Iglesia pide corredores seguros para ayuda humanitaria tras ataques con drones en Chocó

La Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, pidieron garantizar condiciones de seguridad para el ingreso de ayuda humanitaria al sur del Chocó, tras una serie de ataques registrados en varios municipios del departamento, algunos de ellos con explosivos lanzados desde drones.

El pronunciamiento se concentra especialmente en la situación de las comunidades de Río Iró, Condoto y Nóvita, donde la Iglesia expresó preocupación por el impacto que la confrontación armada puede tener sobre la población civil.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el llamado se produjo después de que en el departamento se registraran tres ataques, algunos dirigidos contra instalaciones de la Fuerza Pública mediante artefactos explosivos transportados o lanzados desde aeronaves no tripuladas.

Las organizaciones religiosas alertaron que la extensión de las hostilidades hacia zonas habitadas puede poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, además de alterar su movilidad, sus actividades cotidianas y el acceso a servicios básicos.

Iglesia pide respeto por el Derecho Internacional Humanitario

La Conferencia Episcopal hizo un llamado a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, DIH, conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados y proteger, entre otros, a la población civil.

La Iglesia mencionó particularmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

También pidió que quienes participan en las hostilidades se abstengan de ejecutar acciones que puedan poner en riesgo a los habitantes o afectar bienes indispensables para su supervivencia.

Según las organizaciones, la continuidad de este tipo de hechos puede generar consecuencias humanitarias como confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades.

Por esa razón, solicitaron al Gobierno fortalecer las medidas de protección para las personas que permanecen en los territorios afectados y garantizar sus derechos.

El pronunciamiento pone especial atención en las dificultades que pueden enfrentar las comunidades cuando la confrontación limita el acceso de instituciones estatales, equipos sanitarios y organizaciones que prestan asistencia.

Piden garantizar entrada de misión médica y ayuda

La Conferencia Episcopal y Pastoral Social solicitaron que la Misión Médica, organizaciones humanitarias e instituciones eclesiales puedan ingresar de manera segura y oportuna a las zonas donde se requiera atención.

“La asistencia médica, alimentaria, psicosocial y de protección tiene una finalidad esencial: proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano”, señalaron las organizaciones.

El objetivo es que los hechos de violencia no impidan la atención de personas que necesiten servicios médicos, alimentos, acompañamiento psicosocial u otras formas de asistencia.

La Iglesia también indicó que continuará trabajando desde sus diócesis, parroquias y equipos de Pastoral Social para acompañar a las comunidades afectadas y participar en las acciones de respuesta humanitaria.

La preocupación se produce en medio de un escenario en el que el uso de drones acondicionados con explosivos ha incrementado los riesgos en diferentes zonas del país, aunque el pronunciamiento de las organizaciones religiosas se concentra específicamente en las consecuencias para las comunidades del sur del Chocó.

Por ahora, la Conferencia Episcopal insiste en que la población civil debe permanecer al margen de las hostilidades y que cualquier operación de los actores involucrados debe adoptar medidas para reducir los riesgos sobre las personas y sus bienes.

El llamado también busca asegurar que la situación de seguridad no termine aislando a las comunidades ni impidiendo la llegada de asistencia básica.

Las organizaciones religiosas reiteraron que el acceso humanitario debe mantenerse incluso durante la confrontación armada y que la protección de los habitantes debe ser una prioridad para las autoridades y para todos los actores presentes en el territorio.