Falsos cirujanos habrían realizado más de 200 procedimientos en clínica de garaje de Bogotá: varios pacientes se despertaron en medio de las intervenciones

En medio de los casos que se han conocido de centros estéticos de garaje y personas que realizan procedimientos sin las debidas precauciones y el conocimiento especializado, la mañana del sábado 5 de septiembre se anunció por parte de la Fiscalía General de la Nación la judicialización de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo.

Ambos fueron señalados de realizar procedimientos estéticos invasivos sin contar con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos.

De acuerdo con la investigación, más de 200 personas habrían acudido a los establecimientos que acondicionaron en Bogotá para aparentar que eran centros de salud habilitados.

En video quedó el registro luego de que los hoy procesados fueron capturados en un inmueble de la localidad de Usaquén por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diplomas que, al parecer, eran utilizados para acreditar una formación profesional inexistente, además de dinero en efectivo y elementos empleados en intervenciones estéticas.

Una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público y fraude procesal. Las tres primeras conductas fueron agravadas.

Ante la contundencia del acervo probatorio, Henao y Lengua Jaramillo aceptaron los cargos.

Los procedimientos estéticos se promocionaban en redes sociales

La investigación señala que la pareja promocionaba los servicios a través de redes sociales, con ofertas y precios atractivos que captaban a personas interesadas en procedimientos estéticos, explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.

Los procesados habrían utilizado distintas razones sociales y varios inmuebles para operar. En esos lugares instalaron consultorios, camillas, personal auxiliar y otros elementos destinados a dar la apariencia de establecimientos habilitados para la prestación de servicios médicos.

La Fiscalía estableció que 59 personas identificadas en el expediente pagaron más de 568 millones de pesos por los procedimientos ofrecidos. Sin embargo, el número de posibles afectados superaría las 200 personas.

Según el comunicado, los tratamientos se realizaban sin las condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración previa por anestesiólogos certificados y sin la elaboración de historias clínicas. Estas prácticas habrían aumentado los riesgos para quienes acudían a las intervenciones.

Liposucciones y rinoplastias estaban entre los procedimientos ofrecidos

Jaramillo Rivera detalló que las autoridades identificaron como parte de la oferta procedimientos como liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

La Fiscalía indicó que las personas investigadas no tendrían formación médica ni quirúrgica para practicar ese tipo de intervenciones. Pese a ello, habrían presentado diplomas falsos a pacientes para generar confianza.

Uno de los detalles más impactantes que se revelaron por parte de la fiscal del caso durante la audiencia, es que el expediente reúne casos en los que las víctimas despertaron durante las cirugías y manifestaron dolor. De acuerdo con el ente investigador, en esas situaciones la pareja presuntamente recurrió a medidas como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran.

Las denuncias documentadas describen intervenciones sin condiciones sanitarias ni supervisión anestésica certificada, elementos que ahora serán evaluados dentro del proceso judicial.

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Las actuaciones judiciales buscan establecer cuántas personas fueron intervenidas, el dinero recibido por los procesados y el posible impacto de los procedimientos en la salud de las víctimas.

Para hacer creer que todo operaba en regla, la fiscal señaló en la audiencia uno de los aspectos más preocupantes de la situación, debido a que “para el 11 de abril de 2025, usted, Esteban Felipe, radicó ante el Colegio Médico Colombiano la solicitud de expedición de tarjeta profesional de médico e inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, RETUS, en calidad de médico, aportando como soporte el diploma falso, el acta de grado falsa y la certificación del año rural falsos, con lo que usted, Esteban, pretendía quedar inscrito en ese registro único”.

La funcionaria explicó que esta acción era un “requisito habilitante para ejercer la medicina legalmente en Colombia”.

“Sin embargo, Esteban, el 25 de septiembre de 2025, el trámite fue rechazado por el Colegio Colombiano de Médicos, sin que en momento alguno se hubiera consolidado su inscripción en el RETUS ni se hubiera expedido esa tarjeta profesional que se pretendía”, expuso la fiscal.

Mientras que en el caso de la mujer, “casi un año después de lo de Esteban, usted, Ruth Verónica, el 13 de octubre de 2017, obtuvo un diploma y un acta de grado que la acreditaban falsamente como médica y cirujana, un acta de grado de esa universidad y como egresada del programa de medicina de allí, sin haber cursado ni culminado en dicha institución los estudios correspondientes a este título”.

Por si la situación no fuera ya compleja, se reveló que la misma mujer “entró en posesión de una tarjeta de identificación única de talento humano en salud que la acreditaba falsamente como profesional con tarjeta expedida por el Colegio Médico Colombiano, entidad que a usted nunca le expidió tarjeta profesional alguna a su nombre”.

Por todo lo anterior, la Fiscalía deberá determinar también el origen, la autenticidad y el uso que se dio a los diplomas incautados durante la captura.

El proceso continuará ante las autoridades judiciales, que definirán las medidas y etapas posteriores luego de la aceptación de cargos. La información oficial no precisa si las víctimas identificadas recibieron atención médica posterior ni si existen reportes de complicaciones clínicas derivadas de los procedimientos.