El centro político cuestionó la “guerra cultural” promovida por Abelardo de la Espriella y pidió garantías para gremios, sindicatos y prensa

Un grupo de ciudadanos suscribió el Manifiesto 4 del Centro Político en el que plantea que la defensa de la Constitución debe ser una prioridad en las actuales circunstancias. El texto señala que sus firmantes consideran adecuados los valores constitucionales y las instituciones, con excepciones, y recuerda que la Constitución de 1991 fue expedida en un momento que califican como de gran convergencia nacional.

El documento aborda cuatro asuntos: la denominada “guerra cultural”, el ejercicio del poder presidencial, las relaciones con la prensa y la libertad de sindicatos y gremios. En el primer apartado, los firmantes se refieren al discurso de posesión de Abelardo de la Espriella y a su anuncio de una confrontación cultural desde una posición orientada a restaurar el orden moral, la autoridad, la familia tradicional y la centralidad de la religión en la vida pública.

Según el manifiesto, ese planteamiento se habría reflejado en decisiones como el retiro de una persona homosexual de un alto cargo, pese a sus credenciales profesionales, en acciones contra lo que el Gobierno identifica como “ideología de género” y en el uso de símbolos religiosos con fines políticos.

El cuestionamiento a la “guerra cultural”

El documento sostiene que “la guerra cultural es contraria a la Constitución” y cita disposiciones relacionadas con la diversidad cultural, la igualdad entre confesiones religiosas, la libertad de enseñanza, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad individual.

Los firmantes también expresan preocupación por el uso recurrente de la frase “Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales. El manifiesto recuerda que esa expresión fue utilizada como grito de guerra durante los enfrentamientos violentos entre partidos políticos en el siglo pasado y señala que ese antecedente no debería ser ignorado.

Los firmantes plantean además que determinados nombramientos ministeriales podrían estar relacionados con políticas destinadas a restringir los derechos de personas con orientaciones sexuales diversas, introducir criterios religiosos en la educación y promover en las aulas una determinada visión de la historia nacional.

En el segundo apartado, dedicado al ejercicio del poder presidencial, el centro político reconoce que el mandatario busca establecer una disciplina comunicacional para transmitir con claridad sus propósitos. Sin embargo, advierte sobre las consecuencias que, según los firmantes, podría tener la concentración de la comunicación gubernamental en el presidente.

El manifiesto recuerda que el presidente es la suprema autoridad administrativa, pero señala que el Gobierno está integrado conjuntamente por el jefe de Estado y los ministros.

Prensa, transparencia y acceso a la información

También destaca las funciones de estos últimos en su relación con el Congreso y con los medios de comunicación. De acuerdo con el documento, las restricciones impuestas a los ministros para participar en escenarios parlamentarios y responder a periodistas podrían dificultar las labores comunicacionales asociadas a esos cargos.

El texto advierte que la disciplina adoptada “puede conducir a un gobierno autoritario y unipersonal semejante a otros que le sirven al presidente De la Espriella de paradigma”.

En materia de medios de comunicación, el documento respalda la decisión gubernamental de reducir y despolitizar los medios estatales. Al mismo tiempo, recuerda que la libertad de prensa comprende tanto el derecho a informar como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna.

El manifiesto menciona dos situaciones que generan preocupación entre sus autores. La primera corresponde al cierre intempestivo de programas de opinión política en medios privados cuando existe, al mismo tiempo, una supuesta antipatía de funcionarios hacia determinados periodistas. En esas circunstancias, el texto señala que podría surgir la conclusión de que hubo censura gubernamental, incluso si esta no fue explícita.

La segunda situación está relacionada con la decisión de no realizar ruedas de prensa abiertas a diferentes medios. Según el documento, cuando el presidente u otros altos funcionarios seleccionan previamente a sus interlocutores, puede surgir la sospecha de que también se han acordado de antemano los temas y las preguntas que serán abordados.

La petición sobre los gremios y sindicatos

El cuarto capítulo está dedicado a la libertad de los sindicatos y los gremios. Los firmantes recuerdan que la Constitución establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del que emana el poder público” y señalan que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos de manera individual o mediante asociaciones.

El documento destaca que la Constitución de 1991 hizo referencia específica a gremios y sindicatos como formas de acción colectiva de trabajadores y empleadores para defender sus intereses. De acuerdo con el manifiesto, las garantías constitucionales exigen al Gobierno abstenerse de intervenir en su creación y funcionamiento.

En este punto, los autores aseguran que existen indicios para considerar que el Gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. Añaden que, si eso ocurriera, una estrategia semejante podría extenderse a las organizaciones sindicales. El texto sostiene que, bajo ese escenario, “unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir”.

El centro político también plantea una diferencia en el acceso al Gobierno entre grandes empresarios y pequeños y medianos empresarios. Según el manifiesto, los primeros suelen contar con mayores posibilidades de acceder directamente a las autoridades, mientras que esa opción sería más distante para los segundos. Por esa razón, el documento formula una petición concreta al Ejecutivo: “Nos parece indispensable que el gobierno haga explicita su posición sobre este debate crucial”.

Entre los firmantes aparecen estudiantes y jóvenes profesionales, e incluye a ciudadanos, académicos, profesores y columnistas como Alejandro Gaviria, Alejandro Reyes Posada, Cecilia López Montaño, Eduardo Lora, Eduardo Pizarro Leongómez, Humberto de la Calle, Jorge Iván González, José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Juan Mayr, Manuel Rodríguez Becerra, Mauricio García Villegas, Mauricio Pava Lugo, Pedro Medellín Torres y José Luis Ramírez, entre otros.