Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes avaluados en mas de $20.000 millones de investigados en el caso de corrupción de la Ungrd: de quiénes se trata

La Fiscalía General de la Nación colombiana afectó 25 bienes —19 inmuebles y seis sociedades— valorados en cerca de $20.000 millones que habrían pertenecido a figuras políticas y funcionarios señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la entidad responsable de atender emergencias y desastres naturales en Colombia.

La medida, adoptada el 1 de octubre de 2026, amplía el frente investigativo del macrocaso Ungrd más allá de los procesos penales: ahora el Estado busca despojar a los presuntos responsables de los activos que habrían acumulado gracias al desvío de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias. Los bienes están ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos del país.

El ente investigativo determinó que esos 25 activos estarían vinculados a seis personas señaladas en el caso: los exdirectivos de la Unidad para la gestión Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio —dependencia de la Delegada para las Finanzas Criminales— ejecutó distintos actos de investigación para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos implicados antes de solicitar las medidas cautelares. La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado apropiarse de bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa.

Las propiedades se distribuyen en Bogotá, Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto y Chachagüí (Nariño), Sopó y Tabio (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).

Sobre Name Vásquez recaen cuatro de los activos afectados: uno en Bogotá, otro en Juan de Acosta (Atlántico), uno en Villavicencio y otro en Sopó (Cundinamarca). Respecto a este último, la medida cautelar cubre exclusivamente el 33% de la propiedad que le correspondería al exsenador.

Los cuatro inmuebles ubicados en Montería habrían integrado el patrimonio del exrepresentante Calle Aguas. Olmedo López tiene vinculado un bien en Medellín; Sneyder Pinilla, uno en Sabana de Torres; y el exasesor Rodríguez Melo, un predio en Tabio.

El contratista López Rosero concentra el mayor número de activos individuales: siete bienes entre Pasto, Chachagüí y Cúcuta, entre los que figuran sociedades comerciales que, según la Fiscalía, habrían servido para adjudicarse contratos en la Ungrd y para dar tránsito a los dineros recibidos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército Nacional, ejecutan las diligencias de materialización de las medidas. Esas diligencias incluyen la suspensión del poder dispositivo —es decir, la prohibición de vender o gravar los bienes—, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de propiedades, haberes y negocios.

Qué es el escándalo de la UNGRD

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos y desvío de recursos públicos destinados a atender emergencias en Colombia.

El episodio más conocido es la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, operación que presentó presuntos sobrecostos y fallas en los vehículos. La investigación se amplió a otros contratos y convenios que, según la Fiscalía, habrían servido para beneficiar a empresarios y financiar pagos ilegales.

Entre los principales involucrados figuran los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de contratistas, exfuncionarios y dirigentes políticos. López y Pinilla han aportado información a la justicia sobre el supuesto funcionamiento de la red.

La Fiscalía también investiga a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes enfrentan procesos por la presunta recepción de sobornos relacionados con el impulso de iniciativas legislativas del Gobierno. Ellos han negado los señalamientos.

Como actualización, el 1 de octubre de 2026 la Fiscalía informó medidas cautelares sobre 25 bienes, entre inmuebles y sociedades, vinculados con seis investigados. El valor preliminar de los activos supera los $20 mil millones. La medida alcanza bienes asociados a López, Pinilla, Name, Calle, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.