Proyecto de ley busca hacer obligatoria la transición entre gobiernos: “Sin empalme no hay posesión”

La senadora del Pacto Histórico Sandra Chindoy radicó un proyecto de ley que propone modificar la Ley 951 de 2005 para hacer obligatorio el proceso de empalme gubernamental entre los funcionarios salientes y entrantes de las entidades públicas.

La mencionada ley es la que fija “las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano”, y establece obligaciones cuando estos funcionarios se separan p finalicen su administració.

Incluso, determina la entrega de “un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones”.

Sin embargo, la iniciativa de la congresista plantea que los nuevos servidores públicos no puedan tomar posesión del cargo si no asisten al acto formal de entrega y recepción de los asuntos y recursos de la entidad, por ejemplo.

El objetivo, según el texto radicado en el Congreso, es que las administraciones entrantes “conozcan el estado real de cada dependencia, incluidos los recursos, procesos, obligaciones y asuntos pendientes”.

Por su parte, la senadora Chindoy comunicó en sus redes sociales que “SIN EMPALME, NO HAY POSESIÓN.(...) Lo público no puede manejarse a punta de improvisación ni de caprichos como lo hace ABELARDO. El Estado no empieza de cero cada vez que cambia un gobierno. Fue un desastre y un capricho de Abelardo no hacer empalme. Esperamos el respaldo del Congreso para que el empalme se convierta en una obligación (sic)”, dijo.

Los funcionarios entrantes tendrían obligaciones durante la transición

Uno de los objetivos de la propuesta de la congresista progresista es modificar el artículo 5 de la ley, que reza así: “Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 2, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate”.

El cambio propuesto por Chindoy es que no solo el servidor público saliente deberá entregar el informe de gestión y un acta administrativa sobre el estado de la entidad, sino que el documento deberá ser recibido, revisado y discutido por quien asuma el cargo.

La propuesta también indica que la revisión física de los asuntos y recursos entregados deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del acta, con el fin de establecer si existen irregularidades.

Además, los funcionarios salientes tendrían que informar la fecha, hora y lugar del acto formal de empalme con una anticipación mínima de cinco días.

La Procuraduría tendría cartas en el asunto

El articulado también propone incluir a la Procuraduría General de la Nación entre las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas sobre entrega y recepción de asuntos públicos, junto con la Contraloría General de la República y los demás órganos de control.

Incluso, se solicitó la adición de un párrafo en el artículo 15 de la ley, en la que se indique que si el funcionario entrante no acude al empalme, deba responder ante un organismo de control para alcrara su ausencia.

“Cuando el servidor público entrante se abstenga de asistir a la entrega formal del acta en los términos de esta ley, será requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de quince (15) días, contados a partir de la fecha de su designación, cumpla con esta obligación”, dice el radicado.

De persistir la omisión, el proyecto contempla una sanción disciplinaria y establece que la posesión no podrá realizarse hasta que el servidor cumpla con el proceso formal de empalme.

La iniciativa deberá iniciar su trámite en el Congreso, donde será discutida en las comisiones y plenarias antes de una eventual aprobación.