El Estado se une contra la corrupción: estos son los puntos claves de la firma del Acuerdo por la Transparencia

El Congreso de la República, el Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara Restrepo, los órganos de control del Estado y las entidades que congregan a los gobiernos territoriales de Colombia firmaron el martes 29 de septiembre de 2026 el Acuerdo Institucional por la Transparencia, un pacto nacional orientado a combatir la corrupción, proteger los fondos públicos y abrir los canales de acceso a la información oficial.

La firma del convenio interinstitucional se llevó a cabo en las instalaciones del Capitolio Nacional en Bogotá, al coincidir con el desarrollo de la Semana de Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información.

La iniciativa fue impulsada y liderada por el presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, con el objetivo de estructurar una estrategia coordinada entre las distintas ramas del poder público para prevenir el desvío de recursos estatales.

El acuerdo formal contó con las firmas de las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, la representación del Ministerio del Interior en vocería del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se adhirieron las dirigencias de la Asociación de Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.

Durante su discurso protocolario ante los voceros de las entidades del Estado, el presidente de la corporación legislativa enfatizó que este pacto responde a las demandas ciudadanas para detener las irregularidades en la administración pública.

“Estamos ante una suma de voluntades por Colombia. Este Acuerdo es producto del consenso institucional encaminado a resolver las preocupaciones de la gente frente a los hechos de corrupción que todos rechazamos y que no pueden normalizarse. Una tercera parte de los colombianos considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país, y esa realidad nos exige brindar resultados concretos”, sostuvo el presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez.

Las 11 medidas del nuevo acuerdo por la transparencia

La hoja de ruta fijada por las instituciones abarca 11 compromisos fundamentales enfocados en elevar los estándares de vigilancia fiscal y administrativa en la ejecución presupuestal del país. Entre las disposiciones acordadas destaca la obligación de realizar una publicación proactiva de datos abiertos relacionados con los contratos y licitaciones públicas.

De igual manera, la estrategia contempla la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar la trazabilidad en tiempo real del dinero del erario, así como el fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas que permitan detectar y frenar sobrecostos o inconsistencias presupuestales antes de que los contratos sean liquidados.

En materia de protección a los denunciantes, las entidades firmantes establecieron la creación de mecanismos directos que aseguren la confidencialidad y reserva de identidad para los ciudadanos y servidores públicos que reporten conductas corruptas en las instituciones estatales.

El documento contempla además programas de formación continua en ética pública para funcionarios, el impulso permanente a las veedurías comunitarias y la conformación de una Mesa Técnica de Seguimiento que sesionará de manera obligatoria mínimo dos veces al año y rendirá informes públicos de gestión.

Procuraduría reforzará vigilancia sobre transparencia y control disciplinario

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, destacó en el Congreso de la República que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para fortalecer la democracia y permitir que los ciudadanos vigilen la gestión estatal.

Eljach señaló que la lucha contra la corrupción requiere coordinación entre las instituciones y resaltó la importancia de garantizar la trazabilidad de los recursos, desde su aprobación hasta su ejecución y control. Como parte del acuerdo, la Procuraduría asumió compromisos relacionados con la vigilancia de la Ley de Transparencia, el ejercicio disciplinario con respeto al debido proceso, el fortalecimiento de su función preventiva y la aplicación de estándares de control dentro de la propia entidad.

El procurador afirmó que el cumplimiento del acuerdo deberá reflejarse en resultados que puedan ser consultados y verificados por los ciudadanos: “Mis votos son porque este documento no termine en un archivo, sino en la vida cotidiana de la Administración Pública”.

Congreso anuncia fichas pedagógicas para explicar las leyes

Respecto al principio de publicidad y veeduría sobre las decisiones del Gobierno nacional, el senador Henríquez reiteró que el acceso a los expedientes institucionales constituye un derecho fundamental de los ciudadanos.

“¿Qué buscamos? Que se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos. La información no le pertenece a una institución, le pertenece a todos los ciudadanos”, puntualizó el presidente de la corporación.

Durante esta jornada institucional, el presidente del Congreso anunció la implementación de un plan de divulgación para democratizar el conocimiento legislativo a través de fichas pedagógicas en lenguaje sencillo para cada proyecto de ley aprobado, permitiendo que la población entienda sus alcances, deberes y beneficios sin barreras técnicas.

“Tenemos una convicción clara: seguir construyendo un Congreso más cercano, verdaderamente al servicio de los ciudadanos y del país, una casa de puertas abiertas a los compatriotas”, agregó el legislador.

La jornada concluyó con el compromiso de potenciar las capacidades del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) como un puente entre la academia, el Congreso y las regiones para afianzar la confianza institucional en todo el territorio nacional.