La operación Alba II, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, permitió la captura de ocho prófugos internacionales requeridos por Costa Rica, España, Honduras, México, Perú, Polonia y Bélgica mediante notificación roja de Interpol. Los operativos se realizaron en Bogotá y los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar.
La Oficina Central Nacional de Interpol Colombia coordinó los procedimientos en Cali, Medellín, Cartagena, Yotoco y Bogotá. Los detenidos eran buscados por delitos como narcotráfico internacional, lavado de activos, tráfico de armas de fuego, organización criminal, usura y estafa.
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Según la Dijín, los operativos buscaron impedir que personas vinculadas con estructuras criminales de otros países se instalaran o consolidaran actividades en territorio colombiano. Las solicitudes de captura se emitieron a través de notificaciones rojas, mecanismo mediante el cual Interpol difunde pedidos de localización y detención provisional de personas requeridas por autoridades judiciales de otros Estados.
Los ocho prófugos que fueron ubicados en Colombia
En Cali, las autoridades capturaron a Roberto Rodríguez Maldonado, requerido por España por tráfico de estupefacientes. La investigación española lo señala como integrante de una red que coordinaba labores logísticas y el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa.
También en la capital del Valle del Cauca fue detenido Luis Gerardo Chévez Gracia, requerido por Costa Rica por una causa de estafa relacionada con maniobras contra el patrimonio económico de víctimas en ese país. En la misma ciudad cayó Luis Octavio Ayala Pava, que era solicitado por España por tráfico de estupefacientes. La información policial indica que habría actuado como correo humano, con cocaína oculta en equipajes para sortear los controles en aeropuertos.
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Entre los casos divulgados aparece Santiago Granada Escudero, detenido en Yotoco, Valle del Cauca, a pedido de España por tráfico de estupefacientes. Las autoridades lo vinculan con tareas de transporte, ocultamiento y distribución de drogas en ciudades españolas.
En Medellín, fue capturado Julio César Maldonado Hernández, requerido por Honduras por lavado de activos. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, las investigaciones lo relacionan con la apropiación y desvío de recursos públicos destinados a obras viales que no se ejecutaron.
En esa misma ciudad fue detenido Raúl Muñoz Ferrer, solicitado por Polonia por organización criminal. El expediente lo relaciona con una red de fraude financiero que utilizaba empresas de fachada para simular operaciones comerciales, evadir impuestos y blanquear capitales.
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En Bogotá, la Policía capturó a Sindy Johana Roque Mejía, requerida por México por tráfico de estupefacientes. Según el reporte, cumplía tareas operativas para trasladar sustancias ilícitas mediante vuelos comerciales internacionales.
En Cartagena, Bolívar, fue detenido Marín Alonso Vázquez Ruiz, requerido por Perú por tráfico de armas y usura. Las diligencias judiciales lo identificaron a partir de investigaciones sobre disparos con armas de fuego en sectores residenciales.
El comunicado incluyó a Bélgica entre los siete países que emitieron solicitudes judiciales dentro de la operación, pero no precisó la identidad ni el caso de la persona requerida por ese país.
Los ocho ciudadanos identificados en el comunicado de la operación Alba II quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales.
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Las retenciones por notificación roja crecieron 31% en 2026
La Policía Nacional señaló que, en lo transcurrido de 2026, Colombia registró 134 retenciones por notificación roja, una cifra que representa un aumento del 31% frente a los 102 casos contabilizados en el mismo período de 2025.
Las órdenes judiciales procedían de 25 países. España encabezó la lista con 31 requerimientos, seguida por Chile, con 11; Estados Unidos y Venezuela y Perú, con nueve cada uno; entre las personas retenidas hubo ciudadanos de 25 nacionalidades, con predominio de colombianos, venezolanos, dominicanos, mexicanos y peruanos.
La institución también informó que, bajo la Estrategia Integral para la Ubicación de Prófugos, las capturas con fines de extradición pasaron de 163 en el período 2022-2024 a 311 entre 2024 y 2026, un incremento del 91%. Además, reportó 207 extradiciones en 2026, frente a 195 durante 2025.
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Del total de extradiciones efectuadas en 2026, 137 correspondieron a investigaciones por narcotráfico. Estados Unidos fue el principal país receptor, con 106 traslados judiciales. La Policía añadió que entre 2024 y 2026 se lograron 88 capturas de prófugos colombianos en el exterior, frente a 37 en el período anterior.
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