Ministerio de Hacienda busca quitar el límite que impedía a los fondos de pensiones invertir más dinero fuera de Colombia: en qué consiste

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto para eliminar los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010. Estas disposiciones, incorporadas mediante el Decreto 369 de 2026, establecían un tope global del 30% para las inversiones en activos del exterior de los cuatro tipos de Fondos de Pensiones Obligatorias que administran las AFP.

Con la derogación propuesta también desaparecería el mecanismo que exigía a las administradoras presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) un plan para ajustar gradualmente sus portafolios a ese límite. La norma indicaba que el proceso debía priorizar el uso de los recursos provenientes de las nuevas cotizaciones.

Cuestionamientos a los efectos del Decreto 369 de 2026

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, celebró la publicación del proyecto y cuestionó los efectos del Decreto 369 de 2026 sobre la gestión de los recursos pensionales.

“Ese decreto obligaba a los fondos de pensiones y cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo cual iba en contravía de la rentabilidad y el bienestar de los ahorradores colombianos, de los trabajadores colombianos”, afirmó.

Según Velasco, el límite del 30% restringía la posibilidad de distribuir los riesgos de los portafolios entre distintos mercados. El gremio sostiene que una mayor diversificación permite mejorar la rentabilidad, la administración del riesgo y la liquidez de los recursos, tres variables que las AFP deben considerar en la gestión de los ahorros de sus afiliados.

Sin fundamento técnico

El documento, elaborado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) y fechado el 9 de septiembre, plantea que el tope perdió fundamento técnico y económico ante los cambios en el escenario jurídico de la reforma pensional y por el impacto sobre la relación entre rentabilidad y riesgo de los portafolios.

La norma anterior fijaba el límite para los fondos conservador, moderado, de mayor riesgo y de retiro programado. También exigía que las AFP presentaran ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) un plan informativo para converger hacia el 30%, con prioridad en el uso de los flujos de nuevas cotizaciones. Ese plazo vencía el 7 de octubre de 2026.

Análisis técnico estima menor rentabilidad y mayor riesgo con el tope

Ahora, la URF evaluó los efectos de la restricción por medio de un modelo de media-varianza, desarrollado a partir de la teoría del economista estadounidense Harry Markowitz. El ejercicio comparó dos alternativas: una cartera sin límite geográfico y otra con una participación máxima de 30% en activos externos.

Para el análisis, la entidad utilizó cuatro índices: COLCAP y COLTES, como referencias del mercado colombiano de renta variable y renta fija, y MSCI ACWI y BARCLAYS, para los mercados internacionales. La serie examinada abarcó datos entre el 2 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2025.

Según las estimaciones, “un portafolio sin restricción destinaría 41,48% de sus recursos a activos internacionales, con una rentabilidad esperada de 6,80% y un riesgo de 9,88%”. Bajo el límite del 30%, el rendimiento esperado bajaría a 6,26%, mientras que el riesgo aumentaría a 10%.

También se examinó el período entre 2021 y 2025. Para carteras con igual rentabilidad, la URF calculó que la limitación elevaría el riesgo en un promedio de 15,8%, con un máximo de 23,6%. A su vez, el indicador de Sharpe, que mide el retorno en relación con el riesgo asumido, se reduciría de 0,827 a 0,729 en el portafolio óptimo.

Para la entidad, estos resultados muestran que la restricción reduce las opciones de asignación de recursos y debilita la diversificación entre países, monedas, sectores y clases de activos.

La reforma pensional redujo la base sobre la que operaría la medida

La propuesta incorpora los efectos de la Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible gran parte de la Ley 2381 de 2024. Las disposiciones avaladas entrarán en vigencia el 1 de abril de 2027.

De acuerdo con las proyecciones recogidas por la URF, “cerca del 45% de los recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) corresponde a afiliados cubiertos por el régimen de transición”. Para esta población seguirá vigente el esquema de inversiones previsto en la Ley 100 de 1993.

La modificación reduce los recursos sobre los cuales habría operado el límite creado por el Decreto 369. La URF proyectó que los activos nacionales asociados a los afiliados en transición alcanzarían unos 232 billones de pesos en 2031, una cifra $77 billones inferior al valor que ya se encontraba invertido en Colombia. Según el documento, esto restaría eficacia al objetivo económico de la medida.

Ajuste de los portafolios de las AFP

La SFC informó a la URF, “con corte al 7 de septiembre, que ninguna administradora había presentado el plan de ajuste exigido”. Además, los datos disponibles indican que la baja en la proporción de inversiones externas no respondió a ventas de activos.

Entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 2026, las inversiones en el exterior pasaron de representar 48,4% a 44,5% del portafolio total de los fondos. Sin embargo, las posiciones denominadas en dólares aumentaron cerca de USD 5.728 millones, un 8,6%. La caída medida en pesos obedeció a la revaluación de la moneda colombiana frente al dólar.

El proyecto establece que, si se expide, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. La memoria justificativa señala que la decisión no tendría impacto presupuestal ni efectos sobre el medio ambiente o el patrimonio cultural.