Expertos advirtieron sobre las consecuencias de una posible salida de Colombia de la Corte Penal Internacional por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Estados Unidos pidió a los países integrantes de la Coalición Contra los Carteles de las Américas (ACCC), conocida como el Escudo de las Américas, a la que ingresó Colombia, que se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI), según dijo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante un foro en Panamá.

“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, expuso Hegseth en busca de respaldo.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no reconoce a la CPI, que preside la japonesa Tomoko Akane. El país nunca firmó ni ratificó el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal con sede en La Haya, en Países Bajos.

“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”, declaró en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras la invitación del país norteamericano, en el territorio nacional circularon versiones de que el Gobierno liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tendría en su agenda sacar a Colombia de la CPI y denunciar el Estatuto de Roma al que pertenece desde el 2002. Una decisión que, de concretarse, no tendría efecto inmediato: el país seguiría vinculado al tribunal de justicia internacional durante un año después de la notificación formal y, en ese lapso, la Corte aún podría abrir una investigación.

Además, la denuncia del tratado no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas por Colombia durante el tiempo en que fue Estado Parte. Tampoco significaría que la Corte pierda automáticamente toda competencia sobre hechos ocurridos mientras el país estuvo sometido al Estatuto de Roma.

Aunque el Ejecutivo no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema, expertos en asuntos internacionales expresaron su preocupación por la salida de Colombia del tribunal encargado de juzgar a individuos acusados de los crímenes más graves a nivel mundial. En entrevista con Infobae Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, exviceministro de Asuntos Multilaterales, sostuvo que para el país es un retroceso en materia diplomática porque demuestra una falta de compromiso con el derecho internacional.

“Sería un retroceso tremendo. Significa abandonar un principio de Estado que empezó en el Gobierno de Andrés Pastrana; incluso los de derecha, conservadores y el último progresista, mantuvieron. Representa un menor compromiso de Colombia con el derecho internacional, romper esa tradición es un muy mal antecedente de que cualquier presidente puede resetear prácticamente la política exterior, especialmente el derecho penal internacional, un derecho que está además relacionado con la defensa de los derechos humanos”, señaló.

Incluso, el relacionista advirtió que una eventual salida podría generar aislamiento internacional, afectar la confianza en las instituciones y debilitar la cooperación y la posición del país dentro del sistema multilateral.

“Que Colombia se salga, obviamente, es un retroceso porque significa meter a Colombia en el club de aquellos países que no creen en la justicia penal internacional. Muy pocos países en el sur global están en ese club. En general, el sur global, especialmente los latinoamericanos, con alguna excepción, han sido muy entusiastas frente a la Corte Penal Internacional desde el comienzo. Entonces, significa aislarnos aún más de lo que ya nos ha dejado este gobierno”, argumentó Jaramillo Jassir.

El ex alto funcionario sostuvo que mantenerse en la CPI es fundamental porque es una promesa para “establecer responsabilidades individuales por crímenes horrendos y de no permitir que los delitos de lesa humanidad, guerra y genocidio se repitan”.

En contraposición, el analista político e internacionalista de la Universidad del Rosario, Mateo Amaya Quimbayo, afirmó que la Corte Penal Internacional tiene una efectividad limitada, por lo que, en su criterio, una posible salida de Colombia de la CPI tendría poco efecto jurídico y diplomático. Según dijo, el organismo internacional no tiene capacidad para ejecutar sus sentencias; además, su impacto en Colombia ha sido mínimo.

“La Corte Penal Internacional ha desarrollado algunas sentencias, sobre todo en países africanos, pero la gran mayoría de esas sentencias no han sido ejecutadas. El gran problema en la Corte Penal Internacional es que no tiene policía para ejecutar ese tipo de sentencias; no han surtido mucho efecto en el mundo y mucho menos en Colombia”, señaló en diálogo con Infobae Colombia.

El analista político criticó la política exterior colombiana, señalando que el país suele aprobar numerosos tratados y normas internacionales sin priorizar sus intereses.

“Colombia tiene que pensar su política exterior basada en sus intereses, sobre lo que le parece más conveniente. Tiene que determinar cuáles son los tratados del derecho internacional que pueden ser beneficiosos”, dijo Amaya Quimbayo.

Asimismo, señaló que, en caso de que se haga oficial la salida del país de la CPI, activistas y organizaciones de derechos humanos en Colombia estarán atentos para garantizar el respeto a los derechos humanos en las operaciones militares.

“Tanto los activistas como las fundaciones de derechos humanos van a estar muy juiciosas respecto a sus actuaciones y a que las operaciones militares respeten los derechos humanos”, recalcó el experto.

Sobre un eventual beneficio para Colombia, en materia diplomática, si se alinea con la postura de Estados Unidos sobre la CPI, ambos expertos coincidieron en que la Nación no obtendría una recompensa. Sin embargo, el exviceministro de Asuntos Multilaterales sostuvo que dejar de pertenecer a la Corte demuestra la intención de la actual administración de estrechar lazos con el gobierno Trump.

“Es absolutamente engañoso y es muy peligroso plantear la salida de la CPI en términos de beneficios diplomáticos. La intención es muy clara, es alinearse, renegociarse con el gobierno de Estados Unidos. Marco Rubio lo ha dicho: ellos le han declarado la guerra a la CPI. No le han pedido a Colombia que se retire, pero este es un gobierno que tiene mucha premura en demostrarle a Estados Unidos que es su aliado leal”, señaló Jaramillo Jassir.

Por su parte, Amaya Quimbayo dijo que una eventual salida de la Corte Penal Internacional también demuestra una alineación de intereses con Israel, desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

“Salirse de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, lleva a alinearse un poco con la política exterior o, más bien, aliarse; esa sería la palabra, aliarse con la política exterior de Estados Unidos, incluso de Israel”, concluyó.