La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, según una lista divulgada en medios de comunicación. La medida también incluye a personas vinculadas con esa administración y a figuras cercanas a la izquierda.
La entidad, encabezada por Didier Blanco, revisaba desde finales de agosto de 2026 los dispositivos asignados a exfuncionarios de la administración anterior. Los afectados tendrían diez días para apelar la decisión.
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Entre los exfuncionarios incluidos aparecen el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, el exministro de Trabajo Antonio Sanguino, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.
La lista también incluye al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.
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La decisión alcanza además a Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd) Carlos Carrillo; a Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué; y al activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) apelará la decisión de la UNP, una opción que también estaría disponible para los demás exfuncionarios.
Lemus confirmó a La FM que la decisión todavía no se ha hecho efectiva. El exfuncionario responsabilizó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por lo que pueda sucederle.
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La revisión también habría dejado sin protección a personas cercanas al petrismo, como el creador de contenido Beto Coral, deportado recientemente de Estados Unidos tras cuestionar decisiones de esa administración, y el activista Levy Rincón y Gabriela Muñoz.
En la lista figura Juliana Guerrero, quien aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal relacionado con la falsificación de un título universitario para acceder a un cargo público.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, la UNP contabilizó 313 incidentes de seguridad contra personas con medidas de protección entre agosto de 2022 y junio de 2026. De ese total, 276 correspondieron a atentados.
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UNP deja sin esquema de seguridad a Gabriela Muñoz, Beto Coral y Juliana Guerrero
La UNP retiró de manera definitiva los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras concluir que ninguno acreditaba el nivel de amenaza requerido para sostener custodios y vehículos financiados por el Estado. Los tres beneficiarios son afines a Gustavo Petro y al Pacto Histórico.
El funcionamiento conjunto de los tres dispositivos representaba un costo aproximado de $40.000.000 mensuales para el presupuesto nacional. La cifra incluía la contratación de escoltas, el alquiler y mantenimiento de vehículos de alta movilidad o blindados, combustible y viáticos operativos, según informó El Tiempo.
La UNP explicó que sus evaluaciones periódicas revisan la persistencia de amenazas directas, la exposición pública de cada beneficiario y la proporción entre el gasto estatal y el riesgo acreditado.
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Los cuestionamientos sobre Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero
Gabriela Muñoz, activista, creadora de contenido y estudiante de Derecho Administrativo, recibió su esquema durante la fase final de la administración Petro después de denunciar presuntas intimidaciones ante la Fiscalía General de la Nación. La entidad investigadora no pidió la asignación directa de escoltas, sino un estudio técnico de riesgo.
Los analistas de la UNP concluyeron que las condiciones de peligro denunciadas no se mantenían activas. El caso también generó debate por los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, sobre una presunta injerencia de Muñoz en decisiones administrativas de la Aeronáutica Civil.
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Juliana Guerrero llegó a los pasillos de la Casa de Nariño de la mano del exministro del Interior, Armando Benedetti. La revisión de su protección coincidió con procesos penales que la Fiscalía adelanta por la presunta utilización de títulos académicos falsos para acreditar requisitos en cargos públicos y por una investigación sobre una supuesta red de contratación estatal.
El retiro de la protección de Beto Coral se produjo después de que la entidad verificara que recibió vehículos y escoltas de manera inmediata tras su deportación desde Estados Unidos. Al momento de esa entrega, no se habían realizado las evaluaciones previas exigidas por el protocolo institucional.
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