La codirectora del Banco de la República dijo que el país debe “sincerar” lo que debe el Estado antes de definir el ajuste. En ese marco, lanzó una advertencia directa: “Vamos a tener que pagar más impuestos”.
Su planteamiento apunta a que una mayor parte del esfuerzo recaiga sobre las personas naturales. También propuso fortalecer los ingresos de las entidades territoriales mediante tributos como el impuesto predial, para ampliar la disponibilidad de recursos de los gobiernos locales.
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Acosta aclaró que el debate fiscal no puede reducirse a conseguir más dinero. Señaló que es necesario revisar la forma en que el Estado asigna y ejecuta sus recursos: “Un enfoque de resultados del gasto público”, expresó la directiva.
La economista propuso reemplazar una estructura de gasto organizada por áreas aisladas por un sistema orientado a resultados. Su idea es que ese modelo permita medir con más precisión el destino de los recursos públicos y su eficiencia.
La codirectora del Banco de la República, justificó su afirmación, en un escenario en el que el Estado recauda cerca de $29 billones al mes pero gasta alrededor de $40 billones, una brecha que, según explicó, también limita la capacidad del país para volver a crecer a tasas de 4% y 5% como antes de la pandemia.
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Del mismo modo, la economista sostuvo que los ingresos públicos equivalen a 16 puntos del producto interno bruto, mientras el gasto se ubica entre 22 y 23 puntos del PIB. Añadió que cerca de 30% de esos ingresos se destina al pago de intereses de la deuda.
Acosta presentó ese diagnóstico en el Congreso Nacional de Minería 2026, realizado en Cartagena, durante el panel “Estabilidad macroeconómica, la base para crecer”. Allí participó junto con el exgerente del Emisor Juan José Echavarría y el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal Juan Carlos Ramírez.
La funcionaria planteó que el primer paso es establecer con precisión el tamaño del faltante y de las obligaciones del Estado. “Lo que se está haciendo ahora es ponerlo en blanco y negro, tener certeza de cuál es la hondura”, afirmó durante su intervención en el Congreso de Minería 2026.
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La advertencia fiscal se cruza con una economía que no supera el 2%
Acosta vinculó la discusión de las cuentas públicas con el desempeño de la economía colombiana. Durante su intervención sostuvo que el país no ha recuperado de manera sostenida los ritmos de expansión de 4% y 5% que registraba antes de la pandemia.
Explicó que, después de ese período, el crecimiento se ha mantenido sin superar de forma constante el 2%. Para la integrante de la junta directiva del emisor, ese comportamiento refleja desequilibrios que Colombia tendrá que corregir para impedir que ese nivel termine consolidándose como su potencial de crecimiento.
El Carf alerta que el déficit fiscal de Colombia se volvió explosivo
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el déficit fiscal de Colombia adquirió un carácter “explosivo” y que la deuda pública se acerca al 70% del PIB, un umbral considerado insostenible sin una corrección en el rumbo fiscal. El comité subrayó la importancia de que el mayor gasto público se traduzca en ingresos futuros para evitar que el endeudamiento se vuelva insostenible.
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Según Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, la deuda puede ser manejable si financia acciones que generen ingresos; sin embargo, Colombia ya se aproxima a un límite de deuda que no podría sostener.
En el desarrollo de la discusión sobre el ajuste de las cuentas públicas, el gobierno de Gustavo Petro decidió para 2025 aplicar la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que llevó al comité a señalar que el problema no radica solo en gastar más de lo que se recauda, sino en hacerlo sin una estrategia de reducción del déficit.
Ramírez explicó que el ajuste fiscal requiere simultáneamente más ingresos, menor gasto y un plan creíble para mantener la confianza y asegurar crecimiento a mediano plazo. El comité también advirtió sobre la falta de credibilidad de la planeación fiscal, señalando que instrumentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Presupuesto General y el Plan Financiero han presentado inconsistencias entre sí durante los últimos dos años.
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