Aumentar la edad de las mujeres para pensionarse, propone el presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Deberían tener la misma edad que los hombres”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, propuso abrir en Colombia una discusión sobre elevar la edad de jubilación e igualar los requisitos para mujeres y hombres, ante una combinación de mayor longevidad, baja natalidad e informalidad laboral que presiona la financiación de las pensiones.

La propuesta no modifica las condiciones vigentes ni constituye una decisión de la Corte Suprema. La edad general para acceder a la pensión de vejez continúa en 57 años para las mujeres y en 62 años para los hombres.

El último cambio ocurrió en 2014, cuando entró en vigencia una modificación prevista por la Ley 797 de 2003. Hasta entonces, las edades eran de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

Lenis planteó que retrasar el momento en que el sistema comienza a pagar la mesada podría aliviar las presiones financieras sin necesidad de elevar las semanas exigidas ni el porcentaje de cotización de los trabajadores. El magistrado reconoció que se trata de una medida que puede generar rechazo ciudadano.

“El aumento de la expectativa de vida aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad”, afirmó durante una entrevista con Blu Radio.

Una edad común y el impacto sobre las mesadas

La diferencia de edad entre hombres y mujeres fue otro de los puntos puestos sobre la mesa. Para el presidente del alto tribunal, la equiparación debe discutirse desde una perspectiva de equidad, aunque el análisis debe incluir las desigualdades laborales y las responsabilidades de cuidado que recaen principalmente sobre las mujeres.

“Para avanzar en la equidad, las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, manifestó Lenis.

El magistrado señaló que requisitos diferenciados de edad y semanas de cotización pueden incidir en el valor de las mesadas. Las trayectorias laborales más cortas o interrumpidas reducen los aportes acumulados y pueden derivar en ingresos inferiores durante la vejez.

La reforma pensional contempla reducciones de semanas de cotización para las madres por cada hijo. Lenis sostuvo que esas garantías deben ir acompañadas de recursos suficientes para no trasladar una carga adicional a las finanzas públicas.

El magistrado también advirtió que exigir más semanas puede alejar la posibilidad de pensionarse para quienes tienen empleos inestables, mientras que aumentar los aportes afecta de forma directa los ingresos de los trabajadores. Por eso, propuso que cualquier modificación sea discutida con la ciudadanía y evaluada por sus efectos sociales y económicos.

La informalidad y el desafío de financiar la vejez

La continuidad de las cotizaciones depende de las condiciones del mercado laboral, según expuso Lenis durante el encuentro Justicia y Ciudadanía en Cúcuta. En esa ciudad, la informalidad alcanza el 62,9%, frente a un promedio nacional de 54,6%, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística citadas por el magistrado.

Ese nivel de informalidad implica que más de seis de cada diez trabajadores de la región obtienen ingresos por fuera de redes formales de protección social. Aunque trabajadores independientes y microempresarios pueden realizar aportes, estos suelen ser ocasionales e irregulares.

Lenis propuso que la cotización a la seguridad social se relacione con el ciudadano y no solamente con una relación laboral convencional. La idea busca evitar que una persona quede por fuera del sistema cada vez que cambia de empleo, actividad, empleador o modalidad de contratación.

“El propósito contemporáneo no debe ser únicamente restaurar la relación laboral estable del pasado, sino garantizar algo más fundamental: una cotización estable, incluso cuando las ocupaciones, los empleadores, las jornadas y las fuentes de ingreso cambien”, expresó.

El presidente de la Corte Suprema mencionó las microtareas, las jornadas fragmentadas, los encargos ocasionales y las actividades virtuales como formas de trabajo que generan valor económico, pero que no siempre se ajustan a las categorías tradicionales de empleo.

También planteó fortalecer la productividad empresarial, simplificar trámites, facilitar el acceso al crédito y acelerar la transformación digital de los micronegocios.

La reducción de la natalidad y el envejecimiento poblacional agravan el panorama: habrá menos trabajadores en edad de cotizar frente a una mayor cantidad de pensionados y de personas que podrían requerir subsidios estatales de subsistencia. Esa dinámica también incrementará la demanda de servicios de cuidado y la necesidad de reconocer el trabajo doméstico no remunerado.

Lenis advirtió que las cotizaciones de los trabajadores podrían no alcanzar para cubrir las obligaciones futuras del sistema público y los regímenes vigentes. Por ello, sugirió analizar fuentes complementarias de financiación, incluidos recursos tributarios destinados específicamente al pago de pensiones.

“Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema”, afirmó el magistrado, quien propuso diversificar las fuentes de recaudo y adaptar las reglas laborales a las plataformas digitales, el trabajo independiente y otras modalidades informales.