
La condena de tres años que deberá pagar Juliana Guerrero, exprotegida del expresidente de la República Gustavo Petro, al confesar haber pagado para obtener de manera irregular los títulos de Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y contadora pública, ameritó una llamativa reflexión de Luis Alonso Colmenares: el padre de Luis Andrés Colmenares, que no ocultó su indignación.
Colmenares padre, que es de profesión contador público y que se hizo visible en la opinión pública tras la muerte de su hijo aquel 31 de octubre de 2010, pidió una auditoría a los títulos otorgados por la Fundación San José tras la admisión de responsabilidad de Guerrero, que además aceptó haber utilizado documentos académicos falsos para aspirar al viceministerio de Juventudes.
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Su argumento se basa en que el caso no debería cerrarse en la conducta de una sola persona; un planteamiento que iría en la misma línea de las denuncias que, en su momento, hicieron la representante a la Cámara Catherine Juvinao y la senadora Jennifer Pedraza, que expusieron otros procesos que deberían analizarse e investigarse a la luz de la justicia colombiana.

“¿… Y si se llevara a cabo una auditoría de absolutamente todos los títulos que haya otorgado la Universidad Fundación San José? En el caso de Juliana Guerrero, creo que no se debe desconfiar de nadie, pero sí dudar de todo lo relacionado con las titulaciones de esa universidad. Quizás haya sorpresas...“, expresó Colmenares en su perfil de X, en relación con este mediático caso.
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La joven, defendida en diferentes pronunciamientos por el exjefe de Estado, reconoció haber cometido el delito de fraude procesal tras subir a la plataforma estatal Sigep II los referidos diplomas y actas de grado, en el proceso en el que esperaba ser nombrada en esta dependencia. A su vez, Guerrero es investigada por presunta falsedad ideológica en documento público.
Guerrero, que trabajó de la mano del exministro del Interior Armando Benedetti, fue representante del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y que aspiró al citado viceministerio, reconoció ante un juez penal de conocimiento de Bogotá que subió la documentación falsa en septiembre de 2025 y que los documentos alojados carecían de validez.
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Confesión de Juliana Guerrero podría ocasionar un ‘efecto cascada’ al interior de la Fundación San José
La aceptación de la joven, tras la firma de un preacuerdo con la Fiscalía, llevó a su momento al Ministerio de Educación de abrir una investigación sobre los títulos expedidos por esta institución. Durante las diligencias judiciales, reconoció que no cursó los programas, no asistió a clases, no completó los planes de estudio y no presentó las pruebas Saber Pro exigidas por la ley.
El preacuerdo obligó a Juliana Guerrero a pagar multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos, aunque suspendió los efectos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena: un beneficio jurídico que define que las personas condenadas a penas inferiores a cuatro años y sin antecedentes graves permanezcan en libertad durante un período de prueba.
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La mujer, que deberá pagar casi $175 millones al Estado, no sería la única, pues según Juvinao, habría al menos 24 personas que, al parecer, obtuvieron títulos profesionales con graves irregularidades, como no haber presentado la prueba obligatoria Saber Pro o haberla hecho de forma extemporánea; aunque Pedraza habló de por lo menos 779 títulos que deberían auditarse.
A su vez, en este expediente, Luis Carlos Gutiérrez, que ofició como secretario general de la fundación, también estableció una negociación con el ente acusador, por lo que fue condenado a tres años. Lo anterior, tras expedir de forma irregular títulos universitarios falsos a su favor, a través de la herramienta MiMatrix, en la que él tenía rol de superadministrador y podía modificar los ítems.
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