El exministro del Trabajo Antonio Sanguino cuestionó petición de Colpensiones para aplazar la reforma pensional: “No es un milagro, es una trampa”

Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) solicitó a la Corte Constitucional aplazar un año la entrada en vigor de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), al considerar que se requiere más tiempo para completar ajustes tecnológicos, operativos, financieros e institucionales que permitan una transición ordenada

La petición de la entidad se conocen después de que el alto tribunal declarara exequibles gran parte de las disposiciones contempladas en el articulado, que fue aprobado en el Congreso de la República, durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, nueve artículos fueron devueltos al legislativo por falta de trámite.

La postura de la entidad pensional generó diferentes reacciones en el país. Mientras que algunos respaldaron la propuesta, otros consideran que estarían haciendo nuevos obstáculos para perjudicar a los trabajadores colombianos.

Ese fue el caso de Antonio Sanguino, quien se desempeñó como ministro del Trabajo en el gobierno de Petro, y expresó que la petición busca, según él, tenderle una trampa al pueblo colombiano. “¡No es un milagro, ES UNA TRAMPA! La administración de Colpensiones de Abelardo de la Espriella solicita a la Corte Constitucional aplazar un año más la entrada en vigencia de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro para favorecer descaradamente al capital financiero representado en los Fondos Privados en detrimento del pueblo trabajador”, comentó en la red social.

Posteriormente, Sanguino enumeró las consecuencias que tendría el país, en caso de que la Corte Constitucional acepte la propuesta de Colpensiones. Inicialmente, el exfuncionario precisó que la solicitud “busca aplazar el traslado de USD 8 billones correspondientes a los ahorros de 30.000 trabajadores que pasaron a Colpensiones y ya se pensionaron”.

El dirigente sostuvo que el aplazamiento también mantendría durante un año las cotizaciones de hasta 2,3 salarios mínimos en los fondos privados. Del mismo modo, señaló que la administración estaría tramando una alianza con un sector del Congreso para impulsar una contrarreforma para suprimir varios de los artículos avalados por la Corte.

“Busca que la Corte les conceda un año más, mientras tramitan en el Congreso su contrarreforma que elimine el Régimen de Prima Media y liquide Colpensiones para que desaparezca el derecho a la pensión y termine siendo exclusivamente un negocio del capital financiero”, complementó.

Del mismo modo, Sanguino advirtió que la medida dejaría en el limbo a 70.000 pensionados en 2027, entre nuevos pensionados, beneficiarios del Pilar semicontributivo y personas pensionadas por invalidez y sobrevivencia.

Ante ello, pidió a los magistrados de la Corte Constitucional rechazar el aplazamiento, al considerar que contradice el interés nacional y el derecho de los trabajadores a una pensión digna. “No permitamos esta trampa”.

“Señores Magistrados de la Corte Constitucional: saben ustedes que esta solicitud de aplazamiento es jurídicamente improcedente. Es contrario al interés nacional y está en contravía a los derechos de los trabajadores a una pensión en dignidad”, detalló.

Qué dice la petición de Colpensiones

La petición, firmada por Diego Alejandro Urrego, representante legal de Colpensiones, fue enviada el martes 22 de septiembre a los magistrados de la Corte Constitucional.

La administradora aclaró que no pretende controvertir el fallo ni reabrir el debate sobre la constitucionalidad de la reforma. Su solicitud se concentra en el tiempo disponible para ejecutar las disposiciones que fueron declaradas exequibles.

El aplazamiento, sostuvo la entidad, permitiría preservar la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad del sistema de seguridad social. También buscaría impedir que fallas operativas afecten las expectativas legítimas y el mínimo vital de los afiliados.

Además, pronostican que, para el 2027, la administradora prevé reconocer 29.061 nuevos pensionados por vejez mediante modalidades creadas por la reforma, entre ellas la prestación anticipada. Ese incremento forma parte de las proyecciones financieras elaboradas bajo escenarios con y sin el nuevo sistema.

La solicitud advierte que los problemas institucionales durante la transición pueden comprometer la efectividad de los derechos de pensionados actuales y futuros. Para evitarlo, se planteó definir reglas de negocio, asegurar la interoperabilidad con otras entidades, adecuar los sistemas de información y reforzar la infraestructura tecnológica.

El plan incluye ampliar la capacidad de procesamiento y realizar pruebas integrales antes de iniciar la operación. El cronograma contempla actividades entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, con componentes críticos como la migración y recepción masiva de afiliados, la selección y transferencia hacia ACCAI, las pruebas de interoperabilidad, la ciberseguridad, la continuidad tecnológica, la certificación de sistemas y las pruebas de volumen.

La reforma modifica la estructura del sistema colombiano y exige coordinar los pilares solidario, semicontributivo, de prima media y contributivo de capitalización. El proceso involucra a las administradoras privadas de fondos de pensiones, entidades públicas de recaudo, oficinas de talento humano del sector público y privado, redes financieras y órganos de control.

Entre las tareas previstas figuran la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado masivo de afiliados. La entidad describió como “titánico” el desafío de poner en marcha el esquema.

También deberá recibir cotizantes provenientes del pilar contributivo hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, administrar el componente de ahorro individual y articular esos procesos con los demás pilares. La coordinación busca evitar inconvenientes en la atención y gestión de los afiliados.

La solicitud se produjo mientras continúa el trámite de los artículos que la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes para subsanar el procedimiento legislativo. Para la administradora, cada semana sin una definición reduce el margen para ejecutar las adecuaciones.

Por esa razón, pidió que el caso sea tramitado de forma preferente y solicitó vincular al Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Asofondos, por las implicaciones de la decisión para las entidades que deberán implementar el nuevo modelo.