Así habría sido el supuesto plan de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella con $3.000 millones

Una serie de conversaciones que conoció Noticias RCN expuso detalles de un supuesto plan atribuido a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, para alterar el orden público durante la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 en Cali.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por el medio, la estructura armada habría enviado $3.000 millones para financiar marchas campesinas, bloqueos viales y otras acciones de presión.

La alerta se centraba en un propósito concreto: frenar la entrega del jefe criminal a la justicia de Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. “Araña” fue extraditado después de que el Gobierno de De la Espriella reactivó solicitudes que habían permanecido suspendidas durante la anterior administración.

Según la información publicada, el dinero habría llegado a Cali ocho días antes de la posesión. Uno de los chats advertía: “Los Comandos de Frontera llevaron 3.000 millones de pesos a Cali para sabotear la posesión del presidente”. El mismo mensaje señalaba que los recursos serían destinados a financiar movilizaciones campesinas contra el nuevo Gobierno.

El dinero habría financiado marchas y un paro en tres departamentos

Los reportes de inteligencia, citados por el medio, mencionan movilizaciones previstas en Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. El plan incluía, según los chats, el abastecimiento de combustible y alimentos para sostener un paro cívico de gran escala, con bloqueos de carreteras y restricciones al tránsito de vehículos.

En una de las conversaciones que divulgó el medio en mención se planteó que la condición para levantar las protestas sería detener la extradición de “Araña”. “Están ordenando aprovisionarse de combustible y comida en Putumayo y Nariño porque van a hacer un paro cívico grande en los dos departamentos para bloquear vías, carros, etcétera”, dice el mensaje divulgado por el noticiero.

La información señala que la presión territorial habría tenido como propósito convertir la situación de orden público en un mecanismo de negociación con el Gobierno. El presunto plan contemplaba acciones en zonas donde los Comandos de Frontera mantienen influencia armada y control sobre corredores vinculados al narcotráfico.

El expediente de inteligencia también hace referencia a un supuesto intermediario político, cuya identidad permanece bajo reserva para no afectar las investigaciones. Esa persona habría tenido la tarea de recibir los recursos, coordinar las movilizaciones y mantener contacto con quienes organizarían las protestas.

Otro de los chats conocidos por Noticias RCN sostiene que “él envió los $3.000 millones por orden de ‘Araña’ y ‘Popeye’”. El mensaje identifica a alias Darío o Popeye como uno de los presuntos articuladores de la operación. Además, atribuye al intermediario la coordinación de la marcha campesina y de un supuesto atentado contra el entonces presidente electo.

La extradición fue el eje de la presión atribuida a los Comandos de Frontera

El caso adquirió relevancia tras la extradición de Walter Patricio Rojas, conocido como alias Araña. El líder de los Comandos de Frontera había sido capturado en Bogotá en febrero de 2025, tras una solicitud de arresto emitida por autoridades estadounidenses.

La Corte Suprema de Justicia avaló su extradición en octubre de 2025. Sin embargo, el trámite quedó suspendido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, debido a que Rojas había sido designado como delegado en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El presidente De la Espriella firmó la extradición el 26 de agosto de 2026, junto con la de otros cuatro cabecillas cuyas entregas habían recibido aval judicial en 2025, pero seguían aplazadas por los procesos de diálogo.

Posteriormente, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá y trasladado a San Diego bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

La Fiscalía federal de Estados Unidos sostiene que no existen medidas de libertad que garanticen la comparecencia de Rojas ante la justicia ni la seguridad de la comunidad. En un escrito presentado el 25 de septiembre, solicitó que permanezca detenido mientras avanza el proceso.

Rojas enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en San Diego

La acusación formal contra Rojas fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de California. Los fiscales le atribuyen dos cargos que, por separado, activan la presunción legal de detención: uno por narcotráfico, con una pena mínima de 10 años de prisión, y otro por narcoterrorismo, cuya condena mínima es de 20 años. Ambos delitos pueden derivar en cadena perpetua.

Según la Fiscalía estadounidense, “Araña” integró las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y salió de la cárcel de Cómbita en 2016 para vincularse al proceso de paz. Después habría creado los Comandos de Frontera, una estructura que ocupó territorios abandonados tras la desmovilización de esa guerrilla en zonas limítrofes con Ecuador y Perú.

Los investigadores estadounidenses afirman que el grupo llegó a tener cerca de 1.000 combatientes y que controló rutas de producción y tráfico de cocaína desde Putumayo hacia Estados Unidos. La acusación también relaciona a Rojas con la Segunda Marquetalia.