Un hipopótamo en el río Nare, Antioquia, desató una tutela: la ruta escolar de 23 estudiantes quedó en jaque y piden garantías de seguridad

La rutina de 23 niños y jóvenes que deben recorrer el río Nare para llegar a su escuela quedó en el centro de una disputa judicial por la presencia de un hipopótamo en el corredor fluvial.

Un abogado de Puerto Nare, Antioquia, presentó una acción de tutela para pedir que las autoridades adopten medidas urgentes frente al riesgo que, según el recurso, enfrentan los menores.

El ejemplar habría sido ubicado aproximadamente cuatro kilómetros aguas arriba de la desembocadura del Nare en el río Magdalena. Ese tramo es utilizado de manera habitual por las comunidades ribereñas y por las rutas oficiales destinadas al transporte escolar, lo que aumenta la preocupación de los habitantes por un posible encuentro entre el animal y las embarcaciones.

El río Nare, también conocido como Samaná Norte, funciona además como límite entre Puerto Nare y Caracolí y constituye la única vía de comunicación para las comunidades asentadas en el cañón. Por esa razón, el desplazamiento de los estudiantes por el afluente hace que la presencia del hipopótamo sea considerada un asunto de seguridad para la población.

La tutela fue dirigida contra el Ministerio de Ambiente, Corantioquia, la Alcaldía de Puerto Nare y la Gobernación de Antioquia, además de otras entidades vinculadas al caso. El abogado sostiene que las instituciones tienen las competencias necesarias para actuar frente al animal, pero cuestiona que hasta ahora hayan mantenido una conducta “esencialmente pasiva”. El recurso no pretende que el juez formule una nueva política ambiental. La petición busca que se hagan efectivos los derechos fundamentales de los menores ante un riesgo que califica como “concreto, individualizado, localizado y actual”.

Como parte de las medidas provisionales, se solicitó que Corantioquia llegue al sitio señalado en un plazo de 24 horas para verificar la ubicación del hipopótamo. También se pidió que el municipio establezca dentro del mismo término un protocolo para garantizar el tránsito seguro de las rutas escolares.

La tercera medida plantea que en un plazo de 48 horas se convoque una instancia técnica encargada de evaluar al ejemplar. Con estas solicitudes, el recurso busca una respuesta inmediata de las autoridades ante una situación que los habitantes consideran un peligro para quienes dependen del río para sus actividades cotidianas.

El caso se suma a una problemática que lleva años afectando al Magdalena Medio. Puerto Triunfo, municipio que concentra el 65% de la población de hipopótamos del país, enfrenta cuestionamientos relacionados con los riesgos derivados de la presencia de estos animales. Allí, el alcalde Franklin Portillo afronta demandas por responsabilidad civil extracontractual luego de ataques documentados.

La discusión adquirió otra dimensión en los últimos meses por el futuro de las medidas de control de esta especie invasora. Fabio Arjona, ministro de Ambiente, descartó el control letal y anticipó el fin del plan de eutanasia que fue anunciado en mayo de 2026 durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión generó advertencias de científicos y autoridades técnicas, que señalaron que retirar esa herramienta podría favorecer la expansión de una población estimada actualmente entre 280 y 300 hipopótamos. La especie ya se ha extendido por varios departamentos y su crecimiento representa uno de los principales puntos de discusión ambiental en la región.

El plan anunciado en mayo contemplaba el sacrificio de 80 ejemplares por año mientras avanzaban los esfuerzos de traslocación. La estrategia respondía a proyecciones que estimaban que la población podría alcanzar los 1.000 animales en 2035.

Arjona, tras su designación en el gobierno de Abelardo de la Espriella, fijó su posición frente a esa alternativa. “Para mí el control letal no va a ser una solución, hay que buscar otra solución más inteligente”, señaló. Su postura se conoció tres meses después de que la entonces ministra Irene Vélez formalizara un plan de eutanasia que incluía protocolos específicos y una inversión anunciada de más de 7.000 millones de pesos.