La Gobernación de Chocó anunció el refuerzo de la seguridad en la subregión del San Juan y la destinación de recursos para incorporar tecnología que permita detectar y neutralizar ataques con drones, después de los hostigamientos con explosivos registrados en tres municipios.
La decisión surgió tras un consejo extraordinario de seguridad convocado el jueves 1 de octubre de 2026 por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, con la participación de autoridades departamentales y municipales, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y organismos de seguridad.
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El encuentro se concentró en la situación de orden público en el sur del departamento, donde se reportaron ataques con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.
Nubia Córdoba afirmó que los hechos afectaron de forma directa a habitantes de la subregión del San Juan. Según expuso, se presentaron más de 33 ataques con explosivos transportados por drones contra los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró.
La mandataria sostuvo que las acciones no tuvieron como único objetivo a las instalaciones de la fuerza pública. “Estos ataques terroristas se han dirigido en contra de la población civil, en contra de las comunidades y de sus centros poblados”, manifestó en una comunicación oficial.
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La Gobernación destinará recursos para contratar sistemas contra drones
Una de las conclusiones del Consejo de Seguridad fue el uso de recursos del Fondo de Seguridad Territorial para adquirir mecanismos de respuesta ante la utilización de drones con explosivos. La Gobernación señaló que requiere asistencia técnica y respaldo del Gobierno nacional para avanzar en esa contratación.
La gobernadora explicó que las autoridades locales, departamentales y militares ya desplegaron acciones para aumentar la protección de los habitantes. El objetivo, indicó, es fortalecer las capacidades institucionales en los municipios expuestos a hostigamientos y reducir el riesgo para las comunidades cercanas a estaciones de Policía y bases militares.

“Hemos definido recursos de nuestro fondo de seguridad para poder contratar contramedidas”, afirmó Córdoba. La funcionaria añadió que el departamento necesita apoyo nacional para reforzar la respuesta frente a esta modalidad de ataque.
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El pedido incluye más capacidades operativas y tecnológicas para detectar, neutralizar o limitar el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos. La administración departamental también reclamó una mayor presencia de seguridad en el territorio, con especial atención en la subregión afectada.
La Gobernación relacionó la emergencia de seguridad con las dificultades que atraviesan los habitantes tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, y el posterior enjambre sísmico que afectó al departamento. Nubia Córdoba señaló que los pobladores enfrentan ahora el temor por los movimientos telúricos y por posibles ataques con drones.

Ejército, Policía y Fiscalía acordaron coordinar operaciones en los municipios afectados
La Séptima División del Ejército Nacional informó que la Brigada 15 acompañó la instalación del consejo extraordinario en la sede de la Gobernación del Chocó. En la reunión participaron representantes de la Armada de Colombia, la Policía del Departamento de Chocó, la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías de Nóvita, Condoto y Río Iró.
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De acuerdo con el Ejército, las instituciones analizaron la alteración del orden público y acordaron mecanismos de coordinación para desplegar capacidades en el territorio. La institución indicó que mantendrá las operaciones contra los grupos armados que operan en esa zona del departamento.
Asimismo, atribuyeron las acciones a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades mantienen las verificaciones e investigaciones para establecer las responsabilidades por cada uno de los hechos registrados.

“Continuaremos desplegando nuestras tropas y aunando esfuerzos con las administraciones departamentales y locales”, señaló el Ejército Nacional en su pronunciamiento. La entidad sostuvo que las acciones armadas vulneran los derechos de los habitantes y transgreden el Derecho Internacional Humanitario.
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