Las jóvenes colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, conocidas en el país en octubre de 2025 luego de su participación en la flotilla Global Sumud que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria, se ganaron más que la admiración del expresidente Gustavo Petro.
De hecho, en la página de contratación pública del Estado (Secop), aparecen dos contratos que les fueron otorgadas a las jóvenes con vencimiento hasta diciembre de 2026.
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Bedoya y Barreto fueron vinculadas con el Fondo Rotatorio de Cancillería para trabajar como enlaces con comunidades indígenas en municipios fronterizos. Cada una obtuvo un contrato superior a 45 millones de pesos, con tareas asignadas en departamentos distintos y pagos mensuales durante el año.
El contrato a nombre de Bedoya dispone que prestará apoyo a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza en municipios limítrofes del departamento del Chocó, mientras que el de Barreto contempla la misma labor en municipios fronterizos de Guainía y Vichada.
Las obligaciones específicas no se limitan a la interlocución con pueblos indígenas. Los dos documentos ordenan acompañar e impulsar espacios de participación territorial promovidos por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza.
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Los contratos incluyen el acompañamiento a actividades de socialización de programas y proyectos de la dirección en los departamentos asignados. Asimismo, prevén la organización logística de las reuniones que defina la supervisión contractual.
Bedoya y Barreto podrán participar en encuentros internos, interinstitucionales, con comunidades o con países vecinos, siempre que medie delegación del supervisor. El clausulado también establece que deberán realizar los desplazamientos nacionales requeridos para cumplir el objeto contractual.
Además, el Fondo Rotatorio de la Cancillería les abrió la oportunidad de hacer desplazamientos a otros lugares del país cuando exista una designación y aprobación previa del supervisor.
En esas circunstancias, la entidad asumirá los viáticos y demás gastos de desplazamiento que se originen por el cumplimiento del objeto contractual. La entidad también podrá reconocer tiquetes aéreos en clase económica cuando las necesidades del servicio lo requieran.
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Ambos acuerdos tienen un valor de 45.053.772 pesos y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La remuneración mensual prevista para esas labores es de 3.754.481 pesos.
“Hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.053.772) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a los que haya lugar”, señala el contrato.
Manuela Bedoya Jaramillo también fue contratada por la misma dependencia de la Cancillería. Su función consiste en servir de enlace con pueblos indígenas situados en municipios fronterizos del departamento del Chocó.
La retención en la flotilla derivó en respaldo oficial y condecoraciones
El 1 de octubre de 2025, las autoridades israelíes retuvieron a Bedoya y Barreto cuando viajaban en una flotilla que pretendía llegar a Gaza con ayuda humanitaria.
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El expresidente Gustavo Petro fue una de las primeras figuras políticas colombianas que se pronunció en respaldo de las jóvenes. El entonces jefe de Estado exigió su liberación y cuestionó a Israel, una postura que ya había adoptado en otros momentos de su administración.
Después de ese episodio, el exmandatario se reunió con ambas en Bruselas, Bélgica, mientras cumplía una agenda internacional. Más tarde, las dos regresaron a Colombia a bordo del avión presidencial.
En diciembre de 2025, el mandatario las condecoró con la Orden de Boyacá, en el grado de Caballero. La distinción reconoció su intento de trasladar ayuda humanitaria a Gaza.
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El reconocimiento estatal incluyó la asignación acelerada de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Esa determinación despertó cuestionamientos de sectores políticos y del sindicato de la entidad.
Las críticas se centraron en la disponibilidad de recursos para personas que solicitan protección en distintas regiones del país. La controversia se instaló antes de que se conocieran los contratos en la Cancillería.
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