Asofondos pidió aplazar la reforma pensional y advirtió por tres obstáculos para su entrada en vigor: “No estamos listos”

La entrada en funcionamiento del nuevo sistema pensional quedó nuevamente en el centro del debate luego de que Asofondos planteara la necesidad de aplazar su implementación. El pronunciamiento se produjo durante el Investor Conference 2026 de Credicorp Capital, en un momento en el que distintas entidades han presentado solicitudes y observaciones relacionadas con las condiciones necesarias para ejecutar la reforma.

La Corte Constitucional estableció que las disposiciones de la reforma pensional que fueron declaradas exequibles entren en vigor el 1 de abril de 2027, mientras que los artículos que fueron devueltos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de procedimiento tendrán una fecha de aplicación que dependerá de ese trámite.

En ese contexto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que existen tres asuntos que deben ser revisados: la preparación de Colpensiones, las condiciones que requiere el Banco de la República para cumplir las funciones que le asignó la reforma y la disponibilidad de recursos fiscales para financiar el nuevo esquema.

Velasco señaló que el gremio de las administradoras privadas estaría dispuesto a acompañar ante la Corte Constitucional la solicitud presentada por Colpensiones para modificar el calendario de implementación.

La entidad pública pidió trasladar la fecha del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028, al considerar que necesita más tiempo para completar los procesos tecnológicos, operativos, financieros e institucionales requeridos.

Colpensiones, uno de los puntos centrales de la discusión

La situación de Colpensiones constituye uno de los principales elementos mencionados por Asofondos. La entidad tendrá un papel fundamental dentro del nuevo modelo, entre otras razones, por la administración de los aportes correspondientes al componente público establecido por la reforma.

Colpensiones comunicó a la Corte que no estaría en condiciones de iniciar la operación en la fecha actualmente establecida, por lo que la solicitud de la entidad contempla un año adicional para completar la preparación necesaria y reducir los riesgos asociados con una transición que involucra modificaciones tecnológicas y operativas de gran alcance.

Entre las dificultades identificadas por Colpensiones aparecen la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado de afiliados hacia el nuevo esquema. La entidad ha señalado que la ampliación del plazo permitiría avanzar en estos procesos antes de asumir las nuevas obligaciones derivadas de la reforma.

Velasco explicó que las administradoras privadas han podido continuar con sus preparativos y aseguró que estas estarían listas para cumplir las funciones que les corresponden. Sin embargo, señaló que la operación integral requiere que Colpensiones pueda responder a los procesos del nuevo sistema de manera automatizada. “Sin Colpensiones va a ser muy difícil operar un sistema”, afirmó el presidente de Asofondos, al referirse a la importancia de que la entidad pública cuente con la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento el modelo.

La Corte Constitucional, en su sentencia C-264 de 2026, también reconoció que la implementación requiere actuaciones preparatorias por parte de Colpensiones, el Banco de la República, las AFP y los demás participantes del sistema.

Banco de la República debe preparar el fondo de ahorro

El segundo aspecto planteado por Asofondos está relacionado con el Banco de la República. El Emisor deberá adelantar inversiones y adecuaciones para cumplir las funciones que le corresponden en la creación y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo contemplado en la reforma.

Según las cifras presentadas por Velasco, ese fondo podría alcanzar en algún momento recursos equivalentes a aproximadamente 15% del Producto Interno Bruto, lo que representaría cerca de $300 billones. La magnitud de esos recursos implica, de acuerdo con el dirigente gremial, que el Banco debe contar previamente con claridad sobre las condiciones bajo las cuales deberá desarrollar sus nuevas responsabilidades.

“Eso significa que dichas inversiones se van a demorar al menos hasta que haya claridad en el frente de la fecha de vigencia del nuevo sistema”, expresó Velasco.

La preocupación se relaciona, por tanto, con el calendario de implementación. Mientras la fecha continúe sujeta a solicitudes de modificación y a las decisiones de las autoridades competentes, el Banco de la República deberá definir el momento y las condiciones para realizar las inversiones necesarias para poner en funcionamiento el fondo.

La Corte determinó que el 1 de abril de 2027 constituye la fecha de entrada en vigencia para las disposiciones del sistema que fueron declaradas exequibles. Al mismo tiempo, advirtió que los artículos devueltos al Congreso para su subsanación podrían entrar en vigor posteriormente, dependiendo del resultado del trámite legislativo y de la decisión que adopte nuevamente el tribunal.

El componente fiscal también está en discusión

El tercer frente corresponde al Ministerio de Hacienda. La cartera presentó ante la Corte Constitucional un incidente de impacto fiscal relacionado con las consecuencias presupuestales de la implementación de la reforma.

De acuerdo con las cifras expuestas por Asofondos, el Presupuesto General de la Nación no contemplaría todos los recursos necesarios para atender las obligaciones derivadas de la puesta en marcha del nuevo sistema. Velasco señaló que existiría un faltante cercano a $5 billones para cubrir las contribuciones correspondientes al pilar contributivo.

El dirigente también hizo referencia al costo actual de las pensiones administradas por Colpensiones. Según sus cifras, durante este año estas obligaciones alcanzan aproximadamente $80 billones, de los cuales unos $40 billones provienen del Presupuesto y otros $40 billones corresponden a deuda.

Asofondos sostiene que estos elementos deben ser considerados antes de definir una implementación definitiva. “Nosotros estamos listos, pero sin esos tres actores (Colpensiones, Minhacienda y Emisor) tenemos que ponernos serios y considerar la necesidad de posponer una vez más la entrada en vigor”, afirmó Velasco.

El debate planteado por el gremio también incluye los efectos fiscales de largo plazo. Velasco sostuvo que, durante los primeros años, el ahorro acumulado en las nuevas Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual y en el fondo de ahorro del pilar contributivo podría compensar los recursos que actualmente acumulan las AFP.

Sin embargo, señaló que posteriormente el costo de los beneficios contemplados en el nuevo modelo podría modificar ese comportamiento frente al escenario que habría resultado de mantener las reglas de la Ley 100. En su exposición, calculó además que el pasivo pensional podría pasar de alrededor de 100% a 200% del PIB en el largo plazo.

El presidente de Asofondos también se refirió a la cobertura pensional y al papel del ahorro dentro del sistema. “El ahorro nacional no puede disminuir”, manifestó, al plantear que las modificaciones al régimen deberían considerar simultáneamente el aumento de la cobertura, las condiciones de equidad y el impacto fiscal sobre las futuras generaciones.

Sobre este último punto, Velasco agregó: “La inequidad del sistema de pensiones en Colombia es peor que la que existe en la repartición de la tierra en el país. Eso es un hecho documentado por el investigador Diego Zamora, lo que ratifica la necesidad de un mejor sistema pensional y podemos construirlo”.

La discusión sobre un eventual aplazamiento queda así vinculada a las solicitudes presentadas ante la Corte Constitucional y a los procesos que deben adelantar las entidades encargadas de implementar el nuevo esquema.