A la cárcel acosador serial que había creado más de 500 perfiles falsos para intimidar a más de 21 personas en redes sociales: enviaba mensaje amenazantes con contenido sexual a sus víctimas

Daniel Felipe Duque Duque fue capturado en Envigado, Antioquia, como presunto responsable de una campaña de acoso digital contra 21 personas —20 mujeres y un hombre— en Sabaneta y Envigado.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo la orden de captura tras recopilar elementos materiales probatorios que lo vinculan con la creación de centenares de perfiles falsos en redes sociales y el uso de múltiples líneas telefónicas para hostigar a integrantes de una comunidad educativa y a psicólogas. Una de las víctimas aseguró que fue contactada desde más de 500 cuentas distintas.

Según la investigación, los mensajes incluían injurias, contenido sexual, expresiones de violencia de género y amenazas de muerte. La conducta también habría incluido suplantación de identidad, llamadas nocturnas y divulgación no consentida de datos personales.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el procedimiento en un inmueble de Envigado. Durante el allanamiento incautaron teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos.

La Fiscalía identificó tres modalidades. La primera consistía en crear cuentas falsas para enviar mensajes sexuales y amenazantes a las víctimas. La segunda incluía la suplantación de estas personas ante familiares y conocidos, con publicaciones difamatorias que las relacionaban falsamente con delitos.

En la tercera modalidad, el detenido habría divulgado los números telefónicos de algunas afectadas para agregarlas, sin autorización, a grupos de mensajería donde circulaba material sexual. A partir de ello, varias comenzaron a recibir mensajes de acoso desde otros países.

Uno de los casos involucra a un menor de edad. El joven habría sido hostigado desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información sobre reuniones y fiestas. Otras víctimas reportaron llamadas durante la noche y la madrugada, además de fotografías de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

Una fiscal de la Seccional Medellín imputó a Duque Duque los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Durante la diligencia, parte del relato se dedicó a relatar que las amenazas presuntamente era dirigidas en su mayoría a mujeres de una comunidad educativa.

“Pues nótese que, parte de las conductas consistían en afirmaciones hacia las víctimas que les iba a difundir las imágenes en páginas de pornografía, igualmente difundir las imágenes con inteligencia artificial para mostrarlas desnudas, entre otras tantas conductas en donde, pues promovía el odio y la difamación y vilipendiaba a las víctimas, o las víctimas eran vilipendiadas por parte de hombres. Las víctimas afirman que él las incluía en grupos de WhatsApp de contenido sexual y pornográfico, en donde divulgaba sus números de contacto e imágenes.

En cuanto a las amenazas, queda claro para la Fiscalía General de la Nación, como se expuso en la enunciación fáctica de las denuncias, que las mismas iban dirigidas a una persona, a una mujer, a varias mujeres, amigas o conocidas entre sí y con el componente que la mayoría habrían pertenecido al colegio. Sin embargo, también se, se vinculaban amigas de estas amigas y esa era la red hacia la cual se dirigían esas amenazas".

La judicialización de este hombre y la exposición del caso pone bajo escrutinio una presunta dinámica de violencia digital con efectos en la privacidad, la seguridad y el entorno social de las víctimas, que se va agudizando. Los elementos recolectados durante la investigación serán clave para establecer el alcance de los hechos y la responsabilidad penal del procesado.