La finca Los Alpes, en Puerto Boyacá, quedó bajo escrutinio tras el hallazgo de seis fusiles y municiones en un predio que la Fiscalía General de la Nación vincula con el entorno de Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, mientras avanza la investigación sobre un supuesto atentado contra el expresidente Gustavo Petro que ahora es examinado como un posible “falso positivo”. El caso también reavivó las denuncias de la exdirectora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, sobre presiones para modificar la administración de bienes incautados del narcotraficante.
En el predio fueron encontrados seis fusiles calibre 5.56, empuñaduras, miras para francotirador, casi 2.000 cartuchos calibre 7.62 y 1.168 cartuchos calibre 5.56. La finca está ubicada en un corredor histórico de narcotráfico y figura en un expediente por lavado de activos que relaciona a nueve personas con presuntos testaferros y colaboradores de “Fortuna”.
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El Tiempo identificó a Los Alpes como el lugar donde apareció el arsenal y estableció que Jonatan Velásquez López figura como representante de la empresa ganadera Agroalpes S.A.S., propietaria del predio. La sociedad está actualmente en liquidación.
La compra de 13 inmuebles con una sociedad de capital reducido
Agroalpes S.A.S. fue creada el 12 de diciembre de 2018 en La Dorada, Caldas, y cinco días después adquirió 13 inmuebles. Según el expediente de la Fiscalía consultado por el diario, la compañía contaba con un capital de apenas $60.000.000.
Los predios habían sido comprados por Vélez Hernández entre 2015 y 2017 por $4.124.000.000 y luego fueron vendidos a Agroalpes por $3.179.000.000. Las propiedades incluyen La Olguita, Tierra Bella, Miraflores, La Espuma, La Palmera, Santa Catalina y Los Alpes, en Puerto Boyacá, además de otros bienes en Rionegro, Santander.
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El ente acusador sostiene que Velásquez López creó la firma para usarla como “vehículo jurídico” destinado a comprar, administrar, transformar y resguardar bienes de presunto origen ilícito atribuidos a alias Fortuna. La documentación describe una operación realizada por un monto inferior al valor de adquisición anterior, sin una justificación patrimonial, fiscal o comercial verificable para esa diferencia.
La investigación señala que la maniobra buscaba proteger los activos y sustraerlos de la acción de la justicia. El caso afecta, de acuerdo con el expediente, el orden económico y social.
Velásquez López administró las cuentas bancarias de Agroalpes entre 2018 y 2021. Esas cuentas registraron movimientos superiores a $16.000.000.000 entre 2019 y 2022, mientras que el administrador realizó transacciones cercanas a $1.500.000.000, incluidos giros de cheques sin documentación que permitiera establecer el origen lícito de los fondos.
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El organismo investigador considera que esas operaciones constituyeron actos de resguardo y transformación de bienes relacionados con los activos obtenidos mediante la actividad criminal atribuida a alias Fortuna. Además, Velásquez López aparece registrado en el Sisbén en el grado 13, una condición de vulnerabilidad económica, aunque afirma ser el verdadero dueño del predio y figura al frente de movimientos millonarios.
El audio sobre presiones para cambiar al depositario
La controversia sobre Los Alpes se produjo después de que Amelia Pérez denunciara insistencias de Andrés Idárraga, entonces secretario de Transparencia, para nombrar a una mujer como depositaria de uno de los más de 20 bienes incautados a alias Fortuna. La exdirigente de la SAE, vinculó el pedido con una supuesta necesidad de seguridad nacional.
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En uno de los audios difundidos, Pérez expresó su malestar por las llamadas de Idárraga: “Buenas tardes, René. La verdad, ya estoy molesta con la llamadera y la insistidera del doctor Idárraga. Primero, me hace ir hasta allá, hasta la oficina a decirme que es una cuestión de seguridad nacional para información para un señor alias Fortuna”.
En su defensa, Idárraga aseguró en diálogo con el diario que el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, conocía plenamente lo que ocurría y que el asunto obedecía a razones de seguridad nacional. También dijo que siguió los canales oficiales e informó a las principales autoridades del Gobierno, incluida la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
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La Fiscalía posee además audios en los que personas cercanas a los predios se refieren a “el patrón” y “la patrona”, expresiones que Pérez también mencionó al hablar de la administración de los bienes. Mientras funcionarios del Gobierno sostienen que en la finca estaban las armas y los proveedores que se habían prometido entregar, los investigadores consideran que pudo tratarse de una trampa para obtener beneficios judiciales.
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