Aspersión aérea con glifosato en cultivos ilícitos en Colombia: gobierno de Abelardo de la Espriella revocó resolución que la prohibía

La administración de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de eliminar la Resolución número 6 de 2015, que había prohibido el uso del herbicida glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. Esta resolución había sido dictada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

El nuevo acto administrativo establece en su primer artículo: “Derogar la Resolución número 6 de 2015, por la cual se ordena la suspensión del uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Sin embargo, la derogatoria no significa que el programa de aspersión aérea con glifosato vuelva a operar de inmediato en el país. El segundo artículo del documento es claro al advertir: “La derogatoria de que trata el artículo anterior no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, ni autoriza la ejecución de actividad alguna de aspersión desde aeronave tripulada”.

Condiciones para reiniciar la aspersión aérea

La reactivación del programa depende de dos requisitos. Primero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe expedir un Plan de Manejo Ambiental General vigente, conforme a lo ordenado por la Sentencia T-413 de 2021.

En paralelo, es obligatorio “el agotamiento del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas de los núcleos de operación definidos para el Programa”, siguiendo los términos del Convenio 169 de la OIT, adoptado por la Ley 21 de 1991, y los lineamientos de la sentencia mencionada.

La derogación de la norma previa restablece el marco legal para el uso del glifosato en operaciones aéreas, pero la ejecución real del programa depende de la autorización ambiental y del proceso participativo con comunidades étnicas. Esto significa que, aunque la restricción de 2015 ha sido levantada, el Estado debe cumplir con nuevas exigencias antes de cualquier reanudación operativa.

En la práctica, la reanudación de la aspersión con glifosato solo podrá ocurrir cuando ambas condiciones se hayan cumplido plenamente y existan los permisos legales y ambientales correspondientes. Así, la posibilidad de retomar estas actividades está supeditada a un proceso administrativo y social que aún no tiene fecha definida.

Gobierno volveriá a fumigar cultivos ilícitos, pero no usarán glifosfato

La administración de Abelardo de la Espriella enfrenta el desafío de controlar el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, luego de que Naciones Unidas reportara que en 2024 el país sumó 262 mil hectáreas sembradas y una producción potencial de 3.001 toneladas de cocaína. Este panorama ha impulsado al Gobierno a buscar nuevas estrategias de erradicación que puedan responder tanto a la presión nacional como internacional.

El plan piloto que impulsa el Ejecutivo se centra en el uso del glufosinato de amonio, un herbicida que será probado mediante aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos. La iniciativa surge tras varios años en los que el uso de glifosato quedó en entredicho por sus efectos adversos, lo que llevó a la Corte Constitucional a establecer requisitos estrictos para cualquier químico empleado en estas tareas.

La apuesta de la administración de la Espriella es demostrar que el glufosinato puede eliminar los cultivos de coca sin provocar daños a la salud humana ni al medio ambiente. Así, el Gobierno busca retomar el camino de las fumigaciones aéreas, pero con una alternativa que supere tanto las barreras legales como las preocupaciones ambientales que rodearon a su antecesor.

En la práctica, el plan piloto permitirá medir tanto la eficacia como el impacto del glufosinato, lo que significa que la decisión final sobre su uso extensivo dependerá de los resultados científicos y jurídicos que arroje esta etapa experimental. El Ejecutivo ha subrayado que solo adoptará el herbicida si se comprueba que cumple los estándares exigidos por la Corte y los organismos de control.