Por hacer una corrida de toros sin permisos, la Procuraduría investigará al alcalde de Barbosa, Santander

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés Torres por presuntas irregularidades en la corrida de toros realizada el 1 de enero de 2026.

Según el reporte del organismo de control, el caso se centra en la posible omisión de documentos clave para la realización de este tipo de eventos públicos.

La actuación la adelanta la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, quienes buscan verificar las circunstancias en las que se autorizó y se realizó el espectáculo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría, el evento taurino presuntamente no contó con todos los permisos y documentos necesarios para su realización.

Uno de los puntos centrales será establecer si existía la póliza de responsabilidad civil correspondiente para responder por posibles daños o riesgos asociados al espectáculo. El examen también busca determinar si esa cobertura amparaba de forma efectiva los riesgos de la corrida.

El marco legal citado por la Procuraduría son los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004, el Reglamento Nacional Taurino. Para el Ministerio Público, cualquier omisión en pólizas o permisos municipales se considera grave por el riesgo propio de este tipo de actividades.

“La investigación del Ministerio Público busca establecer si la corrida de toros cumplió con los permisos y documentos exigidos por los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004, que establece el Reglamento Nacional Taurino (...) la apertura de la investigación no implica una decisión sobre la responsabilidad disciplinaria del mandatario”, explicó el ente de control.

Denuncias contra el evento taurino

La corrida desató protestas de defensores de los animales y de figuras políticas como Cristian Avendaño y Danovis Lozano, quienes denunciaron que la actividad se realizó con dos ejemplares de casta y que, según la versión del alcalde, terminó con el indulto.

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO pidió que el mandatario sea investigado penalmente y retirado del cargo.

La organización afirmó que durante el evento se habría maltratado a un animal y que otros cuatro toros estaban destinados al sacrificio.

En su momento, el alcalde de Barbosa defendió la realización del evento. “El animalismo que se pretende vender es para separarnos de los animales. ¿Cómo hacemos para trabajar en las moliendas si se necesitan mulas? (...), acá gustan los gallos, de aquí de Barbosa son varios toreros, como Carare”, sostuvo el mandatario local en declaraciones citadas por El Tiempo.

La investigación disciplinaria, según ese medio, se limita por ahora a verificar posibles irregularidades en la autorización y realización del espectáculo.

A su vez, Cortes recalcó que el espectáculo taurino contó con toda la documentación requerida. “La corrida se llevó a feliz término. Estamos cumpliendo la ley, no se gastó un peso del municipio para invertir en toros. Nosotros dimos el permiso condicionado que se dieran las garantías taurinas y además que la entrada no fuera costosa”, mencionó.

El caso de Barbosa coincide con una discusión nacional sobre el futuro de las corridas de toros en Colombia.

Justamente, durante el Gobierno de Gustavo Petro sancionó la Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como Ley No Más Olé que fijó medidas para avanzar hacia la prohibición de las corridas y de otros espectáculos que impliquen maltrato animal, con un periodo de transición antes de su entrada plena en vigor.

Durante ese periodo, ALTO sostuvo que los espectáculos taurinos deben ajustarse a las condiciones fijadas por la legislación. Sin embargo, ese proceso ha abierto posiciones enfrentadas entre organizaciones animalistas, sectores políticos, defensores de la tauromaquia y autoridades locales.

La Procuraduría ha endurecido los controles preventivos y disciplinarios sobre mandatarios locales en fiestas regionales. En el expediente sobre Barbosa, el organismo de control todavía debe valorar las pruebas antes de definir si existieron faltas y a quiénes podrían atribuirse.