Un sismo de 7,0 en la falla de Fómeque pondría en riesgo más de 13.000 vidas en Bogotá, advierte el Concejo de la ciudad

Un reciente debate en el Cabildo Distrital de Bogotá, liderado por el concejal Julián Espinosa del Partido Alianza Verde, puso sobre la mesa la pregunta clave: ¿qué tan preparada está Bogotá para enfrentar un gran sismo?

El análisis se sustentó en un estudio del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que simula el impacto de un sismo de magnitud 7,0 en la falla de Fómeque (Cundinamarca), a 25 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros del centro de la capital.

El escenario es alarmante: se estiman 13.672 personas fallecidas, 124.370 heridas y pérdidas económicas cercanas a $38 billones. La cifra de edificaciones afectadas sería masiva, con 65.841 viviendas averiadas, 10.677 destruidas y 127 edificios colapsados, además de graves daños en hospitales, escuelas, puentes y vías.

Durante el debate de control político en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Concejo de Bogotá, el concejal Espinosa exigió respuestas sobre la capacidad real de la ciudad para responder a una emergencia de esta magnitud.

Señaló que, aunque el distrito afirma contar con 298.858 cupos de alojamiento temporal, aún no se sabe cuántos estarían realmente disponibles y abastecidos después del desastre. Invitó a evaluar la capacidad hospitalaria, de rescate, telecomunicaciones, abastecimiento y servicios esenciales durante las primeras 72 horas, periodo crítico tras un sismo fuerte.

Vulnerabilidad estructural y supervisión

Los datos presentados revelan una realidad inquietante: el 75% de las edificaciones de Bogotá presentan vulnerabilidad estructural, con cerca de 945.000 edificaciones, de las cuales más de 708.000 no cumplen con normas modernas de sismo-resistencia. El 74% de los edificios fueron construidos entre 1960 y 1999, antes de la adopción de regulaciones sísmicas estrictas. Localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba son las más expuestas, dada su geología y el predominio de viviendas autoconstruidas.

El concejal Espinosa llamó la atención sobre la diferencia entre la capacidad nominal y la real. Aunque existen cifras oficiales sobre cupos de albergue y recursos disponibles, la ciudad debe precisar cuántos de estos espacios serían operativos y seguros tras un evento mayor.

Igualmente, pidió fortalecer la supervisión técnica independiente, el control urbano y el reforzamiento de edificaciones, así como determinar cuántas obras activas son vigiladas realmente por las alcaldías locales.

Capacidad de respuesta ante la emergencia

El debate abordó la infraestructura y logística de respuesta. El Idiger insistió en un enfoque sistémico y coordinado, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá expuso su capacidad operativa: 645 uniformados, 18 estaciones, 129 vehículos y 13 drones. La reciente apertura de la estación de Ciudad Bolívar amplía la cobertura y reduce los tiempos de respuesta para más de 75 barrios en el sur de la ciudad.

Sin embargo, el concejal Espinosa advirtió que la preparación no puede medirse solo por la capacidad instalada, sino por la respuesta efectiva después del sismo, considerando que hospitales, vías, estaciones de bomberos y funcionarios también podrían resultar afectados.

Entre las cifras presentadas, Bogotá cuenta con 1.703 camillas de urgencias, 7.302 camas de hospitalización y 301 IPS con servicios de urgencias, cirugía o cuidados intensivos, pero se desconoce cuántas estarían disponibles tras un desastre y cómo se garantizaría el rescate y atención simultánea de miles de personas.

Animales, servicios públicos y continuidad institucional

El concejal Andrés García planteó la problemática de los animales afectados en emergencias: el sismo del 10 de agosto dejó 1.757 animales afectados y 2.847 rescatados a nivel nacional. Bogotá, con una población estimada de 2,76 millones de perros y gatos para 2026, debe reforzar protocolos de evacuación y refugio para que las familias no se separen de sus mascotas.

Respecto a los servicios públicos, se estimó que un sismo de magnitud 7,0 podría dejar hasta el 45% de la ciudad sin agua y el 40% sin electricidad, afectando la atención hospitalaria, la movilidad y la coordinación institucional. Espinosa preguntó por la capacidad del gobierno distrital para mantener la gobernabilidad si la sede del Idiger, construida antes de la norma de sismorresistencia, resultara inoperativa, y solicitó información sobre sedes alternas y centros de mando para la continuidad de la administración.

Prevención, control y prueba de estrés sísmico

Espinosa fue enfático: las preguntas sobre la respuesta ante un desastre deben responderse antes de que ocurra. Planteó la necesidad de una prueba distrital de estrés sísmico que evalúe la afectación real, los tiempos de respuesta y las brechas existentes en todos los sistemas críticos de la ciudad. Solo así, afirmó, Bogotá podrá saber cuántas personas podría rescatar y atender efectivamente en las primeras horas, y cómo garantizar la seguridad de su infraestructura crítica y de su población ante un sismo de gran magnitud.