Plebiscito por la Paz en Colombia, 10 años después: las lecciones que dejó el triunfo del “no” al acuerdo de La Habana

La noche del 2 de octubre de 2016 dejó una imagen que aún atraviesa el debate público en Colombia. Tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc-EP, los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir si respaldaban el acuerdo alcanzado en La Habana, Cuba.

Contra los pronósticos que anticipaban el triunfo del “sí”, la opción “no” se impuso en el plebiscito por la paz por menos de 54.000 votos. El resultado alteró el curso inmediato de la negociación.

Según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el “no” obtuvo 6.431.376 votos, equivalentes al 50,21%, mientras que el “sí” reunió 6.377.482 sufragios, el 49,78%, en una jornada con participación cercana al 38% y afectada por las lluvias en zonas de la costa Caribe por cuenta del huracán Matthew.

Para esa elección, el umbral exigido para validar el mecanismo era de 4.536.992 votos por el “sí”, según la entidad electoral.

Tras el resultado, representantes de ambas campañas sostuvieron reuniones para discutir ajustes al texto. El Gobierno nacional retomó los contactos con los promotores del “no” y con las Farc, y el 24 de noviembre se suscribió el Nuevo Acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá. Días después, el Congreso lo refrendó y la Corte Constitucional habilitó el procedimiento legislativo especial conocido como fast track, que permitió tramitar normas para su implementación.

A una década de aquella votación, el resultado conserva peso en los debates sobre la implementación, la justicia transicional y la polarización política del país. Por ello, Infobae Colombia consultó a voces que defendieron el “sí” y el “no” para reconstruir sus recuerdos de esa jornada, su lectura de lo ocurrido después y las lecciones que, a su juicio, dejó el plebiscito.

La defensa del “sí”

El principal defensor del Acuerdo de Paz pactado en La Habana (Cuba) fue el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón.

En medio de su participación en el evento América Latina Lidera, realizado el 1° de octubre de 2026 en la Universidad El Rosario de Bogotá, compartió con los medios de comunicación su visión sobre el impacto y los desafíos que ha tenido el acuerdo, tras cumplirse una década de su inicio.

Inicialmente, el exmandatario sostuvo que el acuerdo continúa como una herramienta para atender problemas que persisten en el país, pero advirtió que la ejecución de lo pactado sigue incompleta. De igual manera, la continuidad de esa política debería convertirse en un punto de encuentro nacional.

“El proceso de paz ha sido un ejemplo para el mundo entero. Como lo dijo recientemente Naciones Unidas, este proceso de paz hay que continuar implementándolo (...) Yo personalmente creo que ahí está la solución a muchos de los problemas que el país todavía tiene”, indicó el exjefe de Estado en atención a la prensa nacional.

A su vez, Santos puso el foco en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que consideró una pieza central del sistema acordado, y que hoy está en la mira por los recortes presupuestales que podría tener la entidad para el 2027 en el Presupuesto General que será discutido y votado en el Congreso de la República.

Advirtió que los recortes pueden perjudicar a víctimas y comparecientes, y pidió acelerar el trabajo de esa jurisdicción para que cumpla su mandato antes de 2028, fecha límite prevista en su diseño. “Si se le recorta el presupuesto o se la deja sin recursos para operar, los que sufren son las víctimas, los comparecientes y los ciudadanos que creyeron en el proceso”, mencionó.

Santos también defendió el modelo de sanciones restaurativas frente a quienes reclaman penas de prisión ordinaria y rechazó las versiones que atribuyen un sesgo del sistema contra la fuerza pública.

“Como sucedió con la votación en el plebiscito, aquí se han generado muchos falsos testimonios, muchas mentiras que realmente no corresponden a la realidad. Aquí ha habido una justicia, se pactó para que fuera aplicada a los guerrilleros y a los agentes del Estado que cometieron crímenes de guerra y de esa manera, y creo que la JEP ha hecho eso”, puntualizó.

Otro de los actores principales de este acontecimiento fue Juan Fernando Cristo, que se desempeñaba como ministro del Interior en ese año. El exfuncionario, en diálogo con Infobae Colombia, enfatizó en que la derrota del “sí” fue evidente poco después del cierre de las mesas, cuando los primeros boletines revirtieron la ventaja inicial de esa campaña.

“Antes de las seis de la tarde teníamos conciencia en el Gobierno de que se había perdido por 40.000 o 50.000 votos. El presidente salió rápidamente a reconocer el triunfo del No y a plantear la posibilidad de renegociar el acuerdo”, indicó el exministro.

A pesar del resultado, Cristo destacó la decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos de someter el texto del acuerdo a las urnas, calificándola como “un acto democrático y responsable”.

El exministro atribuyó el resultado a una combinación de factores, entre ellos el clima en la costa Caribe, una campaña corta y mensajes falsos sobre el contenido del acuerdo. En su lectura, la discusión sobre una “ideología de género” tuvo efectos en sectores religiosos y el “sí” no reaccionó con suficiente fuerza.

“Para que el Sí perdiera tenían que pasar demasiadas cosas al tiempo, y sucedieron todas (...) de pronto nos faltó contundencia para responder la cantidad de mentiras que se dijeron alrededor del contenido del acuerdo”, aseguró.

Describió además el posterior proceso de renegociación en La Habana con los promotores del “no”, en el cual se lograron importantes ajustes en casi todos los puntos del documento, salvo en el debate central sobre la participación política de los líderes de la guerrilla involucrados en delitos graves.

“Hay que decirlo con franqueza, no se consiguió por razones electorales. Yo creo que el Centro Democrático calculó, desde su perspectiva, que era mejor para ellos política y electoralmente, pensando en las elecciones del Congreso y presidenciales del 2018, mantener esa división y no hacer un acuerdo que permitiera avanzar más rápidamente en la construcción de la paz”, explicó.

A diez años del evento, el exministro ofrece un balance agridulce sobre la implementación del acuerdo. Valora positivamente la apertura democrática, la alternancia política y la atención focalizada a los municipios más afectados mediante los PDET. Sin embargo, señala serias deudas del Estado en materia de sustitución de cultivos ilícitos y en la protección de los excombatientes asesinados.

“Más de 400 excombatientes que entregaron las armas y confiaron en el Estado han perdido sus vidas. Eso habla muy mal del cumplimiento del Estado”, lamentó.

Igualmente, resaltó que, pese a que no se obtuvo su resultado, la mayor lección del plebiscito fue la fortaleza de las instituciones y la capacidad de superar crisis mediante el diálogo político, aunque reconoció que la sociedad colombiana quedó “partida en dos”.

“Demostró una institucionalidad fuerte, un país que pudo superar esa coyuntura política, que era muy grave, mediante el diálogo”, sostuvo.

Finalmente, Cristo planteó que las críticas al acuerdo son legítimas dentro de la democracia, pero pidió considerar el escenario que habría enfrentado el país sin la desmovilización de las Farc. “¿Qué hubiera sido del país si no se hubieran desmovilizado y desarmado 13.000 excombatientes de las Farc?”, puntualizó.

La postura férrea del “no”

Paloma Valencia, exsenadora del Centro Democrático, relató que su sector recibió con sorpresa el resultado, pues las encuestas anticipaban una votación mucho menor para el “no”, y sumado a que, previo a la jornada electoral, se habían hecho modificaciones al umbral.

“Todas las encuestas decían que nosotros no íbamos a sacar más del 30 % de la votación si nos iba muy bien. Y fue un momento muy emocionante porque mostraba que los colombianos no queríamos ni impunidad ni premio para los violentos”, declaró la excongresista en diálogo con Infobae Colombia.

Incluso, recordó que, aunque la tendencia era favorable, su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, por medio de una llamada telefónica le pidió esperar hasta que hubiera certeza sobre el resultado.

Para la excandidata presidencial, la victoria del “no” reflejó que los colombianos deseaban la paz, pero rechazaban la impunidad y el otorgamiento de privilegios políticos a los grupos armados al margen de la ley.

Sin embargo, sostiene que sus advertencias planteadas sobre los acuerdos de La Habana terminaron cumpliéndose, señalando aspectos como el ingreso de excombatientes imputados por delitos de lesa humanidad al Congreso y las penas alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Ellos le dijeron a los colombianos que no es verdad, que no fuera a haber impunidad, que la JEP era una garantía de una justicia que iba a sancionar, que iba a juzgar y sancionar a los criminales (...) Y Colombia tuvo que ver durante ocho años a los criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso”, indicó.

Valencia sostuvo que el Centro Democrático defendía penas privativas de la libertad para responsables de delitos de lesa humanidad, restricciones a su participación política y la entrega de recursos de las Farc. Según dijo, esas propuestas no quedaron incorporadas en el texto que se firmó tras las conversaciones posteriores al plebiscito.

“No se acogió ninguna de las que nosotros planteamos. Estábamos convencidos de que un acuerdo mejor era posible y de que debía haber penas privativas de la libertad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad”, recalcó.

De otro lado, el abogado y exsenador José Obdulio Gaviria, también integrante del Centro Democrático, sostuvo que la campaña del “no” se desarrolló en un ambiente adverso y que, tras el resultado, exigía archivar el texto sometido a votación.

“Éramos nosotros contra el mundo, por lo tanto tener optimismo respecto a un resultado favorable era más bien falta de sentido de realidad. Pero nuestro mensaje caló”, rememoró el exparlamentario a este medio.

Sin embargo, acusó al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos de implementar, en sus palabras, mecanismos antidemocráticos como el fast track y modificaciones constitucionales para desconocer el resultado de las urnas e imponer la refrendación del acuerdo en el Congreso.

“Santos no es un hombre que juegue limpio. Santos incluso nos impuso cambios en la Constitución Política, cambió el umbral y además se inventó el fast track (...) lo único que tenían que hacer con el acuerdo era simplemente pasarlo al bote de la basura. Así debió haber sido”, declaró.

Al hacer su lectura de la década transcurrida, Gaviria insistió en que el problema principal del acuerdo fue la impunidad y criticó el funcionamiento de la justicia transicional.

“El acuerdo entre Santos e Iván Márquez, que así debe llamarse, era un acuerdo que justificaba 60 años de violencia criminal: secuestros, asesinatos, extorsiones, narcotráfico en grande, robo y sobre todo el reclutamiento y asesinato de niños”, remarcó.

A su vez, expresó su arrepentimiento por no haber asumido una postura más exigente desde el Centro Democrático tras el triunfo del “no”, criticando el proceso de renegociación posterior y el papel desempeñado por entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Yo acepté la decisión de mi partido de negociar; me hubiera puesto en una línea más dura, más exigente, frente a que se respetase la voluntad popular”, manifestó.

Por último, Gaviria afirmó que la lección fundamental dejada por el plebiscito de 2016 es la urgencia de defender con máxima firmeza la voluntad popular y los resultados electorales. “Nosotros claudicamos de cierta manera”, concluyó.