras, pero una vez en Villavicencio habrían sido obligadas a desarrollar actividades distintas a las acordadas.
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El caso se conoció tras la alerta de la madre de una de las adolescentes. La mujer logró informar a las autoridades sobre la posible ubicación de su hija, lo que permitió iniciar las verificaciones y llegar al establecimiento donde permanecían las cuatro víctimas.
La intervención de las autoridades permitió rescatar a las cuatro mujeres, quienes se encontraban en el sitio señalado durante la investigación. Las diligencias también permitieron establecer que las víctimas presuntamente estaban bajo vigilancia permanente a través de cámaras de seguridad.
La Fiscalía indicó que el control sobre las mujeres incluía restricciones a sus movimientos y la obligación de quedarse en el lugar hasta altas horas de la noche. Según la investigación, solo podían retirarse cuando el último cliente abandonara el establecimiento.
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El proceso quedó en manos de un fiscal de la Seccional Meta, que imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado. La procesada no aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares. Una jueza de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. La decisión se mantendrá mientras avanza el proceso judicial y se recauda material probatorio sobre los hechos denunciados.
La imputación no equivale a una condena. Será la justicia la que determine, a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, si la mujer tiene responsabilidad penal en el presunto sometimiento de las víctimas.
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El delito de trata de personas contempla conductas relacionadas con captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación. En este caso, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del traslado desde Medellín, el funcionamiento del establecimiento comercial y la posible participación de otras personas.
La condición de vulnerabilidad de las víctimas, entre ellas varias menores de edad, es uno de los elementos que las autoridades tendrán en cuenta dentro de la investigación. También deberán precisar cómo se produjo el contacto inicial con las jóvenes y si existieron otras ofertas laborales similares.
La Fiscalía no informó si el establecimiento donde habrían ocurrido los hechos continuaba abierto ni si se adelantan investigaciones contra otros posibles implicados. Tampoco se conocieron detalles sobre el proceso de atención y restablecimiento de derechos para las adolescentes rescatadas.
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El expediente se centra en lo ocurrido durante los 12 días comprendidos entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024, cuando las cuatro mujeres habrían permanecido en el negocio bajo las condiciones descritas por los investigadores.
La medida de detención domiciliaria contra Ortiz Gil seguirá vigente mientras la Fiscalía avanza en la recolección de testimonios, revisa los registros de vigilancia y analiza los demás elementos que permitan determinar si la oferta de empleo fue utilizada para captar a las víctimas con fines de explotación sexual.
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