Estados Unidos y Colombia formalizaron el miércoles 30 de septiembre un memorando de entendimiento para crear una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional dentro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La iniciativa estará acreditada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que el nuevo mecanismo busca ampliar la capacidad investigativa conjunta de ambos países y profundizar la cooperación operativa contra la delincuencia organizada transnacional. La unidad tendrá como uno de sus focos las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes.
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A través de sus redes sociales, la representación diplomática también señaló que la alianza permitirá fortalecer las acciones contra el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal, el lavado de activos, la trata de personas y el narcotráfico.
“Un paso más en la lucha contra el crimen organizado transnacional! Entre Estados Unidos y Colombia. Con la firma de este memorando de entendimiento entre nuestra agencia Homeland Security Investigations y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, reforzamos nuestra alianza para combatir con mayor firmeza el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal, el lavado de activos, la trata de personas y el narcotráfico. Juntos hacemos una región más segura para nuestros dos países”, destacó la embajada en su cuenta de X.
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Nueva unidad ampliará cooperación entre ambos países
De acuerdo con el comunicado de la embajada, HSI ya cuenta con una unidad acreditada junto a la Policía Nacional de Colombia. La creación de una segunda unidad, esta vez dentro del CTI, permitirá extender la cooperación investigativa estadounidense con otra de las principales instituciones encargadas de investigación criminal en el país.
La representación diplomática explicó que esta estructura busca fortalecer la capacidad de ambos países para abordar amenazas criminales complejas desde diferentes frentes, incluyendo aquellas relacionadas con redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
Durante la ceremonia de firma participaron representantes de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, HSI y la Embajada de Estados Unidos.
El ministro consejero interino estadounidense, Michael Schreuder, destacó el alcance de la cooperación entre las dos naciones. “Estas redes no respetan fronteras. Explotan a personas vulnerables, movilizan bienes ilícitos, lavan ganancias criminales y socavan la seguridad en toda la region. Enfrentar este desafío requiere alianzas confiables, capacidades compartidas y acción coordinada. Eso es exactamente lo que representa el acuerdo de hoy”, señaló el funcionario.
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El comunicado añadió que el memorando se sustenta en años de cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley, a partir de objetivos comunes en materia de seguridad y justicia.
Un acuerdo que coincide con la estrategia de seguridad de De La Espriella
La creación de la unidad se produce mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mantiene una política de ofensiva de la fuerza pública contra organizaciones criminales y economías ilegales. El mandatario ha señalado que su administración utilizará las capacidades del Estado para enfrentar estructuras vinculadas con narcotráfico, minería ilegal y otras actividades delictivas.
“De frente, sin miedo y con toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó De la Espriella al referirse a la estrategia de seguridad de su Gobierno. También sostuvo que no permitirá que las organizaciones criminales ejerzan control territorial.
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En ese contexto, el mandatario ha reportado resultados operacionales de la fuerza pública en distintas regiones del país. En uno de los balances divulgados recientemente, informó sobre 47 capturas en Norte de Santander, Nariño y Magdalena, además de la incautación de 5.000 estopines en Ipiales y la destrucción de 21 dragas utilizadas en actividades de minería ilegal, según el reporte entregado por el Gobierno.
La Presidencia ha señalado que estas operaciones hacen parte de una política orientada a recuperar el control territorial y garantizar el cumplimiento de la ley. “Lo dije y lo estoy cumpliendo: no voy a permitir que las mafias, los narcoterroristas y las estructuras criminales sigan imponiendo su ley en Colombia”, enfatizó el jefe de Estado.
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