ONU pide esclarecer muerte de Donovan Balanta tras procedimiento policial: “La seguridad de una persona detenida recae en el Estado”

La muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, ocurrida después de un procedimiento policial en el sur de Bogotá, quedó bajo investigación mientras su familia y organizaciones afrodescendientes reclaman esclarecer lo ocurrido.

El caso motivó un pronunciamiento de la ONU Derechos Humanos de Colombia, que pidió una investigación exhaustiva y la aplicación de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

Recordó que la responsabilidad sobre la vida e integridad de una persona bajo custodia corresponde al Estado. “Con profunda preocupación recibimos la información sobre la muerte en custodia policial de Donovan Balanta, una persona afrodescendiente, de 34 años”, señaló la entidad a través de X, al referirse al caso registrado el domingo 20 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar y Soacha, luego de que uniformados de la Policía de Soacha acudieran para atender una riña. Videos y testimonios sobre el procedimiento muestran que Balanta habría sido sometido a golpes y a varias descargas eléctricas con taser en plena vía pública.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Estación de Policía Cazucá para adelantar las diligencias correspondientes. Allí presentó “dolores en el pecho”, y fue llevado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha. Su fallecimiento se produjo alrededor de las 7:30 p. m. Ante lo ocurrido, la Policía Nacional separó del cargo a siete uniformados que participaron en el procedimiento previo a la muerte de Balanta.

La ONU Derechos Humanos citó la Observación General N.º 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pidió aplicar los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego por parte de los uniformados: “La seguridad de una persona detenida recae en el Estado y este es responsable de garantizar su vida e integridad personal”.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea llevado ante la justicia ordinaria: “Exhortamos a las autoridades en el caso de Donavan Balanta a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.

Mientras avanza la investigación, el reclamo de la familia llegó el viernes 25 de septiembre hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Fontibón. Allí se realizó un plantón que comenzó después de las 9:00 a. m. y reunió a decenas de allegados, pese a la lluvia.

María José Pizarro también hizo un llamado a la justicia

Los manifestantes, en su mayoría integrantes de la comunidad afrodescendiente, exigieron que la muerte de Balanta no quede impune y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. La movilización estuvo acompañada por la exsenadora y militante del Pacto Histórico María José Pizarro.

Pizarro aseguró en sus redes sociales que la comunidad le manifestó que no había recibido el acompañamiento necesario y denunció una presunta falta de presencia del CTI en Caracolí.

“Estamos aquí exigiendo justicia, una investigación diligente y eficaz. Nos dice la comunidad que aún no han recibido el acompañamiento necesario, que inclusive la policía de investigación, el CTI, no ha hecho presencia en Caracolí y están en riesgo las pruebas que podrían determinar las responsabilidades y por qué se dio este uso desproporcionado de la fuerza, este abuso en contra de la vida de un joven de 34 años en manos de la policía”, afirmó Pizarro.

La excongresista agregó: “Así que seguiremos acompañando a la familia, a las organizaciones en su exigencia de justicia. Pero los jóvenes negros de este país, los jóvenes pobres de este país, no pueden seguir siendo señalados y de manera impune asesinados. La impunidad no puede seguir reinando en nuestro país”.