El Ejército Nacional neutralizó un atentado que, según las autoridades, iba a ser ejecutado por una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la fuerza pública en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
La operación, informada el 30 de septiembre de 2026, permitió localizar y destruir en forma controlada cuatro pimpinas con material explosivo en un costado de la vía que comunica a la capital departamental con el corregimiento Carmen de Tonchalá.
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La institución castrense detalló que el hallazgo se produjo durante acciones del denominado Plan Blindaje, una estrategia con la que las autoridades buscan reforzar la seguridad en Cúcuta y sus áreas rurales. El procedimiento estuvo a cargo de unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar) de la Segunda División, con apoyo de la Policía Nacional.
De acuerdo con el reporte oficial, el material pertenecía presuntamente al Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, una estructura que las Fuerzas Militares vinculan con el ELN.
Los recipientes estaban ocultos a un costado de la carretera que conduce desde Cúcuta hacia Carmen de Tonchalá. Cada pimpina tenía capacidad para cinco galones y contenía una sustancia que fue sometida a revisión por parte del personal especializado del Ejército.
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Tras asegurar el sector, los técnicos del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EOD) verificaron el contenido y determinaron que se trataba de material explosivo de alto poder de destrucción, según la Segunda División. La institución no informó si las pimpinas estaban conectadas a un mecanismo de activación ni precisó el peso total de la carga.
Información preliminar conocida por las autoridades indicó que el explosivo correspondía a una mezcla de Anfo y aserrín. El Anfo es un compuesto empleado en artefactos explosivos improvisados. Según esa versión, el aserrín habría sido utilizado para reducir el riesgo de una reacción por las altas temperaturas mientras el material permanecía oculto.
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Las autoridades señalaron, además, que integrantes de la estructura armada ya coordinaban el retiro del explosivo de la zona cuando se produjo su ubicación. Ese dato hace parte de las labores de inteligencia que continúan en el sector para establecer quiénes participaron en la instalación y cuál era el objetivo específico de la acción.
La operación incluyó el registro del área, la verificación de los recipientes y la destrucción controlada de la carga. El Ejército indicó que el procedimiento siguió los protocolos técnicos para evitar afectaciones a los habitantes de las zonas cercanas y a quienes transitan por la carretera.
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La intervención también buscó preservar la movilidad en ese eje vial, utilizado por comunidades rurales que se desplazan entre Cúcuta y Carmen de Tonchalá. La institución castrense afirmó que la destrucción del material impidió que fuera empleado contra civiles, uniformados o infraestructura de la región.
El Ejército pidió a los ciudadanos informar sobre movimientos sospechosos, presencia de grupos armados o elementos que puedan representar un riesgo. Para ello, recordó las líneas 107 y 147, habilitadas para recibir alertas que permitan prevenir ataques terroristas.
Otra operación permitió destruir 13 minas antipersonal en Norte de Santander
El hallazgo en la vía hacia Carmen de Tonchalá ocurrió en medio de otras operaciones contra estructuras del ELN en Norte de Santander. El 26 de septiembre se conoció que, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira localizaron un depósito ilegal en la vereda Mónoga, en límites entre Labateca y Toledo.
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Según las Fuerzas Militares, el material estaba atribuido a la comisión Martha Cecilia Pabón del ELN. En ese lugar fueron ubicados 13 artefactos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, dos radios con cargadores, 200 metros de cable dúplex y dos rollos de cable que podían ser utilizados para activar los dispositivos.
El equipo de explosivos aseguró el área y destruyó los artefactos de forma controlada. Las autoridades recordaron que las minas antipersonal están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a su carácter indiscriminado y al riesgo que pueden representar para las comunidades aun después de su instalación.
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