A pesar de que un juez le exigió pedir disculpas por un acto religioso, Abelardo de la Espriella sigue firme con la convocatoría a una jornada nacional de oración

El anuncio de una jornada nacional de oración por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4, convocada por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y respaldada por la Presidencia de Abelardo de la Espriella, sigue en firme a pesar de dos anuncios que se conocieron en la previa de la convocatoria liderada por el Gobierno Nacional.

Por un lado, el jefe de Estado deberá pedir disculpas a raíz de lo que fue su discurso y acto de posesión presidencial el 7 de agosto en la Arena USC Carlos Andrés Perez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, y que de acuerdo con el fallo emitido por un juez de Bogotá a la tutela que presentó el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, y que le dio la razón al señalar que el presidente vulneró la neutralidad religiosa del Estado colombiano.

El segundo fue la reacción de la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB) hacia el vicepresidente José Manuel Restrepo, que lidera la convocatoria al evento programado para el viernes 28 de agosto a las 6:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y que se desarrollará, explicó en un mensaje que compartió desde sus redes sociales, como un acto de solidaridad nacional en un momento de luto y reconstrucción en el país.

El evento se creó como una forma de solidarizarse con las familias de las víctimas del terremoto de 7,4 que deja un saldo de 331 muertos, 4.449 heridos, 152 desaparecidos, 364 rescatados y un total de 406.963 personas afectadas, según el balance que compartió con corte la mañana del viernes 28 de agosto.

Sin embargo, el colectivo le recordó a Restrepo “el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

No obstante, y a pesar de todo lo anterior, desde la Presidencia de la República se compartió un mensaje vía X la mañana del mismo viernes, en el que reafirmó que la jornada naciona de oración se llevará a cabo, y menciona al comienzo de la publicación: “¡Colombia nos necesita unidos!“.

“El Gobierno de Colombia convoca a la ciudadanía a unirse en solidaridad y respeto en la Gran Velatón por las víctimas y las familias afectadas por el terremoto: Oración por Colombia”, menciona la publicación que se publicó a las 6:37 a . m. el viernes.

“La jornada se llevará a cabo hoy viernes 28 de agosto, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, iniciando con la recepción de donaciones desde las 11:00 a. m., apertura de puertas a las 3:00 p. m. y el inicio del Encuentro Nacional a las 6:00 p. m.”, añadió la publicación, que concluyó: “Unidos en un solo corazón, a Colombia la reconstruimos entre todos”.

Restrepo, a través de sus redes sociales, invitó a los colombianos a participar desde cualquier rincón del país, subrayando la necesidad de “unirnos” y “respetar cada fe y cada forma de oración”.

La jornada contempla el encendido de una luz por cada vida y familia afectada y busca, según el vicepresidente, “abrazar a quienes hoy sufren” y pedir por “la sanación, la esperanza y la reconstrucción de Colombia”.

A la Asociación de Ateos de Bogotá no le gustó la convocatoria del Gobierno nacional

Sin embargo, la Asociación de Ateos de Bogotá emitió un comunicado en el que, tras expresar su “profunda solidaridad con las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y con todas las familias afectadas”, advirtió sobre el riesgo de que la unidad nacional se construya “instrumentalizando el sufrimiento de la ciudadanía ni desdibujando el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”.

El documento señala que la convocatoria, aunque difundida en perfiles digitales donde los funcionarios aseguran hablar a título personal, “exhiben y proyectan su investidura y cargo público, generando una confusión directa entre las convicciones privadas de la persona y la postura oficial del Gobierno”.

La Asociación recordó que la Corte Constitucional ha establecido de manera reiterada, desde la Sentencia C-350 de 1994 y otras como la C-766 de 2010 y la C-570 de 2016, que la Carta Política de 1991 consagra un Estado laico “fundado en un deber estricto de neutralidad religiosa y separación entre las confesiones y el poder público”.

Además, se detalló que las autoridades tienen prohibido “patrocinar, promover o adherir a cultos particulares, pues toda actuación estatal debe obedecer a finalidades estrictamente seculares”.

En referencia a las expresiones de los funcionarios públicos en redes sociales, la AAB citó la Sentencia T-124 de 2021, en la que la Corte Constitucional precisó que los altos dignatarios del Estado están sujetos a mayores restricciones en su libertad de expresión y a un deber de “especial prudencia y cuidado” cuando abordan cuestiones religiosas.

“La Corte dejó claro que los funcionarios no pueden ampararse en el carácter presuntamente ‘personal’ de sus cuentas ni en la ausencia de actos administrativos para eludir sus responsabilidades constitucionales, ya que al asociar su imagen o investidura a ritos confesionales vulneran el principio de laicidad y transmiten a la ciudadanía una indebida identificación del Estado con una religión particular”, argumentó el colectivo.

En su réplica, desde la AAB se puntualizó que “la oración es un acto devocional y confesional, no una práctica neutral ni universal. Las personas ateas, agnósticas, paganas o no afiliadas a ninguna religión no oran; o no se dirigen a sus dioses mediante los rituales característicos del cristianismo predominante”.

Asimismo, advirtió que presentar un rito judeocristiano como sinónimo de unidad nacional “resulta excluyente y desconoce la diversidad de la sociedad colombiana y sus culturas ancestrales: comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

Para la organización, “aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad y duelo colectivo tras una catástrofe para legitimar y promover una cosmovisión religiosa desde las altas esferas del poder constituye una instrumentalización del dolor social contrario a la ética pública en un Estado aconfesional y laico”.

Por ende, la AAB insistió en que la laicidad es la garantía institucional para que el Estado no pertenezca a ninguna iglesia y para que los derechos de todas las personas se defiendan bajo un marco de estricta igualdad.

Al final, la Asociación exigió a los altos funcionarios del Gobierno Nacional “cesar el uso de sus perfiles vinculados a la función pública para convocar a actos de fe, y demandó un apego irrestricto al mandato constitucional de neutralidad religiosa”.

Además, propuso que los actos de solidaridad institucional se desarrollen en marcos cívicos, seculares e incluyentes, como minutos de silencio, actos de memoria y atención humanitaria rigurosa, que convoquen a toda la ciudadanía sin importar sus creencias o ausencia de ellas.