Este sería el texto de la reforma constitucional que acabaría con la JEP para 2028: será presentado en el Congreso

El senador Enrique Gómez propone que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) concluya sus funciones en 2028 mediante una reforma al Acto Legislativo 01 de 2017. El proyecto fija para la JEP un “término improrrogable de 10 años”, contado desde la entrada efectiva en funcionamiento de todas sus salas y secciones.

La iniciativa plantea modificar el artículo transitorio 15, que regula el inicio de operaciones y el plazo de actuación de esa jurisdicción creada tras el Acuerdo de Paz 2016. El texto mantiene que la JEP funciona desde la aprobación del acto legislativo, sin requerir otra norma para su puesta en marcha.

El acto legislativo que impulsa el senador Gómez pretende que el periodo de la JEP sea improrrogable por 10 años y que en los cinco años posteriores sea la justicia ordinaria la encargada de aplicar las sentencias a los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz.

“El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP. El plazo para recibir informes por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las conductas será de 2 años desde que se haya constituido la totalidad de las salas y secciones de la JEP y podrá prorrogarse por la misma Sala hasta completar un periodo máximo de 3 años, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser moderadamente extendido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas”, puntualiza la propuesta.

Otro aspecto que contempla está orientada a que la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias pueda constituirse sin límite de tiempo cuando sea necesaria. Esa instancia tendría la función de preservar la aplicación de las decisiones adoptadas por la jurisdicción.

Para la recepción de informes, Gómez establece un plazo de dos años desde la conformación total de las salas y secciones. La Sala de Reconocimiento podría ampliarlo hasta un máximo de tres años, salvo una causa excepcional debidamente motivada que permita una extensión moderada.

Carolina Corcho respondió a la propuesta de Enrique Gómez de desmontar la JEP

La senadora del Pacto Histórico y exministra de Salud, Carolina Corcho, respondió a través de una publicación en X y sostuvo que el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 fija 2028 como límite para terminar las acusaciones, no como fecha de clausura total de las salas. La norma prevé otros cinco años de actividad jurisdiccional después de esa etapa.

“Nadie se victimiza”, escribió Corcho. La senadora añadió que la discusión presupuestal en el Congreso corresponde a 2027, cuando, de acuerdo con su planteo, las dependencias de la JEP continuarán en funcionamiento.

“Senador, aquí nadie se victimiza: hay 300.000 víctimas acreditadas en los macro casos de la JEP. Las salas no terminan en 2028. El artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 fija ese plazo para concluir las acusaciones y le da a la JEP cinco años más de actividad jurisdiccional: usted presenta como un hecho en medios lo que es desconocimiento del sistema de justicia transicional que pretenden asfixiar presupuestamente”, expuso en X.

Las salas emitieron 1.019 de las 1.070 renuncias a la persecución penal concedidas por la jurisdicción. Del total, el 95% benefició a integrantes de la fuerza pública.

Corcho afirmó que el cierre de esas instancias afectaría a militares que se sometieron a la JEP y aportaron información sobre los hechos investigados. “Desmontarlas no le quita peso a la impunidad; les cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, para que resuelvan su situación jurídica y sigan vulnerables en procesos en tribunales internacionales por las obligaciones del Estado Colombiano”, afirmó.

La senadora añadió que esos comparecientes quedarían expuestos a procesos ante tribunales internacionales por las obligaciones del Estado colombiano.