
Andean Tower Partners Colombia (ATP) y TV Azteca acordaron mantener 419 sitios de infraestructura en Colombia y despejaron el riesgo de interrupciones en servicios de internet fijo que podía alcanzar a 261 municipios, después de una disputa por contratos de arrendamiento de torres y otros puntos de red usados para prestar servicio a operadores locales.
Por medio de un comunicado de prensa la Comisión de Regulación de Comunicaciones dio a conocer la noticia, con la que las dos multinacionales pusieron fin a la disputa económica y jurídica.
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La eventual suspensión de esos contratos habría afectado a 57.780 accesos fijos y a cerca de 500 clientes de TV Azteca en el país, de acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Entre ellos había 245 pequeños proveedores de internet que operan en 23 departamentos, en zonas con alternativas limitadas de conectividad.
En 70 municipios, las conexiones alcanzadas por el conflicto representaban más de la mitad del servicio de internet fijo disponible. En el conjunto de las localidades involucradas, equivalían a cerca de una cuarta parte de los accesos de ese tipo.

El entendimiento involucra a Andean Tower Partners Colombia y a la Unión Temporal Fibra Óptica, representada por TV Azteca Sucursal Colombia. En un comunicado conjunto, las partes informaron que resolvieron sus diferencias económicas y jurídicas sobre los contratos vinculados al arrendamiento de torres y otros puntos de infraestructura.
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La empresa de telecomunicaciones afirmó en ese texto su “firme compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas entre las partes”. Las compañías no divulgaron el monto final del acuerdo, el cronograma de pagos ni las demás condiciones financieras pactadas.
La deuda reclamada en el conflicto por las torres superaba los $10.336 millones, según ATP

La disputa entre ATP y TV Azteca por el arriendo de 419 torres del Proyecto Nacional de Fibra Óptica involucraba una deuda superior a $10.336 millones y amenazaba con comprometer la continuidad del servicio de internet usado por al menos 14 entidades públicas en Colombia.
La red en discusión supera los 32.000 kilómetros, llega a 788 municipios y conecta cerca de 2.000 instituciones públicas en 27 departamentos. El alcance del conflicto incluía municipios y regiones sensibles como Chocó, que seguía bajo emergencia por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto.
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Entre las entidades que pudieron verse afectadas figuraban la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional, el Dane, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, la Agencia Nacional de Tierras, Invías, la Registraduría Nacional, Medicina Legal y el Banco Agrario. El impacto también alcanzaba instituciones educativas y de salud.
El punto central de la controversia fue el arrendamiento de las torres de telecomunicaciones consideradas infraestructura crítica para la operación de la red. La controversia comenzó después de que ATP notificara la terminación de dos contratos marco de arrendamiento por presuntos incumplimientos de pago.
En una carta enviada el 18 de agosto al viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Camilo Carrascal Vergel, José Armando Montes de Peralta, representante legal suplente de TV Azteca Sucursal Colombia, expuso el problema. Según indicó un informe de El Tiempo, la deuda estaba vigente desde febrero de 2026 y que esa situación llevó a ATP a comunicar la terminación de los contratos con TV Azteca y Total Play.
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ATP informó que la terminación fue notificada el 24 de julio y la atribuyó a “graves incumplimientos reiterados y no subsanados”. La firma sostuvo que la compañía mexicana contaba con 30 días para retirar sus equipos de los sitios arrendados.

En julio, la empresa de infraestructura señaló que las obligaciones pendientes de TV Azteca superaban los $10.336 millones, a los que se sumaban $567 millones por intereses de mora. También afirmó que mantuvo disponible la infraestructura y asumió los costos operativos durante más de cinco meses sin recibir contraprestación económica.
TV Azteca cuestionó la existencia y la exigibilidad de esa deuda, además de la validez de la terminación contractual. La empresa planteó que la diferencia debía tramitarse dentro de su proceso de reorganización y por medio de un arbitraje.
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La infraestructura involucrada tenía presencia en varias zonas del país. Boyacá concentraba 72 nodos; Nariño, 47; Cundinamarca, 46; y Santander, 45.
En Chocó, la red utilizada por TV Azteca está relacionada con cerca de 15.000 accesos. Ese dato mostraba la dimensión territorial de la disputa, porque la infraestructura en cuestión servía de soporte para otros operadores y proveedores locales.
Antes del acuerdo, ATP había extendido hasta octubre de 2026 los plazos aplicables a los sitios ubicados en territorios afectados por el terremoto. La medida buscaba reducir posibles consecuencias sobre la conectividad durante la emergencia, mientras que en las zonas no impactadas la terminación de los contratos seguía en pie.
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El entendimiento alcanzado ahora mantiene vigente la relación comercial sobre los 419 sitios. El comunicado no precisó si habrá cambios en las condiciones operativas de la red ni cuándo se harán públicos los términos económicos del pacto.
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