Los pros y contras de la reforma tributaria de Bogotá: así va el debate en el Concejo

La reforma tributaria de Bogotá, presentada por la Alcaldía de la capital, siguen en periodo de estudio en el Concejo que, durante la jornada del 17 de septiembre de 2026, abrió una discusión sobre los efectos del proyecto para comerciantes, contribuyentes y grandes inversionistas.

En particular, porque la iniciativa busca recaudar 1,3 billones de pesos al año mediante un nuevo cobro de alumbrado público en el predial, cambios al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), alivios para morosos y exenciones para inversiones estratégicas.

De acuerdo con la información sumninistrada por el Concejo, la propuesta plantea, por ejemplo, que 869.955 inmuebles de estratos 4, 5 y 6, además de comercios e industrias, paguen una tarifa adicional para financiar la modernización del alumbrado. Los estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidos.

El proyecto también prevé descuentos del 50% en intereses y sanciones para contribuyentes morosos que paguen el total de su deuda antes del 18 de diciembre de 2026. La medida apunta a recuperar parte de una cartera estimada en 12,5 billones de pesos.

Además, propone elevar las tarifas del ICA para el sector financiero, el comercio de alcohol y tabaco y la venta de vehículos. A cambio, contempla exenciones de hasta 10 años para nuevas empresas que inviertan más de 4.600 millones de pesos en actividades priorizadas por el Distrito.

La iniciativa incluye la eliminación de tres gravámenes: el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos; el impuesto de publicidad exterior visual; y la retención del ICA para pequeños comercios.

Pese a que la sesión terminó sin una decisión definitiva y la discusión quedó programada para continuar el viernes 18 de septiembre, el debate generó reparos entre concejales de oposición, peticiones de ajustes para grupos vulnerables y respaldos parciales de cabildantes que consideran necesaria una actualización del sistema tributario de la capital.

La oposición cuestionó los beneficios para los grandes inversionistas

Los concejales del Pacto Histórico cuestionaron, fundamentalmente, quiénes recibirían beneficios.

La cabildante Quena Ribadeneira marcó distancia de la reforma porque sostuvo que abre beneficios para quienes cuentan con capacidad de realizar grandes inversiones, mientras pequeños comerciantes y ciudadanos asumen mayores cargas.

Por la misma vía, Heidy Sánchez expresó una posición similar. Según el reporte del Concejo de Bogotá, la funcionaria cuestionó que algunos sectores enfrentarían nuevos cobros mientras se conceden alivios tributarios a actividades relacionadas con capital extranjero.

El servidor José del Carmen Cuesta, alineado con estas objeciones, indicó que la meta de atraer 78 billones de pesos en inversión extranjera, al considerar que los beneficios económicos podrían concentrarse en esos actores.

La concejala Ana Teresa Bernal, por su parte, presentó un listado de interrogantes sobre los destinatarios de los alivios, los contribuyentes que asumirían los pagos y las obligaciones que tendría la ciudad.

En cuanto a los puntos positivos, el concejal del Pacto Histórico Óscar Bastidas destacó dos beneficios contemplados en la iniciativa. Uno de ellos prevé una menor carga tributaria para tiendas, minimercados y peluquerías; el otro establece una tarifa especial para los Cabildos Muiscas, en reconocimiento de su identidad indígena.

Concejales pidieron protección para familias vulnerables y población con discapacidad

Otros concejales centraron sus posiciones en evitar que las medidas de recaudo recaigan sobre capitalinos que no pueden pagarlas.

El cabildante del Partido Verde Andrés Darío Onzaga solicitó que la reforma tenga en cuenta a personas con discapacidad, empleos inclusivos y familias cuidadoras. También planteó que el Distrito evalúe la capacidad real de pago de los contribuyentes antes de establecer nuevas obligaciones.

En respuesta, el concejal Fernando López, del Nuevo Liberalismo, afirmó que las familias de estratos 4, 5 y 6 que se encuentren en condición de pobreza —conocida como pobreza oculta— no pagarían el cobro destinado al alumbrado público.

Parte de las intervenciones se concentró en la confianza de los ciudadanos frente al destino de los impuestos. El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, preguntó qué garantías tendrían los contribuyentes de que los recursos adicionales se invertirán en las necesidades diarias de la ciudad y pidió mejorar el gasto antes de aumentar los cobros.

En esa línea, la servidora del mismo partido Diana Diago señaló que los bogotanos cumplen con sus obligaciones tributarias, pero cuestionó la respuesta de la administración ante problemas de la capital.

La reforma recibió respaldo parcial por los cambios al ICA

Una de las medidas que contempla la reforma es el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero en Bogotá. No todos han visto la eventual situación con buenos ojos. Incluso, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, afirmó que el incremento tendría un efecto cercano a $500.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de Asobancaria.

Por eso, el concejal liberal Germán García, pese a que confirmó el apoyo de su partido al proyecto, manifestó diferencias con dos artículos relacionados con los recursos que reciben las alcaldías locales.

García señaló que la reforma simplificaría el cobro del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y reduciría la tarifa para algunos sectores, con el propósito de mejorar el recaudo distrital.

En ese sentido, el concejal Ricardo Correa, del Partido de La U, reconoció que la propuesta genera desacuerdos, pero sostuvo que Bogotá requiere medidas para actualizar su esquema tributario frente a otras ciudades.