La JEP imputó a cinco exjefes de las Farc por violencia sexual y de género: fueron acusados de abortos forzosos a menores de edad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el lunes 21 de septiembre a cinco excomandantes de las antiguas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con violencia sexual y de género contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

La decisión, emitida por la Sala de Reconocimiento del tribunal de paz, los convoca a reconocer su responsabilidad por hechos cometidos contra población civil y contra mujeres y niñas reclutadas.

Los imputados fueron identificados por los alias de Calixto, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”, quienes integraron el Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la extinta guerrilla.

La JEP les atribuyó posible responsabilidad de mando por no prevenir, investigar ni sancionar los hechos ocurridos dentro de las filas guerrilleras. El llamado abarca las conductas de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género como crímenes de lesa humanidad.

“Estas violencias no fueron hechos aislados, configuraron un patrón criminal ejercido en el marco de la disputa por el control territorial y social de esta región”, detalló la JEP en un comunicado.

También fueron imputados por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, incluidos tratos humillantes y degradantes. Los abortos forzados practicados contra niñas y mujeres reclutadas fueron calificados como tortura, mientras que la anticoncepción forzada fue considerada un ultraje contra la dignidad personal.

Los actos de discriminación y violencia contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas fueron encuadrados como persecución por motivos de género.

La medida constituye la tercera imputación dentro del caso 05, que investiga la situación territorial en esa región, y la primera de ese expediente centrada en crímenes de violencia sexual y de género atribuidos a la antigua guerrilla. El proceso es dirigido por el magistrado Raúl Sánchez.

Recorte al presupuesto de la JEP en 2027

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz se conoce en medio del debate nacional, a raíz de una propuesta radicada en el Senado de la República frente al presupuesto que recibirá el tribunal nacional para el año 2027.

Inicialmente, la JEP solicitó $947.642 millones para el año entrante, pero el proyecto presupuestal contempla $821.803 millones. No obstante, la proposición presentada por el senador Enrique Gómez, del movimiento Salvación Nacional, contempla que la entidad dejaría de recibir otros $100.000 millones y que sería trasladado al Consejo Superior de la Judicatura.

Esto desató diferentes críticas en el sector político del país, y hasta llegó a otras instancias judiciales. Justamente, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expuso en una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles afectaciones a la autonomía del tribunal transicional.

El magistrado alertó que una eventual reducción de recursos comprometería la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales. Precisó que $62.478 millones están destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección, mientras que otros $29.362 millones cubren arriendos, servicios públicos y mantenimiento.

La carta también cuestionó una reforma constitucional que buscaría imponer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, sobre las sentencias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública. Ramelli afirmó: “Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz”.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó la propuesta de Enrique Gómez y cuestionó que Ramelli haya acudido a la CPI, argumentando que el debate por los recursos para 2027 y las propuestas legislativas no constituyen una amenaza para la independencia judicial.

El mandatario señaló que el presupuesto de las entidades estatales no depende únicamente de los pedidos de cada institución. Sostuvo que el Estado debe valorar la disponibilidad de recursos, las necesidades generales y las prioridades definidas para el país.

“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó el Presidente. Luego cuestionó que cada partida no aprobada sea presentada como una sanción: “No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”.

Desde 2018, la jurisdicción transicional ha recibido más de $3 billones, de acuerdo con las cifras presentadas por De la Espriella. La entidad tuvo una asignación de $777.069 millones en 2025 y opera en 2026 con cerca de $744.659 millones.