Ministerio de Educación anunció nuevas investigaciones en contra de la Fundación San José tras la condena contra Juliana Guerrero por títulos falsos

El Ministerio de Educación Nacional abrió dos investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José, por presuntas irregularidades académicas, laborales y en la dirección de la institución que podrían derivar en sanciones legales.

La apertura fue notificada por la cartera el 16 de septiembre de 2026, ordenada bajo el liderazgo de la ministra saliente, Viviane Morales Hoyos.

Las alertas surgieron de los reportes de la Inspectora In Situ, encargada de verificar de forma directa las obligaciones y condiciones bajo las cuales se presta el servicio educativo. Entre los hallazgos figuran posibles inconsistencias en la expedición de títulos y en el suministro de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

También se investiga si ciertos programas académicos fueron ofrecidos o desarrollados en condiciones distintas de las autorizadas en sus registros calificados. La cartera puso bajo revisión la promoción de programas cuyos registros habrían vencido.

Las pesquisas abarcan los pagos a docentes contratados por hora cátedra, que en algunos casos podrían haber estado por debajo del mínimo establecido por la Ley 30 de 1992. La conformación y operación de los órganos de gobierno, dirección, administración y control de la fundación también forman parte de las indagaciones.

“Las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el Representante Legal, el Rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales”, señaló el ministerio en un comunicado.

Las investigaciones incluyen a representantes legales, rectores y exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales que hayan tenido funciones dentro del centro universitario. “El Ministerio de Educación Nacional reitera que las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior”, remarcó.

Caso Juliana Guerrero

La apertura de los nuevos procesos ocurrió una semana después de que Juliana Guerrero, joven exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro, fuera condenada por fraude procesal tras presentar diplomas falsos para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes.

La exaspirante alcanzó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y recibió una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para aspirar a cargos.

Durante la audiencia, Guerrero admitió que presentó títulos universitarios falsos para ocupar el cargo de Viceministra de las Juventudes en el entonces Ministerio de la Igualdad. La investigación de la Fiscalía detalla que el 3 de septiembre de 2025, la joven cargó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep II, dos diplomas falsos: uno de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública, junto con actas de grado fechadas el 1 de julio de ese año y emitidas a nombre de la Fundación San José.

La institución había anulado esos títulos tras detectar que no existían registros de actividad académica, clases ni evaluaciones. Guerrero pidió disculpas al país, a su familia, a los jóvenes que la consideraron un referente y a integrantes de la universidad, y afirmó: “Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país”.

De igual manera, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, fue condenado por el mismo tiempo estipulado para Guerrero, después de concretar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía señaló que Gutiérrez tenía un perfil de administrador en el sistema de la Fundación Universitaria San José, con permisos para intervenir en procesos de validación y generación de documentos académicos. Esa capacidad excedía la consulta ordinaria de información y le permitía modificar los resultados de las verificaciones. Según la hipótesis del organismo, esas facultades fueron empleadas para autorizar los documentos relacionados con Guerrero.

“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, indicó la fiscal del caso Jessica Montealegre.