Nuevas imágenes de la megacárcel que se construye en Medellín: ya va en 35% el avance de la obra

La Cárcel Metropolitana para Sindicados que construye la Alcaldía de Medellín en San Cristóbal llegó al 35% de ejecución y apunta a entrar en funcionamiento en 2027 para recibir a 1.339 personas privadas de la libertad mientras avanza su proceso judicial.

El centro carcealario para sindicados contará con inhibidores para frenar extorsiones desde el interior del complejo. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la tecnología impedirá que los detenidos mantengan comunicaciones destinadas a coordinar delitos fuera del establecimiento.

“Desde aquí no van a poder extorsionar”, sostuvo el mandatario al explicar el esquema de seguridad previsto para la Cárcel Metropolitana para Sindicados, que se levanta en el corregimiento de San Cristóbal.

La Secretaría de Seguridad de Medellín publicó un video en sus canales oficiales dónde evidenció el avance de la obra.

Detalles de la obra

La Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín busca recibir a 1.339 personas detenidas preventivamente para reducir la presión sobre estaciones de Policía y otros centros transitorios. Según la Alcaldía, el proyecto reunirá servicios y controles en un solo recinto, con mecanismos para restringir comunicaciones hacia el exterior.

El complejo tendrá seis pabellones y cerca de 30.000 metros cuadrados construidos. Su construcción demanda una inversión cercana a $675.000 millones bajo una asociación público-privada.

La Agencia APP de Medellín estructuró la iniciativa, que está destinada a personas sindicadas. Se trata de detenidos vinculados a procesos penales cuya situación judicial todavía no ha sido definida mediante una condena.

Esa condición explica que el centro tenga un diseño distinto al de una cárcel convencional. La infraestructura prevé espacios para atención en salud, asesoría jurídica, formación, visitas y tratamiento.

La administración distrital también proyectó áreas de vigilancia, guardia interna y control. La intención es concentrar servicios que hoy funcionan de manera dispersa en distintas instalaciones.

La Alcaldía informó que la construcción avanza por encima de lo previsto

El Distrito reportó el 27 de agosto de 2026 que 374 trabajadores participan en las labores de construcción. Las obras incluyen pabellones, garitas, zonas de sanidad, áreas de guardia interna y espacios de formación.

La obra también genera empleo en San Cristóbal. El 62% del personal no calificado contratado procede de la región, según el balance entregado por la administración municipal. Ese componente laboral se suma a la vinculación de cientos de personas en el proyecto. La Alcaldía presentó la contratación local como uno de los efectos de la construcción para la comunidad cercana al complejo.

Gutiérrez espera que la cárcel entre en funcionamiento durante 2027. La proyección contempla trasladar allí a personas que permanecen en estaciones de Policía y otros lugares de detención transitoria.

La cárcel no funcionará como un establecimiento convencional para condenados. Estará dirigida a sindicados, una categoría que corresponde a personas vinculadas a un proceso penal y privadas de la libertad mientras la justicia define su situación.

Esa condición explica la planificación de áreas de atención jurídica, tratamiento, salud y visitas. La infraestructura apunta a responder a las necesidades de una población que todavía no tiene una sentencia definitiva.

El Distrito espera que el complejo permita reducir la presión sobre los espacios de detención transitoria. En esos lugares, las personas capturadas suelen permanecer durante períodos prolongados mientras avanzan los procesos judiciales.

La instalación de inhibidores de señal constituye uno de los componentes centrales del modelo de seguridad anunciado por la Alcaldía. La medida responde a los delitos que, según ha reconocido la administración local, se organizan desde centros de reclusión mediante contactos con el exterior.

El proyecto incluirá mecanismos de vigilancia y control, además de espacios para la guardia interna. La administración sostuvo que esas condiciones deberán coexistir con el respeto por los derechos de la población privada de la libertad.

La promesa oficial es evitar que la cárcel se convierta en un punto de coordinación de extorsiones u otras actividades ilegales. Para ello, el sistema limitará las comunicaciones no autorizadas de los internos.

Gutiérrez vinculó esa meta con la necesidad de recuperar la tranquilidad de ciudadanos que han sido víctimas de llamadas extorsivas. El alcalde planteó que la nueva infraestructura debe aportar tanto a la descongestión como a la seguridad fuera de sus muros.