Denuncian posible nombramiento de Lina María Vega como directora de despacho del DPS por su pasado como funcionaria

La concejala de Bogotá Diana Diago cuestionó un posible nombramiento de , exprocuradora delegada, como asesora del despacho de la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), debido a la decisión disciplinaria que tomó la exfuncionaria de la Procuraduría en el caso de la muerte de Cristian Hernández, ocurrida durante las protestas del 9 de septiembre de 2020.

A través de sus redes sociales, la cabildante pidió al presidente Abelardo de la Espriella revisar la eventual designación para que “no le hagan daño al gobierno”.

La servidora recordó que Vega Sarmiento fue retirada de la Procuraduría tras imponer una sanción a uno de los uniformados investigados por la muerte del joven, la cual consideró insuficiente.

“Vega fue destituida por el procurador general tras proferir condenas irrisorias en el caso de máxima gravedad por la muerte del joven Christian Hernández”, escribió Diago.

Aunque no se conoció un nombramiento oficial, en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ya figura la hoja de vida de la exprocuradora para el puesto de asesora 1020 Grado 16 del despacho del director de la entidad.

Por ende, Diana Diago pidió que se revisen los perfiles de los funcionarios. En su pronunciamiento, la concejala sostuvo que el Gobierno debe integrar funcionarios “libres de cuestionamientos” y afirmó que existen miles de personas inscritas en bancos de hojas de vida que podrían aspirar a cargos públicos.

“Presidente Abelardo de la Espriella, el verdadero cambio exige gobernar con los mejores (...). En el banco de hojas de vida hay miles de colombianos esperando una oportunidad. No le metan gato por liebre a los colombianos”, concluyó.

La exprocuradora fue retirada tras una sanción de 160 días a un teniente

El antecedente citado por Diago corresponde al proceso disciplinario por la muerte de Cristian Hernández, un domiciliario de 26 años que recibió un disparo en la noche del 9 de septiembre de 2020, cerca del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Verbenal, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Hernández fue uno de los diez civiles fallecidos durante las jornadas de protestas que se registraron en Bogotá entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, luego del asesinato del abogado Javier Ordóñez.

El expediente estuvo a cargo de Lina María Vega, entonces procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento. Tras cinco años de investigación, absolvió al coronel Roberto Carlos Sánchez Rodríguez y al patrullero Emmanuel Córdoba Arias. El único sancionado fue el teniente Reinerio Alberto Cuartas Jiménez, comandante del CAI Verbenal, a quien impuso una inhabilidad de 160 días, equivalente a poco más de cinco meses.

La decisión se centró en una conducta relacionada con abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Según el fallo, no quedó acreditado que Cuartas hubiera impartido la orden de atender al joven herido. La sanción generó cuestionamientos de familiares de la víctima y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Espectador informó el 11 de septiembre de 2025 que el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, retiró de forma inmediata a Vega Sarmiento de su encargo como procuradora delegada y, después, declaró insubsistente su nombramiento como asesora del despacho del jefe del Ministerio Público.

La medida se formalizó mediante dos decretos fechados el 11 de septiembre de 2025. El primero dispuso que dejara el encargo que había recibido el 10 de abril de ese año. El segundo terminó su vínculo como asesora de la Procuraduría.

Fuentes citadas por el diario señalaron que la determinación obedeció a la política de “cero tolerancia con la violación de los derechos humanos en Colombia” y a la necesidad de evitar actuaciones que afectaran los derechos de las víctimas.