El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ofreció en la noche del domingo 30 de agosto, durante su alocución presidencial, excusas públicas por la inclusión de un acto religioso en su ceremonia de posesión, que se llevó a cabo el pasado 7 de agosto en la Arena USC Cali (Valle del Cauca). Con ello, el mandatario cumplió un fallo judicial que determinó la vulneración del principio de neutralidad religiosa y del carácter laico del Estado.
“Para finalizar, y dando cumplimiento al fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2026 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, me permito señalar que la ceremonia de transmisión de mando correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta del Honorable Congreso de la República, aprobado el 7 de agosto, el día que me posesioné”, expresó el mandatario en su cadena transmitida por los canales públicos.
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Lo dicho por De la Espriella, como él mismo lo indicó, respondió a la orden del referido juzgado del distrito, que instó tanto al presidente como al titular del Congreso, Honorio Henríquez, a ofrecer una disculpa pública a la nación. La decisión judicial tuvo origen en una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, que argumentó que con ello se vulneran sus derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia.
“La elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación. Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, agregó el presidente.
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Los motivos por los que Abelardo de la Espriella tuvo que cumplir con el fallo judicial
El fallo judicial, es válido reseñar, expuso los elementos que motivaron la sanción: la inclusión de un espacio formal de “invocación y alabanza” en la agenda oficial, la presencia en tarima de líderes religiosos de distintas confesiones -como dos sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino-, la exhibición de una escultura de la Virgen de Fátima en el recinto y la utilización de frases explícitas de fe durante el discurso presidencial.
Además, la ceremonia incluyó la interpretación de música sacra, como el Hallelujah, en los intermedios del acto. A juicio del juez Quinto, si bien los servidores públicos tienen derecho a la libertad de culto en su vida privada, “están obligados a mantener la estricta neutralidad del Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales”. , teniendo en cuenta que Colombia es un estado laico desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.
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Del miso modo, la financiación o promoción de rituales en actos institucionales vulnera la igualdad de los ciudadanos no creyentes o pertenecientes a minorías. Aunque lo llamativo en las disculpas de De la Espriella, es que las finalizó haciendo mención, una vez más, a su credo, lo que generó cierta controversia en las redes sociales, entre los que consideran que su intervención no representó en sí una disculpa sincera.
“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello. Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”, finalizó el jefe de Estado en su alocución, que se extendió por más de 25 minutos.
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¿A qué obligaba el fallo a Abelardo de la Espriella?
De acuerdo con el fallo, tanto el presidente como el presidente del Senado debían hacer una transmisión obligatoria en radio y televisión nacional antes del 30 de septiembre, en la que se comprometieran a abstenerse de promover prácticas religiosas en eventos oficiales. También se ordenó expedir una directiva presidencial para prohibir y restringir las expresiones religiosas en actos públicos institucionales de todos los funcionarios del Estado.
De esta manera, De la Espriella habría dado cumplimiento al sentido de la determinación judicial, que generó una amplia reacción en el entorno político y jurídico, pues miembros del legislativo, como la senadora Jennifer Pedraza, expresaron su molestia por lo sucedido y, en consecuencia, respaldaron la decisión que llevó al jefe de Estado a disculparse. Todo esto, al considerar que se “amenazaba el carácter laico del Estado” por De la Espriella.
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