El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso recortar $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz en el Presupuesto General de la Nación de 2027, una reducción que busca ajustar el gasto ante las restricciones fiscales y redistribuir recursos hacia la Rama Judicial, el deporte y otros sectores.
La ponencia para el primer debate fija un presupuesto total de $634,9 billones y fue construida el martes tras reuniones entre el Ejecutivo y varias bancadas del Congreso.
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El documento supera las 300 páginas y será discutido por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
La disminución prevista para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se divide entre $30.000 millones menos para gastos de funcionamiento y $140.000 millones menos en inversión. La propuesta supera en $70.000 millones el ajuste inicial de $100.000 millones que habían planteado el partido Salvación Nacional y el Gobierno.

La ponencia sostiene que se mantendrán los fondos necesarios para la operación y las funciones de la JEP, creada como parte del acuerdo de paz. El texto justifica la medida como una racionalización del gasto frente a las limitaciones fiscales de la vigencia.
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“La medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia. En todo caso, se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP”, señala el pliego de modificaciones.
El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, había calificado una transferencia de recursos desde la entidad como una “asfixia económica”. También se habían radicado dos iniciativas de partidos de Gobierno que, según el planteamiento expuesto, revelarían una estrategia para impedir el funcionamiento de la jurisdicción.

“Sector Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición: Se reducen $170 mil millones, de los cuales $30 mil millones corresponden a funcionamiento y $140 mil millones a inversión. La medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia. En todo caso, se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP”, dice en el documento presentado ante el Congreso.
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El mayor impacto del recorte recaería sobre los rubros de inversión, con $140.000 millones menos. En departamentos afectados por el conflicto, como Antioquia, organizaciones de víctimas han expresado inquietud por el ritmo de las medidas de reparación y de las labores de búsqueda e investigación.
La asignación a la justicia ordinaria aumentaría en $100.000 millones para cubrir faltantes de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial establecido en la Ley 2594 de 2026. El coordinador ponente, el senador Carlos Meisel, vinculó esa adición con la reducción a la jurisdicción transicional.
“Hay un gran consenso en la reducción de la JEP y poder distribuir esa plata que muchos consideramos que se puede usar mejor en otro tipo de inversiones, la vamos a usar”, afirmó Meisel.
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El sector Salud y Protección Social recibiría $2 billones trasladados desde Hacienda para reforzar la atención sanitaria y enfrentar faltantes de financiación del sistema de aseguramiento. El ajuste ocurre después de cuestionamientos sobre los recursos para medicamentos y sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación, el monto que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema.

El deporte tendría una adición de $99.100 millones para ampliar el apoyo a actividades deportivas y recreativas. Meisel sostuvo que parte de los recursos liberados se dirigirán a esa área y a la Rama Judicial: “Estos recursos se van a liberar para inversión en deporte, se van a asignar unos recursos a la Rama Judicial y estamos en estudios sobre adónde podemos sumar estos recursos con los que se cuentan”.
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Planeación Nacional sufriría un recorte de $13.500 millones tras un análisis de viabilidad de proyectos de inversión para 2027. Transporte perdería otros $15.600 millones, correspondientes al proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil y al ajuste de recursos previstos para el Aeropuerto del Café.
Las comisiones económicas conjuntas iniciarían el debate de la ponencia este miércoles y el proyecto podría ser aprobado ese mismo día para avanzar a las plenarias. El Congreso tiene como fecha límite el próximo viernes 25 de septiembre para dar el visto bueno al Presupuesto General de la Nación de 2027.
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