
La Cámara de Representantes citó el martes 22 de septiembre de 2026 a la 1:00 p. m. a Jorge Mora, ministro de Defensa, para responder por los bombardeos en Guaviare en los que murieron menores de edad, pese a que el Senado ya discutió el asunto. La votación de la moción de censura en el Senado está prevista para el miércoles 23 de 2026 a las 3:00 p. m.
La oposición busca establecer si las Fuerzas Militares conocían la presencia de menores en el territorio durante esas operaciones y obtener respuestas sobre sus posibles consecuencias.
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El tema fue discutido en el Senado, donde Mora sostuvo que las acciones militares se basaron en informes de inteligencia y cumplieron las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Los sectores oficialistas defendieron la continuidad de estas operaciones ante el crecimiento de las estructuras armadas y señalaron que, durante los últimos cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, los grupos ilegales aumentaron en más del 100% y ampliaron su control territorial.
La bancada del Pacto Histórico, promotora de la moción, exige un informe sobre las operaciones en el Guaviare, una de las zonas con mayor presencia de la estructura del Estado Mayor de los Bloques y Frentes. La oposición sostiene que en esos ataques se vulneró el Derecho Internacional Humanitario por la muerte de menores de 18 años, a quienes identifica como víctimas de reclutamiento forzado. También pide aclaraciones sobre una eventual autorización para operaciones de Estados Unidos en suelo colombiano, un acuerdo que la cartera de Defensa aseguró que no ha sido aprobado ni tratado con el gobierno de Donald Trump.
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La iniciativa enfrenta un pronóstico desfavorable en ambas cámaras, por lo que se espera que la moción de censura contra Mora no prospere en el Senado ni en la Cámara de Representantes.
Ministro Jorge Mora defendió las operaciones militares

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, defendió el 20 de septiembre de 2026 las operaciones de la fuerza pública y sostuvo que se ejecutan dentro de la ley y el Derecho Internacional Humanitario, mientras varios jueces examinan tutelas por bombardeos recientes en Catatumbo y Guaviare que dejaron menores de edad muertos.
Las decisiones judiciales han condicionado la continuidad de esos ataques. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó el 16 de septiembre de 2026 una suspensión inicial, pero impuso cinco condiciones para reforzar las verificaciones previas a cualquier nueva autorización.
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“La Fuerza Pública actúa con contundencia, responsabilidad y dentro de la ley. Cada operación se planea con inteligencia, respetando el Derecho Internacional Humanitario, las alertas tempranas, las comunidades protegidas, las zonas restringidas y las condiciones del territorio”, escribió el ministro en su cuenta de X.
Mora afirmó que la autoridad estatal busca proteger a la población y enfrentar a los grupos armados. “Sin improvisaciones, sin extralimitarse y con el objetivo prioritario de defender a los colombianos”, añadió.
El titular de la cartera indicó que el Derecho Internacional Humanitario integra el bloque de constitucionalidad y alcanza a todas las acciones militares, no únicamente a los bombardeos. “Todas las operaciones, no solo los bombardeos, los ametrallamientos, las acciones de los tiradores de alta precisión, los combates de encuentro, las emboscadas, todas las maniobras y acciones, medios y métodos que cumplimos para atacar a los terroristas hacen parte de lo que el DIH nos permite hacer”, manifestó.
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Durante un debate de control político, el ministro explicó que los mandos militares tienen en cuenta las alertas tempranas, aunque indicó que esos documentos no suelen aportar coordenadas específicas para definir objetivos operacionales.
“Las alertas tempranas e informaciones que hay permanentemente se consultan, pero es que ninguna establece coordenadas exactas. Son muy amplias, de kilómetros, cientos de kilómetros”, afirmó Mora.
Aun así, sostuvo que dichas limitaciones no excluyen las operaciones contra los grupos que el Gobierno identifica como amenazas. El ministro remarcó que el Derecho Internacional Humanitario forma parte del bloque de constitucionalidad y que su aplicación no se reduce a los bombardeos.
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