
Pese a que la ciudad de Bogotá recibió con ilusión la construcción del nuevo estadio El Campín, con mayor capacidad y más tecnología, todo parece indicar que las fechas estarían cada vez más ajustados y la promesa de entregarlo tres días antes de finalizar el 2027 está cada vez más cerca de incumplirse.
Y es que, según una investigación adelantada por la revista Cambio, las obras estarían paralizadas debido a que Sencia aún completa los trámites necesarios para pasar de la preconstrucción a la obra.
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El proyecto enfrenta un calendario cada vez más ajustado: Sencia calculaba 22 meses para la fase constructiva, pero todavía espera la aprobación del Plan de Manejo de Movilidad. Si la construcción no arranca pronto, el plazo anunciado para que Bogotá cuente con el nuevo escenario deportivo parece difícil de cumplir.
El plan contempla la demolición del estadio actual y la construcción de un complejo que incluiría áreas deportivas, comerciales, culturales y de entretenimiento. Su costo asciende a dos billones de pesos y se ejecuta mediante una Alianza Público-Privada (APP).

La firma de la concesión ocurrió el 7 de junio de 2024. La etapa de preconstrucción empezó el 30 de octubre de ese año y estaba prevista para durar 12 meses, aunque en agosto de 2025 se pidió ampliarla a 16.
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El alcalde Carlos Fernando Galán anunció el 4 de marzo el inicio de las obras con un “pitazo inicial”, según describió la Alcaldía de Bogotá. Para entonces, el proyecto aún no contaba con una licencia de construcción en firme, según reveló Cambio.
La licencia quedó en firme a finales de mayo, después de la oposición presentada por los herederos de quienes donaron el terreno. Aun así, cerca de tres meses más tarde la construcción formal no había comenzado.
El concesionario respondió al medio que los trabajos previos a la obra se encontraban en su etapa final. Entre esas labores figuran demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones del terreno, desconexiones de redes de servicios públicos y pruebas técnicas.
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Sencia sostuvo que todavía finaliza las gestiones exigidas por las autoridades antes de iniciar la fase constructiva. En una audiencia ante el Concejo de Bogotá, la empresa señaló que esperaba la aprobación del Plan de Manejo de Movilidad.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) indicó a Cambio que no ha recibido una solicitud del concesionario para modificar el contrato y aplazar la entrega. Por esa razón, el organismo conserva la fecha pactada para la terminación del estadio.

“De acuerdo con las obligaciones vigentes del contrato de concesión, el nuevo estadio debe ser entregado el 29 de diciembre de 2027. El IDRD no ha recibido por parte del concesionario ninguna solicitud de modificación contractual que proponga cambiar esta fecha. Actualmente, el proyecto se encuentra contractualmente en fase de preconstrucción. Para avanzar formalmente hacia la fase de construcción es necesario que el concesionario cumpla previamente las condiciones y obligaciones previstas en el contrato”, señaló el Distrito en un comunicado.
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Por su parte, la concejal de Bogotá María Victoria Vargas cuestionó que la Alcaldía anunciara el comienzo de las obras sin tener la licencia aprobada. “Usted no puede ensillar las bestias antes de montarlas”, afirmó a Cambio.
El cronograma de 22 meses choca con la fecha prometida
La duración estimada para construir el nuevo estadio es de 22 meses. Ese período deja poco margen frente a la fecha de entrega anunciada, dado que la fase principal todavía no arranca.
La concejal Heidy Sánchez, que ha seguido el proceso de la concesión, manifestó dudas sobre el cumplimiento de los plazos. “Yo soy pesimista con respecto a los tiempos porque ya se les dieron varios meses de adición”, dijo al medio nacional.
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La integrante del Concejo consideró que la falta de actividad constructiva podría derivar en nuevas ampliaciones. Añadió que esas modificaciones podrían aparecer a finales de este año o durante el próximo.
Mientras tanto, el predio ya muestra cambios visibles. Las canchas de tenis, el Palacio del Colesterol y buena parte de El Campincito desaparecieron para dar paso al desarrollo previsto.

El proyecto no se limita a un estadio. La propuesta incluye un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, locales comerciales, un pabellón de eventos, zonas de descarga, espacios de trabajo compartido, un centro de deportes electrónicos, cines, restaurantes, oficinas y un hotel.
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Los herederos del terreno mantienen su disputa con el Distrito
Entretanto, el abogado Andrés Forero, representante de los herederos de los donantes, sostiene que el complejo no respeta la finalidad original de la cesión del predio. El terreno fue entregado en 1936 para la construcción de un escenario destinado al deporte.
La familia cuestiona que el proyecto incorpore usos comerciales y culturales junto con el estadio. Para Forero, esa combinación se aparta de la voluntad de los donantes Leonilde Matiz de Camacho y Luis Camacho Matiz.
El 6 de agosto hubo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría. Allí participaron delegados del Distrito, el Idrd, Sencia y el abogado de los herederos. También fue citado Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya empresa adquirió en enero de 2026 el 51% de Sencia. El empresario no asistió a la diligencia y el encuentro terminó sin un acuerdo.
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El abogado de los herederos afirmó ante el medio que el incumplimiento del contrato de donación podría llevar a una orden de devolución de los terrenos. La disputa ya llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante una demanda de controversias contractuales que está en etapa de admisión.
El expediente quedó a cargo del magistrado Dayan Alberto Blanco Leguizamo. El proceso judicial puede incidir en el futuro de la concesión y del proyecto urbanístico.
Asimismo, la familia donante sostiene que los trabajos de adecuación y demolición avanzaron mientras la licencia todavía estaba en trámite. Por ese motivo, los herederos presentaron una querella de Policía ante la Alcaldía Local de Teusaquillo.
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Forero sostiene que esas labores requerían contar con la licencia en firme. La audiencia de la querella se realizó el 29 de julio y la inspectora ordenó practicar pruebas sobre un posible incumplimiento de las normas urbanas.
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