Miller Soto sobre la ley de sometimiento: “Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”

El vocero del Gobierno, Miller Soto, se pronunció sobre la ley de sometimiento que la administración del presidente Abelardo de la Espriella prepara para presentar ante el Congreso. En un video difundido a través de los canales oficiales de la Presidencia, aseguró que los integrantes de organizaciones criminales que decidan acogerse a la iniciativa no tendrán un espacio de negociación con el Estado.

“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”, afirmó Soto al comienzo de su intervención, en la que explicó la posición del Ejecutivo frente al proyecto y señaló que el mecanismo estará orientado al sometimiento de quienes abandonen las actividades ilegales y cumplan las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

La declaración se produjo un día después de que Iván Cancino, explicara en una entrevista con Semana algunos de los principales elementos del proyecto que el Gobierno prepara para llevar al Congreso. De acuerdo con el ministro de Justicia, la propuesta contempla rebajas de pena diferenciadas según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones y exige compromisos relacionados con las víctimas, la verdad y la entrega de bienes.

Miller Soto explicó la posición del Gobierno sobre la ley de sometimiento

Durante el video, Soto sostuvo que la administración de De la Espriella no reconocerá a los integrantes de estructuras criminales un estatus político como parte del mecanismo.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo dijo de frente: en este Gobierno los criminales no tienen estatus político, ni contemplaciones, ni impunidad”, manifestó el vocero.

Según su explicación, el proyecto será articulado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto con el presidente. Soto insistió en que la iniciativa no estará planteada como una mesa de negociación.

“No es diálogo. El que delinque llega a acogerse, a someterse, no a negociar”, dijo.

El funcionario también citó una definición que Cancino había entregado previamente al explicar la propuesta: quienes decidan ingresar al mecanismo podrán manifestar que se someten y deberán aceptar las consecuencias jurídicas correspondientes.

La posición expresada por Soto coincide con uno de los elementos centrales expuestos por Cancino en su entrevista del 19 de septiembre: el proyecto busca establecer una ruta jurídica para el sometimiento de integrantes de organizaciones criminales, sin crear espacios de negociación política. Semana reportó que la iniciativa contempla una fase preparatoria y otra de judicialización, además de mantener vigentes las órdenes de captura y los trámites de extradición.

¿Qué rebajas de pena contempla el proyecto?

Uno de los aspectos explicados por Cancino es el relacionado con las rebajas de pena. El ministro señaló que los integrantes que tengan funciones de liderazgo o mando dentro de una organización podrían acceder a una reducción de hasta 30%, mientras que otros miembros podrían aspirar a una rebaja de hasta 50%, siempre dentro de las condiciones previstas por el proyecto.

Cancino aclaró que esos porcentajes no funcionarían como una concesión automática. Según explicó, el acceso a mayores beneficios estaría relacionado con el comportamiento de la persona durante el cumplimiento de la pena y con acciones como reparar a las víctimas, entregar bienes, aportar información, revelar rutas de desapariciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El ministro también diferenció el mecanismo propuesto del régimen ordinario en materia de libertad condicional. De acuerdo con su explicación, mientras en la justicia ordinaria se contempla el cumplimiento de las tres quintas partes de la condena para ese beneficio, el proyecto de sometimiento plantea inicialmente las cuatro quintas partes.

Además, Cancino indicó que el concepto de la víctima tendría un papel determinante para acceder a la libertad condicional o a la suspensión de la pena. Si la víctima no está de acuerdo, explicó, el beneficio no sería concedido, aunque su posición tendría que estar sustentada en razones relacionadas con aspectos como la verdad o la entrega de bienes.

Entrega de bienes, verdad y reparación a las víctimas

Otro de los componentes planteados por el ministro de Justicia es la obligación de entregar los bienes adquiridos ilícitamente. Cancino aseguró en la entrevista que quienes ingresen al mecanismo deberán entregar esos recursos para que puedan ser destinados, entre otros fines, a la reparación de las víctimas.

La propuesta también contempla que los beneficios estén condicionados al cumplimiento de compromisos concretos. Entre ellos aparecen la entrega de información sobre las estructuras criminales, las rutas relacionadas con personas desaparecidas, bienes y economías ilícitas, así como la liberación de personas secuestradas cuando corresponda.

En ese sentido, Soto afirmó que el sometimiento deberá ser “real” y “verificable”, acompañado por verdad, cesación de la actividad criminal, entrega de información y reparación a las víctimas.

“Se trata de dar una salida a quien deje las armas, a quien deje el negocio, a quien se someta a la ley”, expresó el vocero del Gobierno.

El proyecto no suspendería órdenes de captura ni extradiciones

La iniciativa también establece diferencias frente a mecanismos de negociación utilizados anteriormente. Según los detalles entregados por Cancino, una persona que tenga una orden de captura vigente no dejaría de tenerla por acogerse al proceso, y el sometimiento tampoco suspendería una solicitud de extradición.

El ministro explicó que, si un integrante de una organización criminal es requerido en extradición, el trámite correspondiente continuaría. Una vez cumplidas las condiciones que correspondan, podría regresar al país para resolver su situación jurídica dentro del mecanismo, según los términos explicados por el funcionario.

Cancino también precisó que quienes ya se encuentren capturados no ingresarían al mecanismo de sometimiento voluntario. La propuesta, según su explicación, busca diferenciar entre quienes se entreguen voluntariamente y quienes ya estén bajo custodia del Estado.

Cárceles ordinarias y condiciones para los sometidos

En la entrevista Cancino señaló que el proyecto no contempla sitios especiales de reclusión para los integrantes de organizaciones criminales que se acojan. La propuesta plantea que cumplan las penas en cárceles ordinarias, aunque podría haber compromisos específicos dentro de algunos patios.

El ministro también habló de las denominadas cárceles productivas, con actividades orientadas a que las personas privadas de la libertad desarrollen otras capacidades durante el cumplimiento de sus condenas.

Sobre este punto, Soto sostuvo que el Gobierno también prepara un estatuto antiterrorista, cuyo propósito, según dijo, será afectar las rentas provenientes de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos.

El vocero agregó que la propuesta incluirá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las grandes estructuras criminales.

Gobierno prepara el proyecto para presentarlo al Congreso

La ley de sometimiento todavía se encuentra en etapa de preparación antes de su presentación ante el Congreso de la República. Cancino indicó en su entrevista que el proyecto estaba adelantado y en proceso de revisión por parte de la Presidencia.

En su intervención, Miller Soto sostuvo que el Gobierno retomó procesos que, según sus declaraciones, estaban pendientes y anticipó que en las próximas semanas habrá demostraciones de cómo funcionará el mecanismo de sometimiento planteado por la administración.

“El Gobierno va a demostrar que sembrar terror es el peor de los negocios, que el crimen se someta a la ley y no la ley al crimen”, concluyó el vocero presidencial.