El vocero de Presidencia, Miller Soto, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectó un esquema de corrupción contractual en la contratación del Parque de las Aguas de Medellín durante 2021, periodo en el que Daniel Quintero era alcalde, un proceso que habría simulado competencia entre oferentes para favorecer a empresas elegidas de antemano.
La investigación se centró en contratos administrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que habrían canalizado más de $15.748.000.000 hacia Metro Parques mediante los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021. Según Soto, la entidad no contaba con la experiencia ni la capacidad necesarias para ejecutar los trabajos contratados.
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El mecanismo también habría dirigido ocho invitaciones privadas a Comercializadora JPino S.A.S., Uno Soluciones S.A.S. y Construamérica S.A.S. La SIC concluyó que no se trató de una irregularidad aislada ni de un error de procedimiento, sino de un sistema destinado a restringir la competencia en contratos de alta cuantía.
Proveedores sin capacidad y reglas de evaluación alteradas
Las convocatorias incluyeron proveedores sin capacidad real para cumplir los requisitos, que habrían sido utilizados para crear una apariencia de pluralidad. Los criterios establecidos resultaban insuficientes para los montos comprometidos y las reglas de evaluación habrían sido modificadas durante el proceso.
También se excluyeron ofertas que podían resultar favorables para el Estado colombiano y se aceptaron certificados que no correspondían con el objeto de los contratos. Las adjudicaciones terminaron en empresas sin experiencia comprobada ni solidez financiera suficiente, conforme a la explicación del vocero presidencial.
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La calificación jurídica atribuida por la SIC señala que las entidades públicas no pueden utilizarse como intermediarias para evitar procedimientos de selección competitiva. El uso de figuras contractuales para construir una competencia ficticia y beneficiar a proveedores previamente definidos fue considerado corrupción contractual.
Notificación a los implicados y traslado a organismos de control
La decisión fue notificada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metro Parques, Construamérica, JPino y Uno Soluciones. También recibieron notificación Álvaro Alonso Villada García, María Eugenia Domínguez Castañeda, Viviana del Valle Velásquez, Carlos Augusto Jaramillo Villareal, Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, Juan Alexander Pino Jara-Jaramillo y Yamilet Galíndez Chinito.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría General de la República. La remisión busca que esas entidades evalúen posibles delitos, faltas disciplinarias y afectaciones a los recursos públicos.
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Miller Soto aclaró que contra la decisión proceden los recursos previstos por la ley y que los implicados pueden controvertir las pruebas valoradas por la autoridad . “La forma jurídica no puede convertirse en una coartada para el favoritismo, ni la contratación pública en un botín privado”, sostuvo.
Los recursos comprometidos estaban destinados al Parque de las Aguas de Medellín y, según el vocero, su desvío habría limitado inversiones en mantenimiento y seguridad para los usuarios del espacio.
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En plena liquidación del Ministerio de Igualdad, el Gobierno nacional anunció que acudirá a la justicia contra el exministro Luis Alfredo Acosta por la falta de entrega de las llaves de unas bodegas con mercancías avaluadas en $16.800.000.000. “El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de dieciséis mil ochocientos millones de pesos en mercancías de la DIAN”, dijo Miller Soto, vocero de Presidencia en rueda de prensa.
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El delegado explicó que la revisión se hizo a partir de Fonigualdad y que, según esa evaluación, se detectaron “más de sesenta contratos de última hora” por “cerca de aproximadamente 469.000 millones de pesos”.
Soto agregó que el análisis encontró concentración de recursos en un solo contratista: “Una sola empresa concentraba más de ciento setenta y un mil millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión”.
En ese sentido, el representante del Ejecutivo aseguró que activaron acciones formales ante distintas instancias. “Por estas irregularidades ya radicamos trece denuncias, seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales”, afirmó.
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Además, Soto confirmó ajustes en la estructura administrativa durante el cierre de la cartera: se eliminarán 40 cargos directivos.
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