Medicina Legal confirmó los resultados de la Operación Azarías en Guaviare, en la que murieron 23 disidentes: dos eran menores de edad

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses comunicó oficialmente que identificó a 20 de los 24 cuerpos que recibió tras las acciones militares que desarrollaron de manera conjunta las fuerzas del orden en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, Guaviare, a través de la Operación Azarías en contra de los grupos armados que tienen presencia en el arco amazónico.

La entidad aseguró que los cuerpos ingresaron el 1 de septiembre de 2026. Del total de 24 cuerpos inertes recibidos, cuatro permanecen en abordaje forense debido a las condiciones en que fueron entregados.

Medicina Legal ratificó que, además, entre las 20 personas identificadas hay ocho mujeres y 12 hombres, de acuerdo con el balance oficial que se divulgó este 4 de septiembre.

Frente a la polémica por la presunta presencia de menores en el área en la que se desarrolló la ofensiva, el Instituto precisó que dos de las personas abatidas ya identificadas son menores de edad. El comunicado no detalló sus identidades, edades ni las circunstancias en las que murieron.

En cuanto a los procedimientos sobre los cuatro cuerpos pendientes, las identificaciones continuarán pese a las dificultades que presentan los cadáveres. Sin embargo, la institución no indicó un plazo para completar los registros.

En su pronunciamiento, el organismo afirmó que mantendrá su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en apoyo a la administración de justicia.

El reporte de Medicina Legal se conoció cuatro días después de que el presidente Abelardo de la Espriella divulgara el resultado del operativo que incluyó bombardeos.

Según el mandatario, durante la incursión murió alias El Tigre, a quien identificó como jefe del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc. Esa estructura operaba bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, señalado por el Gobierno nacional como el hombre más buscado del país.

El martes 1 de septiembre, tras el operativo, el jefe de Estado viajó a San José del Guaviare, capital departamental, donde presentó un balance de la operación. Luego publicó un video en el que aparecía junto a al menos 23 cadáveres en bolsas, que corresponderían a los cuerpos examinados después por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ya son seis los menores muertos en operaciones militares recientes

Los dos menores de edad identificados entre los cuerpos recibidos tras la Operación Azarías elevan a seis el número de menores fallecidos en recientes operaciones militares.

A esos casos se suman otros tres, que murieron la última semana de agosto en otra operación en el departamento del Guaviare, además de un cuarto que falleció días antes durante un bombardeo militar en la región del Catatumbo.

Gobierno apelará fallo que restringe bombardeos ante posible presencia de menores

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó a través de sus redes sociales el jueves 3 de septiembre que apelará el fallo que ordenó a las autoridades abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos de grupos armados cuando exista la posibilidad de que menores de edad resulten afectados. El funcionario calificó esa decisión de “absurda e inconstitucional”.

De la misma manera, Lara aseguró que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, aunque afirmó que también tiene la posibilidad de controvertirlas.

“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, afirmó Lara.

El ministro preguntó qué elementos podrían considerarse información “razonablemente verificable” dentro de una operación militar. “¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, expresó.

Lara también expresó que los grupos armados reclutan y emplean a menores de edad en medio del conflicto, por lo que un parámetro judicial tan amplio puede impedir en la práctica el uso de bombardeos aéreos contra esas organizaciones, en vista de que, según las cifras más reciente de la Defensoría del Pueblo, solo entre 2024 y julio 31 de 2026, se presentaron 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados ilegales en el país.