El Gobierno nacional habría presentado una impugnación contra el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que permitió la continuidad de los bombardeos militares, aunque bajo condiciones reforzadas cuando existan datos sobre la posible presencia de menores de edad en los lugares que serán atacados.
Al parecer, la acción fue promovida por la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior. Las entidades estarían buscando que el Tribunal Superior de Bogotá revoque las medidas que el juzgado ordenó el 16 de septiembre de 2026 dentro de una acción de tutela relacionada con operaciones militares en zonas donde actúan grupos armados.
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La decisión de primera instancia no estableció una prohibición general de los bombardeos ni exigió una autorización judicial antes de cada ataque. El juez determinó que las Fuerzas Militares deben adoptar un estándar reforzado de precaución cuando la inteligencia indique que podría haber niños, niñas o adolescentes en los campamentos u otros objetivos militares.
El fallo fijó cinco obligaciones antes de las operaciones aéreas
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá dispuso que las autoridades militares deberán reforzar la verificación de la información de inteligencia cuando haya indicios sobre la presencia de menores de edad en el área de una operación.
También ordenó que esos datos sean incluidos en forma expresa en la evaluación jurídica y operacional previa al bombardeo. La medida obliga a valorar los riesgos para la vida y la integridad de los niños y adolescentes que puedan estar en el lugar.
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El tercer punto exige examinar alternativas menos lesivas que permitan obtener una ventaja militar comparable. A ello se suma la aplicación estricta de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad previstos en el Derecho Internacional Humanitario.
El debate se concentra, en particular, en el trato que deben recibir los menores reclutados o utilizados por organizaciones armadas ilegales. De acuerdo con la decisión judicial, la presencia de un niño o adolescente en un campamento, el uso de uniforme o su pertenencia a una estructura ilegal no permite considerarlo de forma automática como objetivo militar.
El Ejecutivo sostiene que ya existen protocolos de protección
En la impugnación, las entidades del Gobierno habrían argumentado que las Fuerzas Militares ya disponen de mecanismos y protocolos para reducir los riesgos contra menores de edad durante las operaciones aéreas.
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Según los argumentos, presuntamente, presentados ante la justicia, las autoridades militares cuentan con fuentes humanas y herramientas tecnológicas de inteligencia que permiten identificar, con anticipación, quiénes se encuentran en los lugares que podrían ser objeto de una operación.
El Gobierno también habría señalado que los bombardeos pasan por varios filtros internos antes de su ejecución. Entre ellos figura la participación de oficiales de derechos humanos y expertos en derecho operacional, además del análisis de información recolectada por los sistemas de inteligencia.
Las entidades sostienen que esos procedimientos responden a las obligaciones estatales de protección de niños y adolescentes que permanecen en escenarios de conflicto armado. En ese sentido, mencionan como referentes el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma, instrumentos que, según la argumentación oficial, son considerados por el Ministerio de Defensa.
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El recurso busca dejar sin efecto las órdenes específicas fijadas por el juzgado, con el argumento de que las exigencias ya forman parte de los protocolos que aplican las Fuerzas Militares.
El Tribunal Superior de Bogotá podría revisar la tutela en segunda instancia
De haberse presentado el recurso, el expediente sería enviado a la sala competente del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas dictadas por el Juzgado 34 de Familia.
El trámite podría extenderse entre uno y dos meses, aunque el plazo dependerá de la carga judicial y de las actuaciones que se surtan durante la segunda instancia. Después de esa decisión, el caso podría ser seleccionado para revisión de la Corte Constitucional.
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La discusión judicial ocurre mientras el Gobierno tiene listo un decreto que devolvería al Consejo de Estado la competencia para resolver tutelas contra el presidente de la República. Esa eventual modificación también tendría incidencia en procesos relacionados con asuntos de alto impacto para el Ejecutivo, como el debate sobre bombardeos militares y una eventual reanudación de la aspersión de narcocultivos con glufosinato de amonio.
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