Subsidio al diésel cuesta $9,5 billones al país y aumenta presión sobre las finanzas públicas

Mantener subsidiado el precio del ACPM en Colombia cuesta alrededor de $9,5 billones, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, una cifra que incrementa la presión sobre las finanzas públicas en momentos en que el Gobierno busca contener el gasto y enfrentar las dificultades fiscales del país.

El director del Observatorio Fiscal, Mauricio Salazar, explicó que el subsidio opera mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, mecanismo a través del cual Ecopetrol vende el combustible por debajo de su precio de referencia y posteriormente le cobra al Gobierno la diferencia.

“Esa cuenta asciende a 9,5 billones de pesos, esto es lo que nos cuesta a los colombianos subsidiar el ACPM hoy en día”, afirmó Salazar, según información publicada por Blu Radio.

La advertencia se conoce mientras el Gobierno decidió frenar el reciente aumento de la gasolina y el sector transportador mantiene su oposición a un incremento adicional en el precio del diésel.

Subsidio equivale a casi todo el presupuesto de Justicia

Para dimensionar el impacto fiscal, Salazar comparó el costo del subsidio con otros rubros del gasto público.

Según explicó, los $9,5 billones equivalen prácticamente al presupuesto destinado al sector Justicia y representan cerca de una octava parte de los recursos destinados a educación, que rondan los $80 billones.

“El sacrificio que estamos haciendo como sociedad al subsidiar el ACPM para transportadores es dejar de invertir en otro montón de actividades que se podrían hacer”, señaló.

El Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, reconoció además recientemente obligaciones pendientes del FEPC por $683.990 millones correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025.

De ese total, $573.108 millones corresponden a Ecopetrol y $110.882 millones a la Refinería de Cartagena.

El pago se realizó mediante Títulos de Tesorería, TES, es decir, utilizando deuda pública.

Salazar explicó que este tipo de obligaciones se ha cubierto principalmente con endeudamiento. Sin embargo, el proyecto de presupuesto de 2027 contempla utilizar recursos corrientes del Estado para pagar parte de esas cuentas.

El experto advirtió que cualquiera de las dos opciones implica destinar recursos públicos que podrían utilizarse en otros programas.

Ecopetrol también siente el impacto

El subsidio también tiene consecuencias sobre las finanzas de Ecopetrol, debido a que la empresa debe asumir temporalmente la diferencia entre el precio de referencia y el valor que pagan los consumidores mientras el Gobierno reconoce las obligaciones correspondientes.

Según Salazar, la compañía pasó de entregar cerca de $30 billones en dividendos a menos de $10 billones el año pasado.

El director del Observatorio Fiscal sostuvo que una de las razones está relacionada con los recursos que Ecopetrol debe utilizar para cubrir temporalmente la diferencia en el precio del combustible, en lugar de destinarlos a inversiones productivas.

El especialista también se refirió a los posibles efectos del subsidio sobre la inflación.

Recordó que en 2021, cuando estaban subsidiados tanto la gasolina como el ACPM, se produjo un alivio temporal en los precios, pero advirtió que esa política no necesariamente genera una reducción permanente de la inflación.

Además, financiar el esquema mediante deuda pública puede aumentar las presiones fiscales y trasladar costos hacia el futuro.

Desde el sector transportador, sin embargo, existe preocupación por cualquier retiro del subsidio.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, señaló durante el congreso del gremio que los costos de combustible, salarios y peajes ya representan aproximadamente 70 % de los gastos operativos del transporte de carga.

Según sus cifras, durante los últimos cuatro años el costo de los combustibles aumentó 25 %, los salarios 79 % y los peajes 40 %.

Por esa razón, el gremio sostiene que un nuevo incremento del diésel aumentaría la presión financiera sobre las empresas transportadoras.

El debate enfrenta así dos preocupaciones: el costo fiscal de mantener el subsidio y el efecto que tendría su reducción sobre los costos del transporte y, eventualmente, sobre otras actividades económicas.