Fiscalía pidió fallo condenatorio contra el empresario Carlos Solarte por el caso Odebrecht tras siete años de juicio

Después de siete años de juicio, la Fiscalía General de la Nación presentó el viernes 2 de octubre de 2026 sus alegatos de conclusión dentro del proceso penal contra el empresario Carlos Alberto Solarte Solarte, investigado por las irregularidades relacionadas con la adjudicación y ejecución del contrato para la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas, obra en la que participó el Consorcio Canoas, integrado por empresas vinculadas al grupo Solarte y Odebrecht.

Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que las pruebas documentales y testimoniales incorporadas al juicio permitieron, según la Fiscalía, establecer la responsabilidad penal de Solarte. Por esa razón, el ente acusador solicitó que se dicte un fallo condenatorio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El proceso está relacionado con el contrato 1115 de 2009, suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Consorcio Canoas, cuyo objeto era desarrollar el proyecto de interconexión entre el río Tunjuelo y la futura planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, en Soacha, Cundinamarca. El contrato tenía un valor inicial de $243.000 millones.

Fiscalía ubicó los hechos durante la administración de Samuel Moreno

En sus alegatos, el fiscal situó los hechos investigados durante el periodo en el que Samuel Moreno Rojas fue alcalde de Bogotá, entre 2008 y 2011. La Fiscalía señaló que el proceso de contratación se desarrolló en ese periodo y estuvo a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

“Debo precisar que los comportamientos objeto de acusación tuvieron ocurrencia en Bogotá Distrito Capital durante el mandato del alcalde Samuel Moreno Rojas, 2008-2011, a propósito de un proceso de contratación que se tramitó, celebró y ejecutó a instancias de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá”, manifestó el fiscal durante la audiencia.

El funcionario también relacionó el proceso con el contexto conocido como el “carrusel de la contratación”, estructura de corrupción investigada por el direccionamiento de contratos públicos durante esa administración. Según la exposición de la Fiscalía, en el juicio se conocieron testimonios sobre un esquema mediante el cual se buscaba direccionar contratos de diferentes entidades del Distrito, entre ellas el Acueducto.

De acuerdo con la acusación, Solarte habría tenido acceso a información reservada sobre los términos de la licitación, lo que le habría permitido preparar una propuesta ajustada a las condiciones requeridas para la adjudicación. La Fiscalía sostuvo además que el empresario habría intervenido en actuaciones relacionadas con funcionarios encargados del proceso contractual.

El expediente se refiere al manejo de un anticipo de aproximadamente $48.000 millones entregado después de la firma del contrato. Según la acusación, parte de esos recursos habría sido desviada y transferida a una corredora de bolsa. La Fiscalía indicó que $5.160 millones del anticipo habrían sido destinados al pago de dádivas.

En el expediente, según la información expuesta por el ente acusador, aparecen referencias a la entrega de cerca de $1.000 millones a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y a otros pagos destinados a funcionarios de la administración distrital.

El contrato Tunjuelo-Canoas y las pruebas presentadas en el juicio

La obra hacía parte del plan maestro de la EAAB para contribuir a la descontaminación del río Bogotá. El proyecto contemplaba la construcción de un túnel para transportar las aguas residuales desde el río Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento Canoas, localizada en Soacha, y posteriormente devolver las aguas tratadas a la cuenca del río Bogotá.

La Fiscalía sostuvo que, a partir de las pruebas debatidas durante el juicio oral, se alcanzó el estándar probatorio requerido para solicitar una condena. En su intervención, el fiscal afirmó: “Pruebas documentales y testimoniales presentadas, debatidas e incorporadas en el juicio oral, a partir de las cuales quedó demostrada, más allá de toda duda, la responsabilidad penal del acusado, circunstancia que permite consentir en que se cumple con el estándar probatorio definido por el legislador para dictar sentencia condenatoria acorde con el artículo 381 del estatuto procesal”.

La acusación también sostiene que las actuaciones atribuidas a Solarte afectaron los principios que rigen la contratación pública, entre ellos la transparencia, la responsabilidad, la selección objetiva y la economía. La Fiscalía formalizó la acusación en 2019 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El proceso contra Solarte se suma a otras actuaciones judiciales relacionadas con el contrato Tunjuelo-Canoas. Su hija, Paola Fernanda Solarte, fue condenada en 2019 a seis años y medio de prisión domiciliaria después de un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se modificó el delito de peculado por apropiación por abuso de confianza calificado.

Además, la Fiscalía ha adelantado actuaciones sobre bienes que atribuye al empresario. En 2023 fueron ocupados siete predios que, según el ente investigador, habrían sido adquiridos con recursos relacionados con las irregularidades del contrato. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedó encargada de administrar esos bienes.