Francisco Barbosa denunciará presuntas 'chuzadas' de las que habría sido víctima durante el gobierno de Gustavo Petro: "Para que el tiempo no borre las huellas"

A raíz de las informaciones reveladas en la mañana del sábado 3 de octubre, en las que se indicaría que habría sido blanco de presuntas escuchas, seguimientos y búsquedas en bases de datos que habrían sido realizadas en su contra, el exfiscal general Francisco Barbosa anunció acciones legales para que se investiguen estas conductas delictivas.

Barbosa, en comunicación que allegó a Infobae Colombia y que compartió en sus redes sociales, confirmó que el lunes 5 de octubre acudirá ante el ente investigador frente a lo expuesto por Semana, publicación que, basada en el testimonio de una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), reveló aparentes interceptaciones adelantadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Barbosa afirmó que, de confirmarse los hechos, que se habrían registrado en el Gobierno de Gustavo Petro, se trataría de un ataque contra la independencia judicial. “Hablamos de usar el aparato de inteligencia del Estado para vigilar al fiscal General, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente”, sostuvo.

El exfuncionario aseguró que las presuntas acciones buscaban “intimidar y neutralizar a la justicia”. Y recordó que durante su gestión, la Fiscalía abrió investigaciones sobre Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, y Laura Sarabia, exfuncionaria: dos personas cercanas al Ejecutivo y que también fueron relacionadas en el citado artículo periodístico.

Exfiscal Barbosa pidió preservar registros de lo que serían las ‘chuzadas’ en su contra

Barbosa dijo que acudirá a la Fiscalía para denunciar a los que hayan ordenado, ejecutado, encubierto o recibido información derivada de las supuestas actividades ilegales, sin importar su jerarquía. También anticipó que recurrirá a las instancias competentes si las responsabilidades alcanzan a personas con fuero constitucional.

El exfiscal y exprecandidato presidencial confirmó que insistirá en que la investigación avance con rapidez. “Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales”, señaló Barbosa, que también pidió la preservación de otros elementos que puedan sustentar las verificaciones.

Según Barbosa, ninguna entidad administrativa o de inteligencia puede interceptar comunicaciones sin una orden judicial y citó el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia; con lo que expresó su preocupación por estas actividades que tendrían un origen ilegal.

A su vez, el exfiscal solicitará a la Uiaf y a la DNI que le entreguen las órdenes de trabajo, registros e información que existan sobre él. Además, reclamará que esos datos sean depurados y que se garantice la conservación de las pruebas. En su misiva, aprovechó para expresar su respaldo a la exvicefiscal general Martha Mancera.

Y es que, según la revelación del citado medio, Mancera también habría sido otra posible víctima de las prácticas denunciadas. “Las instituciones del Estado no pueden ser instrumento de persecución política. Quienes las usaron para ese fin deben responder ante la justicia”, afirmó Barbosa, que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.

Está por precisarse cuándo se habrían emitido las órdenes relacionadas con Barbosa, qué dependencia de la Uiaf las habría autorizado, qué bases de datos se consultaron ni si existió una orden judicial. Tampoco incluyó documentos que sustenten esos señalamientos ni respuestas de la Uiaf o de funcionarios del gobierno de Petro.

Las acusaciones sobre la Uiaf y otros organismos estatales que habrían adelantado interceptaciones ilegales

La versión recogida por Semana apunta a que la Uiaf habría impartido órdenes de trabajo para vigilar al entonces fiscal General. “A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa”, señaló una fuente que guardó su identidad.

Esa misma fuente afirmó que las verificaciones habrían alcanzado a Mancera, la segunda al mando en la Fiscalía General de la Nación. “A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, dijo la citada fuente al interior de la entidad, en relación con estas actividades ilegales contra los funcionarios judiciales.

Es preciso recordar que la Uiaf está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero opera bajo la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. De acuerdo con el relato citado, sus órdenes de trabajo y misiones especiales no tendrían control de legalidad ante un juez, lo cual se habría aprovechado para disponer de la capacidad para intervenir comunicaciones.

Las acusaciones incluyeron supuestos monitoreos contra exfuncionarios, expresidentes, militares retirados, dirigentes opositores y periodistas. Además de Barbosa y Mancera, tenían como objetivos la exprocuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba e incluso los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe.

Asimismo, también se destacaron nombres como el excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro; el exministro de Defensa (e), general Luis Fernando Navarro; el exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, las exsenadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y la periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila.

La auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia detectó fallas operativas, riesgos de filtración de información sensible, accesos no autorizados a datos y debilidades en los protocolos de seguridad digital. “La gestión tecnológica y de seguridad digital de la DNI requiere una transformación estructural total”, concluyó el análisis.

Del mismo modo, la auditoría también habría identificado cuestionamientos al uso de gastos reservados, entre ellos la compra de un sistema biométrico denominado ABIS que, según la denuncia, nunca funcionó. Además, se mencionó la adquisición de un dron por 9.000 millones de pesos que se accidentó en la zona del Catatumbo.