Rector de la Universidad Nacional demandó a la institución que dirige: espera recibir casi 2 mil millones de pesos

El rector de la Universidad Nacional de Colombia , sede Bogotá, solicitó en mayo de 2026 una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para reclamar más de $1.900.000.000 a la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la universidad estatal, por el período en que no pudo ejercer el cargo tras su elección, entre junio de 2024 y febrero de 2026. El pedido surgió mientras la institución educativa enfrenta un déficit fiscal de $1,5 billones y problemas de infraestructura acumulados durante tres décadas.

El 22 de marzo de 2025, casi dos meses después de asumir la rectoría, Peña había descrito la situación financiera y crediticia de la universidad en una entrevista con El Tiempo. “Es una cifra muy alta. Pero es que son 30 años de atraso en muchas materias, sobre todo en infraestructuras. Tenemos edificios que se cayeron”, afirmó en ese entonces.

La reclamación presentada por el rector incluye $1.096 millones salarios no percibidos durante el período en disputa. También exige $175.000.000 por perjuicios morales para sus dos hijos menores de edad y su esposa, Beatriz Helena Díaz.

El petitorio incorpora el pago total de los honorarios de sus abogados, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la decisión en dos medios de circulación nacional y el retiro inmediato de grafitis en contra de Peña dentro del campus universitario.

La conciliación fallida y el camino hacia una demanda

La Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos convocó la audiencia de conciliación, que se realizó el 17 de julio de 2026 sin que las partes alcanzaran un acuerdo. El Ministerio Público declaró fallida la diligencia por la falta de voluntad conciliatoria.

“El trámite se realizó y se declaró fallido ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir ánimo conciliatorio entre las partes”, señala el reporte del proceso conocido por Revista Raya.

Esta falta de acuerdo habilitaría a Peña a iniciar una demanda administrativa contra la misma universidad que dirige. Para presentar ese tipo de acción, primero debía agotarse la instancia de conciliación extrajudicial.

La existencia de la solicitud se conoció el 20 de agosto de 2026, cuando la Universidad Nacional respondió un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara Heiner de Jesús Gaitán. La respuesta expuso que el rector había pedido autorización para avanzar con el pago de la indemnización.

El Comité de Conciliación y la ausencia de debate en el CSU

Antes de la audiencia, el Comité de Conciliación de la Universidad Nacional trató el caso sin que el Consejo Superior Universitario (CSU), debatiera oficialmente la reclamación. La comisiòn estaba integrada por funcionarios subordinados de Peña: la vicerrectora general, el gerente financiero, la directora jurídica, la asesora de gerencia y el secretario técnico.

Los integrantes se declararon impedidos para intervenir, pero no remitieron esos impedimentos al CSU, que debía resolverlos como superior jerárquico. Esa omisión habría evitado que el máximo órgano de dirección de la universidad conociera las pretensiones del rector antes de la diligencia ante la Procuraduría.

Uno de los delegados del CSU pidió al secretario técnico del Comité de Conciliación, Mauricio Ríos, que aclarara si esos funcionarios podían tomar decisiones en representación de la universidad. Ríos respondió que el proceso extrajudicial había concluido con la decisión del organismo del Ministerio Público y que “la finalidad que perseguía el trámite de impedimentos dejó de existir”.

Varios miembros del CSU cuestionaron que el asunto se hubiera gestionado sin discusión. Una fuente del consejo consultada por Revista Raya sostuvo que la administración mantuvo ocultos los motivos y alcances de la reclamación.

“Ha sido muy grave porque la información ha sido muy oculta por parte de la administración. Al CSU nunca se le dió a conocer los motivos y pretensiones del caso. La comunidad universitaria no tiene certeza de cómo va ese proceso. Es como si lo estuvieran haciendo debajo de cuerda, pues cuando queremos visibilizar y poner en evidencia la situación, pues básicamente se cierra la posibilidad de acceder a la información”, explicó el informante.

Conforme a lo expuesto por fuentes de la entidad educativa, los impedimentos de los subordinados del rector evitaron que el CSU evaluara la solicitud antes de que se agotara la conciliación.

“Él no puede poner una demanda sin haber agotado la conciliación. Entonces, el Comité de Conciliación interno, que está ligado a Peña, pues ocupan cargos que son designados por él y son sus subalternos, se declaran impedidos y así evitan que el CSU conozca las pretensiones del rector. Y ahora tenga vía libre para interponer la demanda. Lo poco que pudimos conocer dice que Peña argumentó la vulneración del derecho al trabajo, lo cual es contradictorio, pues él jamás fue apartado de su función como docente, ni se le cortó su labor académica en la universidad”.