Las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedaron en el centro de tres comunicaciones enviadas a instancias internacionales, luego de que abogados y organizaciones de derechos humanos advirtieran riesgos para la independencia y la sostenibilidad financiera de esa justicia especial.
Según documentos conocidos por Caracol Radio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) llegaron tres cartas de representantes de las víctimas acreditadas relacionadas con el recorte presupuestal previsto para la JEP en 2027 y con iniciativas legislativas que, según los remitentes, podrían afectar su funcionamiento.
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Las solicitudes buscan que los organismos internacionales intervengan dentro de sus facultades para conocer el alcance de las decisiones presupuestales y legislativas en Colombia.
Una de ellas pide medidas cautelares para víctimas y participantes de los procesos de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), mientras otra solicita información al Estado colombiano y una tercera comunica los hechos a la Fiscalía de la CPI.
El documento dirigido a la secretaria ejecutiva de la Cidh, Tania Reneaum Panszi, fue fechado en Bogotá el 26 de septiembre de 2026. La comunicación solicita medidas cautelares en favor de las víctimas acreditadas y de quienes participan en procedimientos ante la JEP y la Ubpd.
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El texto vincula la petición con dos asuntos. El primero es la reducción presupuestal proyectada para ambas entidades en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 y las propuestas debatidas en el Congreso.
El segundo corresponde al trámite del proyecto de acto legislativo 04 de 2026 en el Senado. Según la referencia de la carta, esa iniciativa plantea una revisión automática de las sentencias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública a cargo de la Jurisdicción Penal Militar.
La segunda comunicación conocida por Caracol Radio está firmada por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iresodh) y tiene fecha del 25 de septiembre de 2026.
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En esta oportunidad, la organización no formula una solicitud de medidas cautelares. Pide que la Cidh solicite información al Estado colombiano sobre las iniciativas legislativas que, a su juicio, afectarían a la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión o CIDH) requiera información al Estado de Colombia, en ejercicio de las facultades del artículo 41 de la Convención Americana, sobre iniciativas legislativas que afectan a la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala la carta.
El Iresodh se dirigió a los comisionados y comisionadas de la Cidh para pedir que el organismo active ese requerimiento de información. La organización presentó el pedido como una actuación vinculada con la situación de la JEP.
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Colectivos de abogados llevaron el caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
La tercera carta fue enviada a la Oficina del Fiscal de la CPI en La Haya, Países Bajos. Está dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang.
La comunicación se presentó como un envío de información dentro del Acuerdo de Cooperación del 28 de octubre de 2021 y alude al seguimiento posterior al cierre del examen preliminar sobre Colombia.
El documento fue remitido por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Corporación Jurídica Yira Castro, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y otras organizaciones.
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En la primera página, los remitentes señalan que su objetivo es poner en conocimiento de la Fiscalía hechos recientes que, según su análisis, comprometerían la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la JEP.
El grupo sostiene que esas circunstancias configurarían un incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado colombiano en el acuerdo suscrito con la Fiscalía de la CPI.
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